A pesar de que el trámite legislativo está casi cerrado, la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica tuvo un nuevo coletazo en el Tribunal Constitucional (TC).

Inesperadamente, en esta ocasión, no fue la oposición la que llevó al TC un nuevo reclamo en contra del texto aprobado por el Congreso.

En uso de sus atribuciones constitucionales exclusivas, el Presidente de la República, José Antonio Kast, recurrió al tribunal para impugnar el artículo 31° de la iniciativa gubernamental (según el orden visado tanto por la Cámara como por el Senado), que obliga a las empresas distribuidoras de agua potable, electricidad y gas reconectar gratuitamente los servicios en zonas afectadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y el Biobío, pesar de que se hayan interrumpido por no pago.

Según el requerimiento del Presidente, que es firmado además por los ministros José García, Jorge Quiroz, Ximena Rincón y Louis de Grange, el artículo en cuestión “no guarda relación directa con las ideas matrices o fundamentales del Proyecto, infringiendo con ello el artículo 69 de la Constitución”.

Esta norma surgió de una indicación de la diputada Sofía González (PC), representante de Valparaíso, que fue apoyada por su bancada y otras fuerzas de oposición. Sorpresivamente también contó con el apoyo de algunos descolgados del oficialismo tanto en la Cámara como en el Senado.

“Las empresas concesionarias de distribución eléctrica, de servicios sanitarios y de distribución de gas estarán obligadas a reconectar, de forma gratuita y sin condición previa de pago, a los usuarios residenciales y a las micro, pequeñas o medianas empresas (...), con domicilio en zonas declaradas en estado de catástrofe conforme a esta ley (Valparaíso, Ñuble y Biobío), que hubieren sido desconectados con anterioridad o durante la vigencia de dicha declaración por causales vinculadas al no pago de obligaciones dinerarias”.

La norma además establecía plazos para la reconexión, contados desde la solicitud del usuario: 48 horas para los suministros eléctrico y de gas; y 24 horas para el agua potable y alcantarillado.

“Queda prohibido a las empresas concesionarias cobrar al usuario cargo alguno por concepto de reconexión, reposición, visita técnica, revisión de instalaciones u otro similar”, agregaba el artículo, impugnado por el Presidente, que además permitía al usuario “demandar el cumplimiento forzoso de las obligaciones”.

En el debate que se dio en el Senado, tras su aprobación en segundo trámite, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hizo reserva de constitucionalidad al igual que en contra de otras tres normas.

No obstante, este artículo no fue parte de los vetos presentados por el Presidente la semana pasada.

También en uso de sus facultades constitucionales excepcionales, el Mandatario hizo tres observaciones (concepto que usa la Carta Fundamental) para suprimir: 1) el derecho al olvido financiero por deudas; 2) el impedimento de cobro de intereses sobre intereses (anatocismo); y 3) los ajustes para garantizar el pago a 30 días paras las pymes.

Originalmente el plan de La Moneda era que sus parlamentarios recurrieran al TC en contra de esta norma por los servicios básicos, pero aparentemente en el oficialismo no había ánimo de pagar costos por una medida que podía ser impopular, especialmente a los legisladores de zonas siniestradas.

Con esta presentación de parte del gobierno ya son cuatro los requerimientos que suma la megarreforma. Antes los diputados opositores habían presentado dos escritos y los senadores del mismo sector otra impugnación.

La oposición también barajaba presentar otro requerimiento por el tema del financiamiento municipal, sin embargo, al final se optaría por un oficio con la calidad de Téngase Presente, ya que esa norma de platas municipales debía ser revisada obligatoriamente por el TC.

Argumentos

El escrito de 74 páginas del Presidenta Kast, que es patrocinado por los abogados Joaquín Palma y Vicente Gómez, plantea que a pesar del carácter misceláneo del megaproyecto tenía un mensaje acotado: “el financiamiento y la aceleración de la reconstrucción de una catástrofe específica y la reactivación económica”.

Sin embargo, sostiene que ninguna de sus disposiciones originales “se refería, siquiera tangencialmente, a la reconexión de suministros de electricidad, gas o servicios sanitarios, ni introducía modificación alguna a la Ley N° 16.282, que fija el régimen general y permanente para casos de sismos o catástrofes".

Además, el requerimiento argumenta que la indicación de la diputada González fue rechazada en Comisión de Hacienda de la Cámara, “en una votación de bloque, sin discusión separada, y su incorporación se produjo por la vía de su renovación ante la Sala, sin que mediara estudio particular por una comisión técnica ni audiencia de los órganos e interesados atingentes a la materia de reconexión de suministros”.

Ello a juicio del Ejecutivo configura un “déficit deliberativo”, por lo que el impacto de la norma no puede ser analizado adecuadamente.

La diputada Sofía González calificó como una decepción el requerimiento. “El gobierno de los ricos, una vez más, demuestra sus verdaderas intenciones, y no ha tenido pudor en llevar al Tribunal Constitucional el único artículo que buscaba ayudar directamente a las familias que han sido afectadas por los incendios (...). No esperamos nada, y, aún así, nos decepcionan”, dijo.