“Estamos avanzando y vamos a dar los detalles durante la semana”.

La ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, planteó que el Ejecutivo pretende seguir avanzando en buscar los mecanismos para inhabilitar de la gratuidad universitaria a estudiantes que cometen delitos graves contra las personas y la infraestructura pública y privada.

La portavoz del Ejecutivo entregó estas declaraciones este viernes en el marco de su “primera vocería en regiones”, desde la Delegación Presidencial de Ñuble, y luego de la agresión que sufrió el miércoles en la Universidad Austral de Valdivia la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.

Además, luego del proyecto de ley “Escuelas Protegidas” para combatir la violencia escolar firmado este martes por el Presidente José Antonio Kast. Una de las medidas más controvertidas es precisamente aquella que busca establecer la inhabilitación a estudiantes para acceder a la gratuidad en la educación superior: entre los requisitos para ser beneficiario está no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública.

“Lo que estamos viendo hoy día, vuelvo a insistir, en nuestros colegios son molotovs, son profesores quemados, golpeados, abusados, niños golpeados en la sala de clases, muchas veces por adultos que entran a los colegios. La violencia en los colegios emblemático, hemos perdido la calidad de la educación, de aquellos establecimientos que eran clave para sacar a muchas familias adelante a través de la educación, a través de la formación de sus hijos. Lo que ocurrió en Calama hace una semana atrás, donde muere una inspectora, es algo que no nos puede dejar indiferente”, dijo Sedini.

Y luego agregó: “No podemos dejar de tomar medidas. Seguimos viviendo escenarios de violencia en los colegios. Y voy a sumar algo más, lo que vimos hace un par de días con la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en una universidad donde fue agredida, encerrada, golpeada, es inaceptable”.

“La violencia se está tomando en nuestros establecimientos educacionales y como gobierno no nos vamos a quedar tranquilos. Y lo que no podemos hacer, y lo vuelvo a repetir, es que en Chile hayan personas que reciban beneficios pagados por todos nosotros, después de que cometen delitos en establecimientos, que rompen propiedad privada, rompen propiedad pública, que después tenemos que pagar, que agreden a autoridades, que agreden a sus compañeros, agreden a los profesores, que destruyen el trabajo que nos ha costado tanto tiempo, y después tienen gratuidad”.

La vocera planteó que para el gobierno eso “no es de sentido común” y que buscarán avanzar “en una sociedad que tenga derechos y deberes. Y para eso hay que responder a esa responsabilidad”.

“En este momento, Escuelas Protegidas es el proyecto que ya tenemos presentado, pero vamos a seguir avanzando en que las personas tengan que asumir su responsabilidad frente a este tipo de situaciones. Creemos en la reinserción, creemos en la rehabilitación, pero también creemos que hay que hacerse cargo de los actos y los delitos cometidos”, remarcó.