Los 24 expertos y 14 árbitros que integrarán la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad del Consejo Constitucional

El elenco de quienes trabajarán en el nuevo proceso constitucional está casi completo. Ayer, con la aprobación en el Senado de la nómina de expertos restantes y de los integrantes del Comité Técnico de Admisibilidad -más conocidos como árbitros-, se concluyó la primera etapa del proceso para elaborar una nueva Carta Magna.

Ahora resta que los partidos políticos -dentro de sus respectivas coaliciones- se pongan de acuerdo para definir sus pactos electorales para que -el próximo 6 de febrero- inscriban a sus candidatos para el Consejo Constitucional, órgano redactor que estará integrado por 50 personas, cuyos comicios están fijados para el próximo 7 de mayo.

Antes de eso, la Comisión Experta de 24 comisionados comenzará a funcionar el 6 de marzo, en la sede del Congreso en Santiago. Estos comisionados tendrán un plazo de tres meses para redactar el anteproyecto de nueva Constitución, el que será entregado como insumo al órgano electo.

Los expertos irán aprobando las normas del anteproyecto con un quórum de 3/5. Una vez que entreguen su propuesta de cambios a la actual Carta Magna, se integrarán al Consejo Constitucional solo con derecho a voz durante todo el proceso.

Cuando esté redactada la propuesta de nueva Constitución, los expertos podrán emitir un informe con observaciones a las normas del texto elaborado por el Consejo. Esas observaciones deberán ser aprobadas por 3/5 del Consejo Constitucional y rechazadas por 2/3.

En caso que no se cumpla con alguno de esos dos quórums, se convocará a una comisión mixta que será la encargada de resolver las discrepancias de las normas en disputa. Esta instancia estará integrada por seis consejeros y seis comisionados. La comisión mixta deberá resolver con un quórum de 3/5 y sus decisiones serán confirmadas por el Consejo Constitucional.

En cuanto a los denominados árbitros -los 14 juristas del Comité Técnico de Admisibilidad- comenzarán su labor cuando sean activados a través de un requerimiento fundado que tenga las firmas de un quinto del Consejo Constitucional o dos quintos de los miembros de la Comisión Experta.