Hasta hace poco, dice un diputado de izquierda, no se hablaba mucho de inteligencia artificial (IA) en el Congreso. Era, a lo más, un murmullo; una suerte de conversación de pasillo a propósito de algunos proyectos de ley que parecían haber sido redactados por un modelo de lenguaje, o una que otra broma sobre cómo -después de que muchos parlamentarios descubrieran Chat GPT- demasiados discursos pronunciados en el hemiciclo comenzaban a sonar iguales.

Sin embargo, explica Diego Schalper (RN), algo cambió este año.

–Normalmente las bancadas ponían a sus mejores parlamentarios en la Comisión de Hacienda, de Constitución, etc. Pero la legislatura pasada ocurrió una cosa: que muchos proyectos de ley de difícil despacho se tramitaron por la Comisión de Ciencias. Como la ley de ciberseguridad o la de datos personales.

Eso, explica el diputado por el Distrito 11, cambió el peso que, entre congresales, le daban al trabajo de esa orgánica. Una de las razones es que por ahí pasarían todos los proyectos que tuvieran que ver con redes sociales y, en específico, con la IA.

Un tema que empezó a acaparar la discusión. No solo por la medición de fuerzas entre Estados Unidos y China en ese campo. También, y lo más preocupante, por los límites y regulaciones que debieran imponerse a la inteligencia artificial, ante el avance que está teniendo -con sistemas capaces de mejorarse a sí mismos- y que incluso podrían poner en riesgo el futuro de la humanidad de acuerdo a las alertas de científicos y desarrolladores.

La propia OpenAI reveló esta semana otros seis incidentes con agentes de IA descontrolados, en un símil al episodio ocurrido en julio con el hackeo a Hugging Face.

Un debate que no se ve fácil en nuestro país. Esto, porque el modelo adoptado por el expresidente Gabriel Boric -que presentó en mayo de 2024 al Congreso y que estaba basado en la clasificación de riesgos de la Unión Europea- está siendo sometido a cambios.

El presidente de la Comisión Futuro del Senado, Rojo Edwards (Ind. RN), sostiene que este mes el gobierno del Presidente José Antonio Kast podría hacer llegar la indicación sustitutiva -de más de 20 artículos- que anunció al texto.

Solo ahí, con las cartas sobre la mesa, se verá si hay consensos o no, teniendo a la vista -comentan en el Congreso- que el giro entre Boric y Kast en este tema es de 180 grados: de un modelo marcado por mayores regulaciones a otro con un enfoque estratégico hacia la inversión y a evitar la sobrerregulación.

De ahí el interés por la Comisión de Ciencias, que puede medirse por la conformación de sus integrantes, dice un diputado del FA. “Hay gente de primera línea. Está la presidenta (Gael Yeomans), el excandidato presidencial del partido (Gonzalo Winter), la estrella ascendente del PS (Daniel Manouchehri) y el diputado más interesante de RN (Diego Schalper)”.

Que esa balanza de nombres con más recorrido en el Congreso esté inclinada hacia la izquierda no es casualidad. Eso sostiene un diputado de ese bloque, que recuerda que la de Ciencias es sólo una de las nueve comisiones, de un total de 27, donde el Partido Republicano decidió no tener mayoría.

–Efectivamente, en marzo no fue de las comisiones más codiciadas –dice Felipe Ross, uno de los dos representes de republicanos en Ciencias–. Pero, como se ha visto en el desarrollo del año, ha sido una de las comisiones que más han dado que hablar.

Ross en la Cámara y Edwards en el Senado son dos de los nombres que más se mencionan cuando se pregunta por los parlamentarios del oficialismo que tienen mayor conocimiento sobre estos temas. La escasez de expertos, dicen algunos parlamentarios, tiene una cierta lógica: sólo ahora pareciera ser que la tecnología también puede ser una batalla ideológica. Porque la situación, hasta ahora, parecía ser técnica y de consensos. De hecho, hoy hay cuatro iniciativas que se están discutiendo, todas aprobadas por unanimidad cuando se votó la idea de legislar.

–Tenemos diferencias –dice el presidente de la comisión, Daniel Manouchehri (PS)–, pero por lo menos en la Cámara de Diputados existe un consenso respecto de la necesidad de poder poner límites a la IA y a las plataformas.

Debate de derechas

–Yo soy un partidario de establecer los derechos de las personas respecto de la inteligencia artificial, no de regular el funcionamiento de la inteligencia artificial –plantea Johannes Kaiser, líder del PNL.

Las preocupaciones de su partido van por otra línea.

–Vemos con mucha aprensión la utilización de la inteligencia artificial para la creación de un estado de supervigilancia masivo. No nos gusta la idea. Nosotros no queremos que la inteligencia artificial se transforme en un enemigo del ciudadano honesto. Por eso hemos sido muy cuidadosos.

