
Parlamentarias 2025: la “lista negra” que merodea por el oficialismo y amenaza la postulación de díscolos
Cada colectividad de la alianza de gobierno tiene problemas con sus propios díscolos, que se alejaron políticamente o renunciaron a la militancia, y hoy están negociando con otros partidos. En las tratativas surgió esta problemática y hay coincidencia de que no pueden ser aceptados tan fácilmente en la nómina para el Congreso.

A pesar de que los mismos diputados socialistas estaban dispuestos a defender “hasta el final” la permanencia de Jaime Naranjo (exmilitante PS) en la bancada, la decisión de expulsarlo fue una muestra clara de que el vínculo con el díscolo legislador del Maule ya no era viable.
Naranjo renunció en noviembre del año pasado al PS para que la llamada Ley Antidíscolos -que bloquea postulaciones al Congreso de quienes se hayan cambiado de partido a meses de las elecciones- no lo inhabilitara para correr como independiente o apoyado por otro partido. Su idea era desafiar a la senadora y presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic.
El problema es que a medida que se acerca el plazo de elecciones, las conversaciones dentro la bancada comenzaron a concentrarse en estrategias electorales, mientras que el legislador ya estaba en tratativas paralelas con radicales, el PPD, la DC e, incluso, el Frente Amplio para competir por fuera.
No era el único inconveniente de Naranjo. Al renunciar para sortear el impedimento de la Ley Antidíscolos, en el PS señalan que automáticamente quedó vetado para competir en una lista donde participe el socialismo. ¿La razón? Al momento de conformar un pacto electoral, cada presidente de partido que integra esa alianza debe firmar la nómina. Si no está de acuerdo con la integración o no la suscribe, no hay pacto y cada colectividad tendría que resolver por separado si forma otra alianza o se arriesga a correr sin aliados.
Por lo tanto, inevitablemente hay un poder de veto en cada directiva del oficialismo respecto a los candidatos de las colectividades amigas.
El caso de Naranjo es el más emblemático, porque es prácticamente imposible que el PS acepte dejar competir en su lista a un legislador que pretende arrebatarle electorado a los socialistas, desafiando, aun más, a su propia presidenta.
El diputado por el Maule no es el único vetado. Cada colectividad tiene problemas con sus propios díscolos, que se alejaron políticamente o renunciaron a la militancia, y hoy están negociando o están abiertos a tratar con otras tiendas de la izquierda y la centroizquierda, ofreciendo darles una mascada a los electorados de sus colectividades de origen.
En las tratativas que llevan los secretarios generales del oficialismo surgió esta problemática y, aunque aún no hay nada acordado, hay cierta coincidencia en que la lista parlamentaria no puede hacer vista gorda de estos casos. Si no, estarían validando un mecanismo de “hacerse trampa” entre ellos mismos.
En el Frente Amplio, el vetado más conocido es el exalcalde de Valparaíso Jorge Sharp, quien era parte de ese colectivo cuando no era un partido. El exjefe comunal tiene ofertas para competir en la senatorial por un cupo del FREVS o, incluso, del PC, como compañero de fórmula con Karol Cariola.
Además, en la “lista negra” del FA están las diputadas Consuelo Veloso (hoy independiente que está negociando con el PPD y los radicales), Marcela Riquelme (independiente en tratativas con radicales y socialistas) y la desaforada Catalina Pérez (quien renunció en 2024, al igual que Naranjo, para evadir la Ley Antidíscolos). Todas ellas además tienen o han tenido problemas judiciales, que también, según admiten dirigentes del FA, hace imposible respaldarlas.
El PPD, por su parte, que tiene un declarado interés en fichar a algunos descolgados, también tiene un veto contra el exsenador Eugenio Tuma, quien renunció hace años al partido, militó en Amarillos y hoy pretende volver a la centroizquierda postulando nuevamente a la Cámara Alta en un cupo del Partido Liberal. Para los PPD -que quieren levantar como senador al exdiputado Ricardo Celis- esa jugada no es aceptable.
Indirectamente, por otros factores, los PPD tienen un veto contra el exsenador y exmilitante PS Fulvio Rossi, quien quería volver a su colectividad de origen y postular por la Región de Tarapacá, tras un paso por Amarillos. Sin embargo, en el norte, los Soria, el clan familiar que lideran el senador Jorge Soria y su hijo alcalde, Mauricio Soria, hoy asociados al PPD, no ven con agrado una reconciliación de los socialistas con Rossi. Si bien ese veto tiene su origen en la región y no necesariamente en la directiva PPD, para el partido tendría un alto costo desarmar la alianza con los Soria solo para cederle un cupo al PS.
El PC también tiene sus díscolas. Las diputadas Marisela Santibáñez (que hoy está negociando con radicales) y Carolina Tello (que hoy milita en el Frente Amplio). Sin embargo, no hay claridad de que los comunistas tengan un bloqueo contra esas legisladoras. De hecho, Santibáñez hizo campaña por Jeannette Jara en las primarias.
Parlamentarios oficialistas plantean que esta problemática debiera verse caso a caso, porque si se aplicara un criterio parejo y estricto, muchos más parlamentarios quedarían en la lista negra. Por ejemplo, Camila Musante (hoy independiente PPD), Ana María Gazmuri (Acción Humanista) y Tomás Hirsch, que salieron electos en cupos del antiguo partido Comunes (hoy fusionado dentro del Frente Amplio). Un caso aparte es René Alinco (ex-PPD), que hoy está en conversaciones con su antigua colectividad, pero su nombre es resistido por otras tiendas oficialistas.
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