“No es una buena señal para nuestra democracia pretender politizar la justicia o por otro lado judicializar la política”.

Este fue uno de los principales focos en los que se centró el el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), en su intervención por el caso ProCultura, en la sesión especial que se realizó este lunes en la Cámara de Diputados.

El secretario de Estado asistió al hemiciclo junto a la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, y el director nacional del mismo organismo, Raúl García, con el fin de exponer ante los parlamentarios las acciones que ha efectuado el Ejecutivo en torno a los casos de financiamiento irregular de la política, que se desprenden de una de las principales aristas del denominado caso Convenios o Líos de Plata.

En ese contexto, la autoridad señaló que la “judicialización de la política” se ha visto en quienes “llevan todo a tribunales para resolver diferencias políticas con mi adversario cuando no necesariamente se trata de un conflicto propiamente jurídico”.

“Y la politización de la justicia es pretender que la justicia se administre con criterio político de acuerdo a los intereses de uno u otro sector. Eso no le hace bien a las instituciones, no es positivo”, precisó.

Relacionado con lo anterior, aludió a los parlamentarios desaforados por el caso Convenios, Mauricio Ojeda (exrepublicano) y Catalina Pérez (Frente Amplio), enfatizando que “la corrupción no distingue ideologías, responde al color del dinero y lo que se requiere es una institucionalidad fuerte para prevenir hechos de corrupción y para sancionarlos en caso de que esto se cometa”.

Bajo este tenor, Elizalde remarcó que “para el gobierno del Presidente Boric es fundamental que el llamado caso ProCultura sea completamente esclarecido”.

También abordó el “pinchazo” al teléfono de la psiquiatra Josefina Huneeus, señalando que en la grabación de la conversación del Mandatario con la médica –que posteriormente fue declarada ilegal por la Corte de Apelaciones-, “él dice claramente no hay nada que esconder”.

“Esto da cuenta del compromiso fidedigno del gobierno, que se ha expresado en acciones concretas desde el momento en que se iniciaron las investigaciones por el llamado caso Convenios”, acotó.

Sumado a ello, aseveró que ha habido disposición de declarar “cuantas veces sea necesario y entregar antecedentes adicionales”.

“Esto lo quiero destacar, porque eso nunca había ocurrido en la historia de nuestro país. La relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y particularmente las respuestas del Poder Ejecutivo, se realizan a través de los ministros de Estado. El Presidente dio un paso adicional en transparencia y contestó directamente a una comisión investigadora cuyo informe se emitió hace un tiempo atrás”, sentenció.

En torno a lo anterior, el ministro del Interior aclaró que los antecedentes fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado, para efectos de que se ejerzan las acciones correspondientes y “se vele por el interés supremo que dice relación con el interés público”.