Los días “al rojo” que vivirá el gobierno en el Congreso

Las ministras Camila Vallejo, Maya Fernández e Izkia Siches, además del titular de la Segpres, Giorgio Jackson, en la Cámara. Foto: Cámara de Diputadas y Diputados

Un nuevo estado de excepción, la acusación contra la ministra Siches y el debate de dos reformas constitucionales resistidas por La Moneda, entre ellas una que habilita un "plan B" al proceso constituyente, marcarán esta semana legislativa. El senador Walker, uno de los autores de esta última iniciativa, cree que en la medida en que las encuestas muestren un alza del Rechazo, el Ejecutivo debiera abrirse a su discusión.




Una semana legislativa más corta, pero no menos intensa, enfrentará por estos días el gobierno.

A pesar de que La Moneda pretende abrochar esta semana con la presentación de la reforma tributaria el próximo viernes, este proyecto -uno de los temas estratégicos del programa del Presidente Gabriel Boric- recién iniciaría su tramitación a partir del martes 5 de julio, en el mejor escenario.

Ello permitiría ocupar a la Cámara de Diputadas y Diputados en un debate profundo y sofocar, en parte, las inquietudes de ciertos legisladores ante el riesgo de una “sequía legislativa”, a la espera de que concluya el proceso constituyente con el cierre de la Convención Constitucional (el 4 de julio) y el plebiscito de salida (el 4 de septiembre).

Sin embargo, mientras eso no suceda, esta semana hay cuatro temas ardientes que concitarán la atención entre el gobierno y el Congreso:

1) La discusión de una nueva prórroga del estado de excepción en La Araucanía y el Biobío, materia que divide al oficialismo.

2) La apertura del debate de la reforma que permite al Presidente disponer, en forma rápida, de militares para resguardar espacios públicos y estratégicos (infraestructura crítica), tema que causa resquemor en el Ejecutivo, pues se cruza con el proceso constituyente e igualmente tensiona al oficialismo.

3) La formalización de la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Izkia Siches, que si bien no tiene respaldo amplio en la oposición, tiene un riesgo latente si se mezcla con la coyuntura relacionada con la seguridad y el orden público, tanto en el sur como en Santiago.

4) El inicio de la tramitación de una reforma que rebaja el quórum para cambiar la actual Constitución, punto resistido por el gobierno, ya que es la primera jugada que materializa un “plan B” en caso de que se rechace la propuesta de la Convención.

El “plan B” en marcha

Esta última iniciativa, impulsada por los senadores DC Matías Walker, Ximena Rincón e Iván Flores, y el independiente-PPD Pedro Araya, rebaja a 4/7 el quórum para cambiar la actual Carta Fundamental y comenzará a analizarse en la Comisión de Constitución del Senado.

A las 10.30 de este martes están convocados a exponer del tema tres constitucionalistas de corrientes distintas: Gabriel Osorio (PS), Claudio Troncoso (DC) y Sebastián Soto (exjefe jurídico del primer gobierno de Sebastián Piñera).

Si bien es solo la primera sesión, se trata de un abierto desafío de un grupo transversal de senadores al gobierno, que asumió una postura defensiva para no alimentar ilusiones de una alternativa al proceso que ha llevado la Convención.

En el diseño comunicacional de “todo o nada” que impuso La Moneda, la idea es tratar de remarcar que el Apruebo es el único camino para una nueva Constitución.

No obstante, esta reforma requiere del apoyo de 33 senadores y 103 diputados.

En el caso del Senado, la meta está cerca. Además de los cuatro autores, los partidos de Chile Vamos (la UDI, RN y Evópoli) añaden otros 24 votos. A ellos se suma el independiente Karim Bianchi, quien está a favor. Por lo tanto, la reforma parte su discusión con un piso de 29 apoyos, a cuatro del umbral.

Los votos faltantes podrían salir de las bancadas del PPD y el PS, que han asumido una postura cautelosa dada la presión de La Moneda. Sin embargo, llegado el momento, fuentes de esos partidos admiten que difícilmente sus senadores podrían votar en contra de una norma que facilita modificar la actual Constitución.

