Como cuarto punto de la tabla estaba este martes el proyecto que busca establecer una nueva política de control de drogas, obligando a candidatos y autoridades a realizarse un test para detectar el consumo de estas sustancias.

El texto, que no alcanzó a votarse en esta sesión, surgió de la fusión de mociones presentadas por las diputadas opositoras Paula Labra (RN), Yovana Ahumada (PSC) y Pamela Jiles (independiente), como respuesta a lo que consideraban una velada resistencia del gobierno a avanzar en un plan para prevenir el uso de estupefacientes entre autoridades, a modo de evitar vulnerabilidades ante el narcotráfico.

Estas iniciativas se sustentaban en un clima de sospechas que existe en la oposición, que consistentemente ha tratado de establecer estos exámenes obligatorios al Presidente Gabriel Boric, a sus colaboradores y a todo el espectro político, en general.

“No podrá ser Presidente de la República el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para asumir el cargo deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse en un laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud y que cumpla con los estándares internacionales pertinentes a base de una muestra de cabello y a lo menos una vez al año durante el ejercicio del cargo. Los resultados serán públicos y estarán disponibles en los sitios electrónicos institucionales respectivos”, dice una de las disposiciones del proyecto fusionado que, además, fija restricciones de elegibilidad a candidatos presidenciales, al Congreso y a cargos regionales y municipales.

Precisamente por todas estas prohibiciones y obligaciones, a juicio de algunos legisladores consultados, el texto sería inconstitucional, porque estas materias debieran ser reguladas por la Carta Fundamental y no en una ley, aunque sea de rango orgánico constitucional.

Adicionalmente, obliga a los ministros a realizarse periódicamente un test de pelo. Actualmente la Ley de Bases Generales de Administración del Estado ya establece una inhabilidad para los secretarios de Estado, quienes deben presentar una declaración jurada de que no son consumidores. La novedad sería este examen obligatorio, lo que genera también una duda de constitucionalidad, ya que irrogaría gasto fiscal.

Otras ofensivas

No es la primera vez que las fuerzas opositoras realizan una jugada en este sentido.

Tras lograr en la Ley de Presupuesto de 2022 (votada en noviembre de 2021) un cambio reglamentario de la Cámara para obligar a los diputados a realizarse un test de drogas, el año pasado las bancadas de oposición hicieron lo mismo, pero esta vez en la partida presupuestaria de la Presidencia de la República.

En su momento, La Moneda hizo reserva de constitucionalidad, pero después desistió de impugnar esa norma, aprobada como una glosa presupuestaria, ya que estaba redactada en términos muy generales.

Al final, el Ejecutivo aceptó practicarle un examen de drogas al Presidente y a sus ministros -una política que en todo caso ya se realiza en forma aleatoria a funcionarios públicos-, pero se escogió un examen de orina, que solo detecta un consumo reciente (de días) y es menos invasivo que una medición de pelo (que puede encontrar hallazgo de sustancias meses después). El protocolo del gobierno, además, disponía que la prueba debía realizarse previa coordinación con la autoridad, lo que le quitaba cualquier carácter sorpresivo.

Esta licitación fue calificada como “una burla” por el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), autor de la glosa presupuestaria que obligó al Presidente a realizarse el test. “Todos los chilenos deberían enterarse de que el gobierno ha convertido este proceso en una simulación. Se demoraron meses en levantar una licitación y solo lo hicieron tras la presión que ejercimos. Pero lo más grave es que optaron por un test de orina, de menor alcance, y declararon confidenciales los resultados. Si eso no es un tongo, no sabemos cómo llamarlo”, señaló Coloma.

La nueva ofensiva, en tanto, ha sido liderada por las diputadas Labra y Jiles, que han puesto especial presión al Ejecutivo.

“Si tenemos un Presidente drogadicto, si eventualmente sucediera eso, sería imposible que ese Presidente pudiera encabezar la lucha contra el narcotráfico. Esto mismo respecto de todas las autoridades públicas. Si queremos combatir realmente el narcotráfico, debemos ocuparnos de que el narcotráfico no penetre las más altas autoridades del país”, dijo Jiles en la sala, provocando aplausos de la derecha.

Consultada la diputada Labra si compartía las sospechas, indicó que “no tengo evidencia de eso”, pero emplazó al Ejecutivo a dar una señal de transparencia en este sentido. “Creemos que el que nada hace nada teme, y tendría todo sentido que el Presidente dé señales de coherencia con la lucha contra el narcotráfico, poniéndole urgencia a este proyecto como lo ha hecho, por ejemplo, con proyectos como el Día Nacional de los Pajarete”, añadió.