Gobierno reingresa a Contraloría reglamento de Ley de Migraciones
El Ejecutivo retiró la tarde del jueves el documento para hacer correcciones y reingresarlo, lo que se concretó durante esta mañana. El ministro Delgado dijo que las modificaciones abordaron la cantidad de horas para hacer la expulsión de una persona del país, y la obligación de los funcionarios públicos de denunciar las infracciones que cometan los migrantes.

La tarde de este jueves La Moneda resolvió retirar de la Contraloría General de la República el reglamento de Ley de Migraciones, con el fin de realizar correcciones y reingresarlo lo más ponto posible, lo que se materializó durante esta mañana.
El reglamento de la nueva Ley de Migraciones (21.325) fue promulgada el 21 de abril pasado con el objetivo de tener más herramientas para enfrentar la situación migratoria en el país. Normativa que, en todo caso, tuvo una fuerte resistencia por parte de la oposición y donde incluso algunos sectores la tildaron de “discriminatoria” para los migrantes.
Meses más tarde, específicamente el 6 de diciembre, el Ejecutivo ingresó al ente Contralor el Decreto 296, que contiene este reglamento.
La decisión de retirar el reglamento radicó en que el organismo hizo observaciones que podrían haber terminado en declarar ilegal el documento. Pero, además de eso, la Contraloría había excedido el plazo de revisión del reglamento y no se había pronunciado aún tras recibir tres documentos de distintos organismos que solicitaban declarar inconstitucionalidad e ilegalidad de ciertos artículos.
Con todo, desde la subsecretaría del Interior aseguran que se hizo una revisión, análisis y posterior modificación de algunos artículos puntuales del documento por parte de los equipos jurídicos de la entidad fiscalizadora y del Servicio Nacional de Migraciones.
En paralelo, destacaron la labor de ambos organismos y desdramatizaron la situación señalando que en “la elaboración de un reglamento como éste, con más de 180 artículos, es natural que existan visiones jurídicas que es necesario consensuar”.
“En el caso del texto aludido, estas posturas diversas se redujeron a nueve artículos, un número muy acotado de preceptos, los que hoy fueron sometidos a la decisión que adopte al respecto la Contraloría General de la República”, indican.
Terminan valorando los aportes de la Contraloría en el proceso de elaboración del reglamento y expresan que “esperamos que la pronta aprobación del texto reglamentario constituya un avance respecto a las actuales necesidades y expectativas de la comunidad migrante y de la ciudadanía en general”.
El retiro y reingreso de este reglamento se da en medio de la crisis migratoria y el aumento de la delincuencia que se vive en la zona norte del país, lo que ha provocado una serie de movilizaciones, marchas y barricadas como una señal de protesta entre la población del sector, así como también del anuncio de una serie de medidas para enfrentar la crisis, como el aumento de la dotación policial, operativos en barrios “conflictivos” y mayores recursos para fiscalía.
15 minutos para las 13.00 horas el ministro Delgado dio un punto de prensa, en el Palacio de La Moneda, para referirse -entre otras cosas- al reglamento.
Comenzó señalando que la reconducción de la frontera es una herramienta muy importante y relevante, y que “después de conversar con todas las autoridades, los gremios, la sociedad civil de Tarapacá, Arica y Parinacota, me queda más que claro que hay que sacarla de manera urgente, por eso puse el énfasis en el reglamento”
Sin embargo, puntualizó que la reconducción no se tocó en las observaciones de la Contraloría, por lo tanto ese punto quedaría tal como está. A la par, precisó los dos temas que se abordaron en las modificaciones. El primero de ellos se trata de la cantidad de horas en las cuales se puede hacer la expulsión de una persona del país, las que son 48 horas.
“Nosotros consideramos que, por ejemplo, si el traslado es de una zona extrema, que ese tiempo de traslado no se considere dentro de las 48 horas para tener más tiempo y tener la tranquilidad de hacer la expulsión en tiempo y en forma. La Contraloría nos dijo que no, que había que tomarlo dentro de las 48 horas”, explicó.
Mientras que, el segundo punto, da cuenta que cualquier funcionario público que sea testigo de una infracción por parte de un migrante debe ser obligación de ese funcionario denunciarlo. “La Contraloría ahí tuvo un criterio distinto, pero estamos trabajando para subsanar esa situación”, subrayó.
Terminó diciendo que “el resto son formalidades muy pequeñas de los otros artículos que son muy menores”.
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