Boric solicita levantamiento de información para revisar pensiones de gracia a condenados

La ministra del Interior, Carolina Tohá, en el Palacio de La Moneda.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció la medida. Foto: Sebastián Beltrán Gaete / AgenciaUno.

La ministra Carolina Tohá señaló que el Presidente solicitó un catastro luego que se conociera de 40 personas con antecedentes entre las 418 que reciben pensiones por el estallido social. Con esos datos, dijo la jefa de gabinete, se hará un análisis sobre cómo enfrentarán el tema, sin cerrar la puerta a modificaciones en las indicaciones que ingresaron al proyecto que se discute en el Congreso.


Ante los cuestionamientos por las pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido social que presentan condenas por diversos delitos, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá -quien retornó esta semana de vacaciones, en medio de la polémica- informó que el Presidente Gabriel Boric encargó levantar una información detallada de todas las personas que acceden a ese tipo de beneficio del Estado y que están en una situación similar.

“Respecto si se pueden retrotraer o no esas pensiones, existen distintas evaluaciones. Probablemente si se retrotrajeran eso se judicializaría y solamente sabríamos en ese momento, digamos, cuál es el juicio de los tribunales respecto a si es válido o no esa decisión. Pero en virtud de que está este debate instalado, el Presidente nos ha pedido que como este problema que existe respecto a los antecedentes penales, existe respecto de todas las pensiones de gracia, no solo las del estallido (social), que para analizarlo lo primero que tengamos es un levantamiento de qué tan amplio es esto y qué pasa con las otras pensiones también”, sostuvo Tohá.

La ministra abordó el tema en un diálogo con la prensa en el Edificio Bicentenario, la mañana de este martes, en el marco del lanzamiento del Plan Nacional 2023-2027 contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas masivas.

“Lo primero que vamos a hacer y que el Presidente nos encargó es tener este levantamiento, esa claridad y ahí hacer un análisis de cómo queremos enfrentar ese tema”, informó la titular de Interior al aludir la polémica.

En ese sentido, se le consultó si podría haber alguna modificación respecto a la indicación que ingresó el lunes gobierno en el Congreso al proyecto que se discute sobre esta materia.

“Vamos a evaluarlo una vez que tengamos esa información arriba de la mesa”, respondió la secretaria de Estado.

Consultada en La Moneda sobre el tema, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo el lunes que la presentación de la indicaciones recién iniciaría la discusión legislativa y que después “probablemente venga una discusión un poco más completa”.

Las indicaciones

La ministra Tohá precisó que el Ejecutivo presentó una indicación a un proyecto que se está tramitando en la Cámara de Diputados, en el que se refundieron tres mociones parlamentarias, con dos objetivos.

“Uno es establecer que cuando se otorguen pensiones de gracias hacia el futuro, de cualquier tipo, siempre tenga que estar a la vista los antecedentes penales de las personas que las solicitan”, indicó la jefa de gabinete.

Son cerca de 18.000 los beneficiarios de pensiones de gracia por distintas materias. Las personas a las que se les otorgó una pensión en calidad de víctimas por el estallido social son 418 y entre esos beneficiarios hay 40 que presentan condenas por distintos delitos. De esos 40, 17 accedieron al beneficio en la administración del expresidente Sebastián Piñera y 23 en el actual gobierno.

Tohá planteó que en la indicación presentada en el Congreso se establece también que la persona que tiene una pensión de gracia la pierda “si llega a ser condenada por cometer delitos de cierta gravedad”.

El lunes, la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto sobre otorgamiento de pensiones de gracia por parte del Presidente de la República, pero se postergó la votación en particular.

Diputados de la oposición hicieron cuestionamientos a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, y la presidenta de la instancia, Marlene Pérez (integrante de la bancada UDI) dijo esperar que el gobierno “pueda reevaluar” los cambios que propuso.

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