Una serie de críticas de parlamentarios de distintos sectores generó el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, ingresado por el gobierno a la Contraloría General de la República (CGR), debido a una disposición que podría permitir el cese de un alcalde por el incumplimiento de determinadas obligaciones administrativas.

En el programa de La Tercera, Desde la Redacción, el presidente de Evópoli, senador Luciano Cruz-Coke, llamó a actuar con especial cautela frente a este tipo de materias y advirtió sobre los posibles usos indebidos de la disposición.

“Hay que ser extremadamente cuidadosos con aquellas materias porque se puede prestar precisamente para malos usos, se puede prestar para extorsiones, se puede prestar para que, eventualmente, se pueda utilizar a una figura conocida para obtener un cargo y luego reemplazarlo por alguien de la confianza”, sostuvo.

En esa línea, el parlamentario agregó que estos asuntos deben ser abordados “con un cuidado tremendo” y cuestionó que se busque establecer la medida mediante un decreto. “Tengo la impresión de que aquellos temas deben ser tratados, pero con un cuidado tremendo. Y menos hacerlo por decreto”, afirmó.

Desde la oposición, la diputada Gael Yeomans, y presidenta del Frente Amplio, también cuestionó la iniciativa y acusó falta de margen para errores en materia de seguridad municipal. “No es momento de improvisar. El gobierno no se da cuenta de que hoy no puede existir margen de error”, señaló.

La parlamentaria sostuvo que existen alcaldes y alcaldesas amenazados de muerte que deben enfrentar la seguridad de sus comunas “sin el presupuesto ni las atribuciones necesarias”. En ese contexto, criticó que la respuesta del Ejecutivo sea “ampliar las causales para destituirlos” y calificó la propuesta como “abiertamente inconstitucional”, asegurando que genera incertidumbre para la labor municipal.

En tanto, el senador socialista Fidel Espinoza acusó al Ejecutivo de crear, mediante el reglamento, una causal de destitución que no estaría contemplada en la ley. “¡Muy grave! Insisten una vez más en saltarse el Congreso y la Constitución”, escribió en sus redes sociales.

Espinoza calificó la situación como parte de un “actuar permanente de un gobierno iliberal que desconoce la democracia y las leyes” y pidió retirar el reglamento de la Contraloría.

Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS) calificó la causal como algo de “carácter grave”. “Yo entiendo que los alcaldes son los responsables de vigilar los requisitos, las garantías de todo su personal, incluidos los inspectores y directores, pero de ahí a que desde un reglamento se agregue una nueva causal, parece bastante extraño y puede ser muy mal utilizado”, planteó.

Ejemplificando con “no vaya a ser que el día de mañana, con la excusa de los problemas del reglamento de seguridad municipal, empiece una oleada de destituciones de alcaldes de izquierda o de derecha”.

El diputado PPD, Carlos Cuadrado Prats, indicó que “fui presidente de la Asociación Chilena de Municipios (ACHM), y durante el gobierno de la presidenta Bachelet, del presidente Piñera y del presidente Boric, siempre hubo un fluido traspaso de información en cada ámbito que nos importara a los alcaldes y que importara al gobierno de turno en su relación con los municipios”.

“Lo que está haciendo este gobierno del Presidente Kast es grave, ya que, en primer lugar, implica torcer la voluntad ciudadana expresada en las urnas, al amenazar con la destitución de los alcaldes”, agregó el parlamentario.

A las críticas se sumó el diputado Ignacio Achurra (FA), quien afirmó que el Gobierno “quiso crear por decreto una causal de destitución de alcaldes que la ley no contempla”. El parlamentario calificó la medida como inconstitucional y advirtió que, en caso de que la Contraloría la rechace, podría retrasarse aún más la implementación de la seguridad municipal.

“Sigue la improvisación en seguridad”, concluyó Achurra.