Un efecto adicional tendría la reforma impulsada por la diputada Pamela Jiles (independiente) para regular la futura dieta a la que podría acceder el Presidente Gabriel Boric una vez que deje La Moneda.

Si bien la moción de Jiles se fusionó con otras 10 iniciativas, ese texto, al ser usado como texto base, fue el que finalmente se aprobó en general en la Comisión de Constitución de la Cámara.

Aunque la redacción, a partir de ahora, puede ser objeto de indicaciones, en la misma discusión realizada la semana pasada algunos diputados oficialistas advirtieron que la propuesta de Jiles no solo legislaba con nombre y apellido en contra de Boric, sino que también tendría como consecuencia la eliminación del fuero judicial del que gozan los exmandatarios.

Acuerdo de la transición

Esta prerrogativa para exgobernantes, junto a la dieta (renta privada) y las asignaciones (gastos de oficina, secretaría y traslados), conforma el llamado “estatuto de expresidentes”, institución que estableció el año 2000 como uno de los acuerdos cruciales de la transición de la dictadura al régimen democrático.

Ese acuerdo comenzó a gestarse cuando Augusto Pinochet se encontraba detenido en Londres durante el gobierno de Eduardo Frei.

Entonces, la Constitución establecía que un exgobernante con al menos seis años en el cargo, al dejar La Moneda pasaba a convertirse en “senador vitalicio”, lo que implicaba concederle dieta, asignaciones y un fuero, al igual que cualquier parlamentario en ejercicio, pero con la diferencia de que estas garantías eran de por vida.

Sin embargo, Patricio Aylwin no logró esta investidura por haber completado solo cuatro años en la Presidencia.

En aquellos años, la frágil situación financiera de Aylwin, quien no contaba con una pensión estatal, y la necesidad de sacar a Pinochet de la escena política, ya que ostentaba el cargo de senador vitalicio, llevaron al oficialismo y a la oposición a buscar un acercamiento que se plasmó en la reforma a la Constitución, denominada como “estatuto de expresidentes”.

Aquella iniciativa estipulaba cuatro medidas.

Primero, que todo exjefe de Estado por el solo hecho de culminar su mandato tendría una dieta vitalicia, gesto pensado básicamente en Aylwin, ya que Pinochet tenía de todos modos su jubilación como militar en retiro.

Además, el exjefe del Ejército puso otras dos condiciones: que se garantizara un fuero judicial (entonces los tribunales ya comenzaban a acumular acciones en su contra) y las asignaciones (para oficinas, traslados y personal de apoyo) que correspondían a un parlamentario.

Adicionalmente, esa reforma, como exigencia de las fuerzas de la Concertación, abría la posibilidad de que los senadores vitalicios renunciaran al cargo, lo que no estaba contemplado en la Carta Fundamental.

Tras el regreso de Pinochet, desde su reclusión en Inglaterra, en marzo de 2000, la reforma aún no estaba lista. Sin embargo, una vez publicada en abril de ese año el general (r) no renunció inmediatamente a su escaño parlamentario. Ello se materializó dos años después ante la fuerte presión política.

Dignidad de expresidente

“El Presidente cesará en su cargo el mismo día en que se complete su período y le sucederá el recientemente elegido. El que haya desempeñado este cargo por el período completo asumirá, inmediatamente y de pleno derecho, la dignidad oficial de Ex Presidente de la República”, dice el artículo 30 de la Carta Fundamental, que además menciona que aquellos dignatarios tendrán una dieta (antiguamente incluía una mención a las asignaciones) y el fuero de un legislador, aspectos que la reforma de Jiles reemplaza por una nueva redacción.

“Quienes detenten esta calidad y hayan cumplido la edad de sesenta años para el caso de las mujeres y sesenta y cinco años para el de los hombres, podrán solicitar una pensión vitalicia equivalente a la dieta señalada en el artículo 62 de esta Constitución, excluyendo de ella las asignaciones”, dice la iniciativa aprobada en general por la Comisión de Constitución, que ya no contiene la referencia al mencionado fuero.

Esta protección judicial, sin embargo, no solo sirvió a Pinochet, quien de todos modos enfrentó un conjunto de procesos de desafuero por causas de DD.HH. y por el caso del Banco Riggs, donde se detectaron cuentas secretas del fallecido militar.

En años recientes fue un mecanismo que le dio cierto resguardo a la dignidad de expresidentes ante diversos flancos judiciales derivados del mismo ejercicio de la primera magistratura.

Por ejemplo, Michelle Bachelet debió sortear el caso del terremoto y tsunami del 27-F, que derivó en un conjunto de acciones en contra de autoridades por la falta de respuesta del Estado ante la emergencia.

Sebastián Piñera, por su parte, hasta su fallecimiento, debió enfrentar querellas por su presunta responsabilidad en las violaciones a los DD.HH. cometidas durante el estallido social.

Boric, en tanto, en el ejercicio de la Presidencia ha enfrentado indirectamente al menos dos investigaciones judiciales: uno por la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende y otro por los convenios de traspasos de dineros públicos a fundaciones ligadas al oficialismo, casos que podrían seguir abiertos una vez que el actual Jefe de Estado deje La Moneda.