Ahí, marca una duda dentro de su sector.

–Existe una derecha que es liberal en lo económico, pero a la cual de repente se le arranca la moto en materia de lo que es el control del ciudadano. Y olvida que nosotros, dentro de nuestros principios, defendemos en esencia que el Estado debe estar al servicio del ciudadano y no al revés. El Estado es el que tiene que ser transparente, no el ciudadano.

Ross, diputado por el Distrito 13, es el representante de republicanos en la Comisión de Ciencias. Para explicar la posición de su partido, da como ejemplo la postura que tuvieron frente al proyecto que abordaba las deep fakes.

–Nosotros lo votamos a favor en general, porque creemos que es un tema del que hay que hacerse cargo. Pero venía formulado así: prohíbase la creación de representaciones digitales verosímiles, pero falsas. A nosotros nos parece que eso es prohibir con la brocha y ahí caen muchísimas tácticas que podrían ser muy positivas para el futuro, como el metaverso.

En simple, dice, están más por regular en vez de prohibir y en contra de ponerle barreras al desarrollo tecnológico.

Esa posición levanta la pregunta por el desempleo que podría acarrear la automatización masiva de puestos de trabajo.

–Nosotros –sostiene– creemos que la rigidización del mercado laboral es algo que perjudica los intereses de los trabajadores. Creemos que los gremios, particularmente la CUT y los representantes de los sindicatos, tienen que reflexionar mucho en torno a qué es realmente aquello que está en interés de los trabajadores en la era de la inteligencia artificial.

Su argumento es el siguiente.

–Esos puestos de trabajo, esas oportunidades que se van a crear, sí o sí van a ser en el marco de un mercado laboral mucho más flexible y no heredero de la lógica de la revolución industrial.

Por eso es que en republicanos están a favor de la construcción de data centers, porque, asegura, “eso de que son una amenaza ambiental significativa es algo del pasado: hoy recirculan el agua que utilizan”.

El PDG se sitúa en esa misma vereda que mira a la IA con optimismo.

–Estoy por una ley que no prohíba el desarrollo ni la innovación, porque sería como pegarse un tiro en los pies –argumenta el diputado Patricio Briones–. ¿Quién sabe si en las nuevas generaciones surgen talentos que permitan generar nuestra propia inteligencia artificial? Desde el PDG siempre vamos a proteger a los emprendedores, a las pymes, a la gente que quiere ganarle al sistema cumpliendo con los requisitos.

A pesar de las coincidencias, la barrera con Chile Vamos pareciera estar en el peso que se le asigna al Estado como regulador y la influencia de la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV, que plantea que la sociedad no puede dejarse arrastrar por un proyecto tecnocrático, que describe como deshumanizador, porque reduce a los individuos a meros datos, impulsado por monopolios digitales –como OpenAI, Palantir y Anthropic– que priorizan el lucro por sobre la dignidad humana.

–Hay una derecha más tradicional o libertaria que cree en el uso libre de esto. O sea, no ven un mayor riesgo. Creen que el sistema se autorregula, por decirlo así, y que si una persona lo emplea negativamente, se le sanciona –explica Schalper–. Yo me inclino más por la idea de ponerle cortapisas al uso. Que esta gente tenga que pedir derechos de autor. Por último, pagar un fee. No estoy por el uso indiscriminado sin regla, estoy por regularla.

Es como aclara Cristóbal Martínez, carta de la UDI en la Comisión de Ciencias.

–No se trata de frenar la tecnología ni de impedir la innovación, sino de anticiparnos a consecuencias que incluso los propios desarrolladores y expertos vienen advirtiendo.

Del obrero al Uber

El 28 de julio, Gonzalo Winter publicó una carta abierta en su cuenta de Substack preguntándole a la militancia del FA “¿quién será el dueño del futuro?”. El texto, de 20 páginas y 71 mil caracteres, planteaba sus preocupaciones por la inteligencia artificial, el monopolio de las fortunas detrás de ellas y qué lugar debía ocupar el progresismo en ese debate que se avecinaba.

El artículo, con varias dosis de provocación hacia su sector, se detenía en un punto que suele reunir a los partidos que hoy están en la oposición: cómo hablarles a los trabajadores de hoy.

“La izquierda corre hoy el riesgo de quedar reducida a una corriente de pensamiento, a una sensibilidad. La mejor manera de conjurar ese riesgo es asumir la tarea que esta carta propone, contribuir a articular a un sujeto que hoy no está articulado en torno a su propia situación frente a la IA”, dice el texto.