El senador Walker, uno de los autores de esta iniciativa y, además, presidente de la Comisión de Constitución, cree que en la medida en que las encuestas muestren un alza del Rechazo, el Ejecutivo podría abrirse a su discusión. “Si se aprueba de manera contundente, este proyecto va a agarrar vuelo propio, y mientras más estrecho sea el pronóstico del plebiscito, muchos más van a valorar esta oportunidad”.

Un alto dirigente oficialista señala que ante el escenario que alertan las encuestas, al gobierno no le conviene cerrar una puerta al “plan B”. El problema es que no lo puede sincerar públicamente.

Consciente de ello, la apuesta de Walker es que esta reforma sea despachada por el Senado en un plazo razonable, para que la Cámara comience analizar la iniciativa antes del plebiscito de septiembre.

La senadora Rincón, incluso, comenta que lo ideal es que esta reforma se apruebe en el Senado en dos semanas. “El proyecto va a tener una buena acogida en el Parlamento, que busca resolver los escenarios que se le presentan al gobierno, que ha sostenido -a través de su ministro Giorgio Jackson- que no puede avanzar en las transformaciones que el país necesita”.

La principal valla, no obstante, serán los diputados de Apruebo Dignidad (PC, Frente Amplio e independientes afines) que no pretenden apurar el tranco en línea con el discurso de La Moneda. A ello se suman los legisladores del Partido Republicano, que apuestan a que gane el Rechazo y sea la lápida al proceso constituyente.

Por lo tanto, si la Cámara llega a votar este proyecto antes del plebiscito podría darse una inédita alianza instrumental (cada uno por motivaciones distintas) entre frenteamplistas, comunistas, republicanos e independientes afines. Todos ellos suman 52 votos en la Cámara, es decir, con un voto más podrían rechazar la reforma de rebaja de quórum a 4/7.

La cuestión militar

Si este tema ya es incómodo para el Ejecutivo, el debate para extender la presencia de las FF.AA. en tareas de orden público y seguridad, a través de un estado de excepción constitucional de emergencia, añade una irritación especial al oficialismo, en especial en el Frente Amplio y el PC, donde sus legisladores admiten que no les gusta una medida que implique usar militares en tareas internas.

La vez anterior, el pasado 14 de junio, ya fue un problema para el gobierno alinear a sus filas y es probable que el cuadro de disidencias se repita.

Hasta ahora, hay cinco diputadas (dos del PC, dos del Frente Amplio y una del PS) que se da por descontado que rechazarán. Además, hay otros 13 legisladores oficialistas en la Cámara en duda.

Cuando se dé el debate en en el Congreso (el miércoles en la mañana en la sala de la Cámara y en la tarde en el hemiciclo del Senado), los parlamentarios de derecha pretenden enrostrarle al Ejecutivo la falta de compromiso de sus parlamentarios frente a este tema.

Esa polémica tiene el riesgo de contaminar la presentación de la acusación contra la ministra Siches, precisamente por orden público y seguridad, temática que, además, cobró una nueva exposición el fin de semana con una serie de delitos reportados en la televisión.

Las estimaciones del oficialismo es que el libelo contra Siches, que se dará cuenta el martes en la mañana en la Cámara, no debiera prosperar, pero en el gobierno están conscientes de que tampoco pueden confiarse.

Por si fuera poco, el mismo martes en la tarde, el Senado tendrá una sesión especial por la delincuencia y luego comenzará a discutir en la sala la reforma de infraestructura crítica, a la que el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, se opuso, pues implicaba hacer un cambio en un texto que podría desaparecer si se aprueba la nueva Constitución en septiembre.

Esta reforma, que solo comienza a discutirse, pues se votará la próxima semana, ya había salido a colación en el debate del estado de excepción, el pasado 14 de junio, ya que otorgaba nuevas herramientas al Presidente para disponer de las FF.AA. sin necesidad de suspender garantías fundamentales (efecto que sí tienen los estados de excepción).

Fue en esa sesión donde los senadores socialistas Alfonso de Urresti y Fidel Espinoza arremetieron contra Jackson. En particular, De Urresti le reprochó su actitud ante la reforma de infraestructura crítica.

Algunos senadores de oposición comentaron que pretendían sumarse a ese reclamo, pero en vista de que ese día se acortó el debate, optaron por guardarse las críticas contra Jackson.

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