Fue uno de los anuncios con que el Presidente José Antonio Kast buscó instalar la idea de una transformación profunda del Estado.

En su primera cuenta pública, el 1 de junio, comprometió que “en las próximas semanas” el gobierno presentaría un proyecto de ley para fusionar institucionalmente el Ministerio del Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob), junto con convocar a una comisión de expertos para diseñar una nueva arquitectura ministerial.

“Una estructura ministerial más racional, que reduzca el número de carteras, que elimine las superposiciones de funciones y que reasigne los recursos”, dijo entonces el Mandatario, quien agregó que, a partir de las propuestas de esa instancia, el Ejecutivo enviaría al Congreso iniciativas para concretar una reducción “real y ordenada” de los ministerios.

La idea era formalizar el diseño que se estableció tras el ajuste ministerial del 19 de mayo: con la salida de la otrora vocera, Mara Sedini, Claudio Alvarado asumió como biministro del Interior y Segegob. Pero casi 80 días después, la reforma sigue pendiente.

La demora ha abierto una discusión que en La Moneda va bastante más allá de los plazos autoimpuestos. La fórmula, de hecho, todavía genera preguntas dentro de Palacio.

Una de ellas apunta al modelo de vocería. El actual diseño concentra en una misma autoridad la conducción de Interior, la coordinación del gabinete, la relación con los partidos, buena parte de la interlocución política con el Congreso y, además, la responsabilidad comunicacional del Ejecutivo.

A eso se suma un frente que en las últimas semanas adquirió especial relevancia: las emergencias. El ministro ha debido involucrarse en la coordinación de las respuestas del gobierno ante situaciones de catástrofe, incluyendo el trabajo con Senapred.

En Palacio reconocen que la discusión no pasa por una evaluación negativa de la gestión de Alvarado. El punto es otro: si resulta razonable que una sola autoridad acumule una cantidad tan amplia de responsabilidades.

El episodio de la megarreforma tributaria ante el Tribunal Constitucional es citado como ejemplo entre quienes miran con cautela dicha estructura. Alvarado no estaba al tanto de que Hacienda había recurrido al TC por una iniciativa parlamentaria que terminó aprobándose para reponer servicios básicos en zonas de catástrofe. Esa -ejemplifican- es una de las dificultades que puede enfrentar una autoridad que debe mantener simultáneamente atento a diversos frentes.

Hace algunos meses, y justo después de la cuenta pública, en La Moneda se evaluó otra posibilidad más ambiciosa, que la eventual reorganización no termine en Interior más Segegob. La otra cartera política que aparece en las conversaciones es la Secretaría General de la Presidencia, hoy encabezada por José García Ruminot. El diseño que se ha explorado contempla, en ese caso, una suerte de “supraministro”, con subsecretarios con mayor margen de acción.

Pero precisamente la experiencia de estos meses ha alimentado la discusión sobre cuál debería ser el siguiente paso. Y tampoco convence la idea de un “triministerio”.

En sectores oficialistas se sostiene que Alvarado ha terminado ocupando parte del espacio político que corresponde a Segpres. La UDI incluso ha instalado públicamente esa lectura. “Alvarado hoy día es, de alguna forma, triministro. Está, ayuda, es el articulador de los grandes acuerdos en el Congreso, va toda la semana, es al mismo tiempo ministro del Interior”, dijo hace algunos días la vicepresidenta UDI María José Hoffmann en conversación con T13.

La diferencia de estilos también aparece en las conversaciones internas. García Ruminot mantiene un perfil más pausado. Alvarado, en cambio, es descrito como una figura más frontal, con mayor disposición a entrar directamente en las negociaciones cuando un problema político amenaza con trabar un objetivo de gobierno.

Esa característica ha permitido que el biministro opere como una suerte de “subsidio” frente a un déficit de interlocución política que algunos sectores creen que hoy existe.

Así las cosas, y sin la fusión institucional resuelta en el horizonte cercano, en La Moneda ronda la posibilidad de un ajuste en Segpres y la salida de García Ruminot. No se plantea necesariamente como una decisión de quitarle a RN el espacio que hoy ocupa en el comité político. La conversación apunta más bien a buscar una figura más activa.

Uno de los nombres que aparece en esas conversaciones es el del exsenador y extimonel de RN Rodrigo Galilea. La opción, de hecho, es vista con buenos ojos por la UDI. Pero esa alternativa, sin embargo, enfrenta una dificultad evidente: Galilea y Kast tienen un vínculo familiar, pues son consuegros.

Así, la segunda parte del anuncio presidencial tampoco ha terminado de tomar forma.

La comisión de expertos que debía proponer una nueva arquitectura del Estado todavía no está constituida. La idea ha quedado radicada principalmente en el Segundo Piso, donde se han comenzado a sondear nombres para integrar esa instancia. Entre los perfiles con los que se ha tomado contacto en La Moneda aparecen la economista Bettina Horst, la abogada Natalia González y el exministro del Interior Gonzalo Blumel.

Los tres tienen, además, experiencia en discusiones institucionales y de modernización del Estado. Blumel, particularmente, ya estuvo involucrado durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera en iniciativas de reorganización de la administración pública. La búsqueda apunta a conformar un grupo que pueda darle sustento técnico a la discusión.

Desde Interior, sin confirmar o descartar alguno de estos nombres, afirman que “se está hablando con los eventuales integrantes para avanzar en la conformación de la comisión experta”. Además, aseguran que el trabajo en torno al proyecto continúa, e ingresará este segundo semestre.

El problema es que, mientras esa comisión no se conforme y mientras no se despeje el modelo para el núcleo político, la fusión anunciada por Kast permanece en una zona gris.