Un fuerte cuestionamiento provocó entre parlamentarios de la oposición e incluso en figuras del oficialismo el requerimiento del gobierno al Tribunal Constitucional por la norma de reposición de servicios básicos en zonas afectadas por incendios.

En uso de sus atribuciones constitucionales exclusivas, el Presidente José Antonio Kast recurrió al tribunal para impugnar el artículo 31° de la iniciativa gubernamental (según el orden visado tanto por la Cámara como por el Senado), que obliga a las empresas distribuidoras de agua potable, electricidad y gas reconectar gratuitamente los servicios en zonas afectadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y el Biobío, a pesar de que se hayan interrumpido por no pago.

En el requerimiento, que además del Mandatario es firmado por los ministros José García, Jorge Quiroz, Ximena Rincón y Louis de Grange, el artículo en cuestión “no guarda relación directa con las ideas matrices o fundamentales del Proyecto, infringiendo con ello el artículo 69 de la Constitución”.

Al respecto, la senadora y timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic cuestionó que “afecta a la gente, afecta a quienes hoy día están privados de aquello. Estamos viendo cómo se inicia un nuevo foco de temporales en el norte del país, cómo esto va avanzando en otras áreas del país”.

También desde el PS, el diputado José Antonio Rivas tildó la impugnación de La Moneda de “miserable”: “Nos parece miserable que el gobierno vaya al Tribunal Constitucional contra una norma básica de compromiso del Estado con quienes han vivido una tragedia”.

El senador Iván Flores (DC), en tanto, apuntó que un requerimiento en esa línea “es no entender lo que le está pasando a la gente que ha sufrido daño por los incendios, ni entender tampoco lo que ha estado pasando en regiones. Mala cosa, desconexión total”.

Su par democratacristiana, Yasna Provoste, catalogó la jugada del Ejecutivo de “falta de humanidad” y que “contrasta con la disposición que hemos visto de distintas empresas”.

“Quiero poner el caso de la región de Atacama, por ejemplo, la empresa sanitaria ya anunció que en las comunas de Huasco y Freirina van a suspender el cobro hasta septiembre. Y lo que ha hecho esa empresa, contrasta tan radicalmente con la falta de humanidad que se desprende de esta acción del gobierno de negarle a las y los chilenos que están viviendo una situación de catástrofe la posibilidad de conexión de los servicios básicos”, enfatizó la jefa del Comité Unido.

En una línea similar se manifestó la jefa de la bancada de diputados PPD-independientes, Andrea Parra: “Como parlamentaria de una de las zonas que sufrió los últimos embates del temporal, donde hay cientos de familias afectadas que perdieron todo, es que me parece de una inhumanidad muy profunda que nadie entienda que en una situación de catástrofe, hay normas que en tiempos normales no se deben aplicar. Impugnar esta norma porque no está de acuerdo con las ideas matrices, es, por decir lo menos, bien particular, porque claramente la mega reforma es un tutti frutti, es una cantidad importante de normas distintas”.

Pero no solo la oposición se mostró en contra de la impugnación del gobierno. También se levantaron voces críticas desde el oficialismo.

El diputado Hotuiti Teao (Ind.-UDI) rechazó que se acudiera al TC por dicha norma “porque en situaciones de esta magnitud siempre se debe poner en primer lugar a las personas”.

“Lo cuestiono desde nuestra región (Valparaíso), donde vivimos en primera persona que durante dos años le pedimos al gobierno anterior que se preocupara de reponer los servicios básicos esenciales a miles de familias que lo perdieron todo. Y el gobierno del expresidente Boric hizo oídos sordos”, afirmó.

Asimismo, remarcó que “en una catástrofe, nuestra prioridad tiene que ser facilitar la recuperación de quienes han sido afectados y entregarles todas las herramientas posibles para volver a ponerse de pie. Nos parece una decisión difícil de compartir, porque esta norma busca entregar un alivio concreto a las familias afectadas por una catástrofe, permitiéndoles recuperar servicios básicos como la luz, el agua y el gas, sin tener que asumir el costo adicional en un momento especialmente complejo”.

Críticas por desconocimiento de Alvarado

Uno de los hechos más sorpresivos respecto a la presentación fue la declaración del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado (UDI), quien admitió que cuando dio su vocería el lunes no estaba enterado que este escrito había ingresado el sábado pasado.

“Todas nuestras acciones son públicas y notorias, por lo tanto, existen acciones y decisiones que se adoptan en distintos momentos y circunstancias... (Pero) era una información con la cual yo no contaba en ese momento (el lunes)”, dijo.

La timonel de los socialistas dijo sobre este punto que: “Creo que hay que tener un gran respeto por la institucionalidad siempre. El ministro del Interior es el jefe del gabinete, es el jefe político de todos los otros ministros. Si el ministro del Interior no sabe lo que hace otro ministro o lo que están haciendo otras dependencias, me parece grave”.

“Es él, como ministro del Interior, el que va a tener que salir a dar las explicaciones de por qué el gobierno no quiere una norma que permita la pronta reposición de los servicios básicos cuando a la gente le cortan la luz o el agua en medio de las catástrofes”, remarcó Vodanovic.

El senador Flores, en tanto, dijo que “además de esta condición absurda de que el jefe de gabinete, el coordinador por ley de todos los ministros, no sepa lo que el Presidente de la República firmó y que presentó el Ministerio de Hacienda ante el Tribunal Constitucional, me parece un bochorno total”.

La jefa de los diputados PPD, por su parte, señaló que “esto demuestra el desorden al interior del gobierno. O sea, hoy día ni siquiera se han puesto de acuerdo respecto del reemplazo de la exministra Sedini. Claramente, el gobierno necesita vocería, porque este no es el primer incidente”.

Desde el Frente Amplio, el diputado Ignacio Achurra (FA), advirtió que “por supuesto que no es normal, este gobierno realmente vive en una suerte de caos comunicacional, que se expresa en una incapacidad de entregar la información y establecer un diálogo con los medios de comunicación y con la ciudadanía a través de la vocería, una vocería absolutamente inexistente”.

“Pero además un caos comunicacional que se expresa en el diálogo interno del gobierno, o sea, no es posible que el ministro del Interior, que a la vez es el vocero del gobierno, no esté enterado de una acción tan importante como que el gobierno va a recurrir al Tribunal Constitucional”, añadió.

El diputado Daniel Manouchehri (PS) sostuvo que “cuando le preguntan al ministro del Interior dice que él no sabía. Aquí hay dos tesis. La tesis primera es que el ministro está mintiendo. Eso sería muy grave. Y la tesis segunda es que sea efectivo que el ministro del Interior, el ministro más importante del gobierno, no sepa lo que está haciendo su gobierno en una materia tan importante como ir al Tribunal Constitucional. Si esto fuera así, tendríamos la verdad un ministro del Interior de utilería”.

A contrapelo de las voces de oposición, el senador Rojo Edwards (republicanos), salió en defensa del jefe de gabinete.

“Yo quiero defender absolutamente la labor del biministro Alvarado y llamo a no ser tan liviano con las críticas que se le han hecho, cuando todos saben que ha sido un gran ministro y eso incluye a los que hoy día están incluso haciendo peticiones de remoción que no tienen ninguna razón de ser”, enfatizó.