El lunes 3 de agosto se conversó en el comité político ampliado. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, puso sobre la mesa la necesidad de ingresar un requerimiento en el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el artículo 31 de la megarreforma, que obliga a reconectar los servicios básicos en las zonas afectadas por los incendios. La acción se concretó durante este sábado.

Según advirtió, tal como lo hizo públicamente durante este martes, se trataba de una norma incontitucional ya que se encontraba fuera de la idea matriz del proyecto, lo que infringía el artículo 69 de la Carta Magna. Por lo mismo, Quiroz ya había hecho una reserva de contitucionalidad en el Congreso tras su aprobación en el Senado.

La norma surgió de una indicación de la diputada Sofía González (PC), que recibió el respaldo de la oposición y también de algunos descolgados en el oficialismo. En concreto, obliga a las empresas distribuidoras de agua potable, electricidad y gas reconectar gratuitamente los servicios en zonas afectadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y el Biobío, a pesar de que se hayan interrumpido por no pago.

Ese mismo día, el tema se había discutido también en el comité político que los ministros habían sostenido tan solo unas horas antes con el Presidente José Antonio Kast. En ambas ocasiones, según fuentes de La Moneda, el titular de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, se mostró en contra impugnar la norma.

En concreto, según fuentes del gobierno, advirtió que se trataba de una acción que podía ser impopular y que además corría el riesgo de fracasar en el TC. Esto -explican en Interior- al tratarse de una ley miscelánea que aborda distintas materias desde reconstrucción, crecimiento económico y permisología.

Por esos días, la discusión se mantenía recluida entre los ministros del comité político, sin embargo, este martes generó una nueva descoordinación en La Moneda e inquietó en los partidos del oficialismo. En la oposición, en tanto, no dudaron en salir a cuestionar al gobierno.

Sin dar ningún tipo de aviso y con las firmas del Mandatario, Quiroz y los ministros José García (Segpres), Ximena Rincón (Energía) y Louis de Grange (Obras Públicas y Transporte), se dio a conocer que el gobierno concretó durante el sábado el ingreso del requerimiento contra del artículo 31.

La decisión tomó totalmente por sorpresa a Alvarado, quien reconoció no estar al tanto de la acción. Ayer, al retirarse de la Cámara de Diputados, inicialmente aseguró que “todas nuestras acciones son públicas y notorias. Por lo tanto, existen acciones y decisiones que se adoptan en distintos momentos y circunstancias”.

Sin embargo, al ser consultado respecto a por qué no informó de la decisión en su vocería del lunes, afirmó que “es una información con la cual yo no contaba en ese momento. Esa es una información que yo no la tenía, por lo tanto, no me voy a referir a las cosas que no dispongo la información”.

En Interior reconocen que el tema los tomó desprevenidos. Según fuentes de la cartera, si bien reconocen que el tema se conversó en diversas instancias, nunca fueron informados de la decisión de ingresar el requerimiento.

De hecho, fuentes de La Moneda recuerdan que uno de los planes que inicialmente se había discutido era que parlamentarios del oficialismo recurrieran al organismo constitucional para impuganar la norma. Sin embargo, esa opción se descartó debido a que en el sector había resistencia al tratarse de una medida popular para la ciudadanía. Ese mismo análisis pesó para que el Presidente no ingresara un veto, ya que se arriesgaban a no tener los votos en el Congreso.

En este contexto, fuentes de Interior tienen la lectura de que no se les notificó del requerimiento debido a que sabían que Alvarado estaba en contra y que, a estas alturas, recurrir al TC era el único camino para impugnar la norma.

Desde el gobierno, en todo caso, desdramatizan el tema y descartan una eventual descoordinación. “El ministro Alvarado y esto la opinión pública lo ha apreciado, ha estado en todo, no solamente el detalle de esta megarreforma en todos los planos, legislativo, técnico, sino que también en la conducción del gabinete. En el Congreso pasan muchas cosas, a mi también me ha tocado alguna vez que no he estado en el detalle. Eso no es lo relevante”, dijo el subsecretario del Interior, en conversación con 24 Horas.

Y recalcó: “No hay una descoordinación, de ninguna manera (...). Es un elemento absolutamente incidental respecto del gran trabajo que ha sido la megarreforma”.

Lo cierto es que en los partidos reconocen que el tema no es menor pues evidenció una nueva descoordinación dentro del comité político e incluso entre Alvarado y las colectividades oficialistas, donde algunos afirman que sí estaban al tanto de la decisión de recurrir al TC.

“Los presidentes de partido sí sabíamos. Aquí hubo un problema de coordinación (...). Yo supe esta información por alguien de la Segpres”, dijo este miércoles el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez.

Sin embargo, consultado minutos después el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmó que “no estoy en (comisión de) Hacienda y no siento que sea algo que tuviera que personalmente saber”.

La incomodad en el oficialismo

Entre los parlamentarios que sustentan al gobierno, además no hay unanimidad respecto de la conveniencia de impugnar la norma; esto, porque afecta de manera sensible a las zonas que representan en sus respectivas cámaras.

Squella, quien es representante de Valparaíso, por ejemplo, aseguró que “soy muy contrario, independiente de las popularidades que tengan las medidas puntuales cuando se plantean, más aún sin respetar la Constitución, sin respetar la ley”.

El senador de esa misma región, Andrés Longton (RN) aseguró que el desconocimiento de Alvarado “es una descoordinación que no puede ocurrir, porque independientemente que sea una decisión que puede corresponder a otra cartera, el es el jefe político y quien lleva la vocería por lo que debe participar de estas decisiones que tienen incidencia política y comunicacional”.

Consultado por el fondo de la norma, si bien la valoró, el subjefe de los senadores RN complementó que “debemos cuidar que una norma así sea técnicamente aplicable, particularmente respecto a los plazos y fiscalización”, además de reparar en su constitucionalidad”.

En la Cámara de Diputados, particularmente en la bancada de la UDI, se ha acumulado la molestia por el requerimiento del gobierno.

El diputado Hotuiti Teao (ind. -UDI), que representa algunas comunas afectadas por los temporales, afirmó: “No comparto el requerimiento, pero todo es discutible”.

Junto con ello, Teao recordó que “junto con los damnificados, tuvimos que ir a la Superintendencia Electricidad y Combustibles para revisar caso a caso con respecto a que le estaban cobrando en las cuentas de la luz, a casas que no existían, con medidores que tampoco existían”.

Las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha -ambas del Partido Cristiano- si bien lamentaron la presentación, aseguraron que entendían que era una facultad del Presidente, toda vez que las indicaciones se escapan de las ideas matrices de la megarreforma.

El ministro García se refirió a las descoordinaciones en la materia. “No hay ninguna duda de que alguna dificultad de comunicación interna más formal debimos haber tenido, y por esa razón él no estaba debidamente informado (...). No hemos tenido ninguna intención ni de ocultar información, sería absurdo, sino que simplemente hemos tenido semanas muy, muy intensas de trabajo”, indicó.