La postura conversa con una reflexión que lleva tiempo haciéndose el exsenador Guido Girardi (PPD):

–Hoy día toda la seguridad social, las prestaciones de salud, las pensiones se financian con impuestos al trabajo. ¿Quién va a financiar la salud cuando los seres humanos sean desplazados? También viene un cambio en la estructura laboral. Va a aumentar la contratación por tareas. Va a haber una creciente uberización del trabajo, que lo va a fragilizar aún más.

Ese cambio forzó una reflexión en el FA.

–Hay una discusión de fondo que la izquierda tiene que dar ahora –piensa la presidenta del partido, Gael Yeomans–. El trabajador que organizamos en el siglo XX era el obrero. El de hoy reparte en una aplicación, cuida a un adulto mayor, hace clases, es mujer y, muchas veces, no tiene contrato. La automatización acelera ese cambio. No podemos hacer política omitiendo esto que es tan relevante.

Esa conversación removió más a la izquierda que la discusión que, previamente, se daba en la Comisión de Ciencias y que no producía discrepancias con la derecha: la protección de menores de edad frente a los peligros de las redes sociales.

–El debate de fondo que queremos poner sobre la mesa es quién se va a beneficiar de esa productividad. Porque no sacamos nada con tener tecnología del siglo XXI, con desigualdades del siglo XIX. Creemos que tiene que ser fácil innovar, pero caro vulnerar derechos –sostiene Manouchehri.

Ahí surge la pregunta por los que quedarán marginados con el avance de la IA.

–Estuve en reunión con la Confederación Nacional de Trabajadores del Comercio y una de las principales discusiones justamente fue esto: cómo proteger a los trabajadores frente al proceso de reemplazo que puede existir –dice el diputado socialista–. Nosotros creemos que tiene que existir un plan agresivo de parte del Estado de reconversión laboral. Y más que propuestas de subsidios, es importante poner cuotas de puestos de trabajo que no se debiesen reemplazar porque son indispensables.

Yeomans va un paso más allá.

–Estas tecnologías ya están cambiando tareas y empleos en Chile. Esa transformación no puede discutirse solo entre quienes las implementan. Los trabajadores y sus sindicatos tienen que estar en esa conversación, porque la productividad que genera la inteligencia artificial también se tiene que distribuir, por ejemplo, en mayor capacitación y medidas pro empleo.

Lo mismo había planteado Winter en su carta.

“Ya circulan propuestas de mediación, desde encíclicas hasta fondos que repartirían una parte de las ganancias. Pero una mediación necesita dos actores que puedan amenazarse el uno al otro. Y aquí hay uno solo. Mientras el pueblo no se organice con un programa propio y no se vuelva temible para los dueños de la tecnología, toda mediación va a ser un monólogo y toda concesión, una limosna”.

El otro tema que tiene apoyo transversal en la izquierda es la necesidad de que estas empresas tengan representantes legales en Chile.

–Considero inconcebible que haya grandes plataformas que operen aquí sin un representante legal en Chile, mientras que a una persona que establece, por ejemplo, un puesto de comida le exigimos una serie de permisos y requisitos –critica Daniela Serrano, la representante del PC en la Comisión de Ciencias–. Esta no es solamente una batalla cultural, sino que también una cuestión de soberanía.

La regulación es, sin duda, la idea fuerza que cruza al Socialismo Democrático. Igual que la reconversión de trabajadores. Aunque con diferentes bajadas filosóficas.

–Hay una discusión que va mucho más allá de si cobramos o no impuestos, o de si regulamos o no. Estamos frente a una disputa de poder que ya no va a ser entre izquierdas y derechas, sino entre otras dos visiones: la corriente tecnolibertaria, que tiene de referente a Peter Thiel -el empresario que fundó Palantir- y la que representa el Papa León XIV, que piensa que la tecnología debe permanecer siempre subordinada a la dignidad humana y al bien común –señala el diputado José Montalva (ex PPD), de la Comisión de Ciencias–. Por eso el Estado debe asegurar que no sean pocas empresas las que terminen controlando la IA.

En el FA la discusión ideológica incluso ha llegado al punto de llevar la conversación hacia alianzas regionales.

“Si la riqueza de la IA la produjo la humanidad completa, lo justo no sería un impuesto nacional, sino un impuesto global a todas las inteligencias artificiales del mundo, cuya recaudación beneficie a los pueblos que produjeron ese conocimiento, es decir, a todos –escribió Winter–. Sé las preguntas que esto abre, dónde tributa, quién administra, con qué institucionalidad, y no las voy a resolver en una carta. Pero sí puedo decir por dónde empezar. América del Sur necesita construir una institucionalidad común que le permita negociar de igual a igual con las corporaciones tecnológicas planetarias, porque ningún país del sur, solo, puede sentarse a esa mesa frente a empresas más ricas que su propio producto interno”.