Con el nuevo timing que fijó el presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya (PPD), para la tramitación de la reforma constitucional en seguridad que propone el gobierno -que será a inicios de octubre- los senadores miembros de esa instancia continúan trabajando en la redacción de nuevas propuestas para llegar a un consenso entre todas las fuerzas políticas.

Particularmente, son los representantes del oficialismo en dicho espacio legislativo, Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (republicano), quienes fueron mandatados por el propio gobierno para llegar a un acuerdo con la oposición para viabilizar el proyecto estrella de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT): la reforma de seguridad.

Esta propuesta presidencial contempla modificar la Carta Fundamental para establecer la seguridad pública como un deber del Estado; conformar un registro de organizaciones criminales y terroristas; restringir beneficios fiscales a condenados por esos delitos y crear un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública.

En base a este contenido original, que fue ingresado a la Cámara Alta el 17 de agosto- la dupla oficialista ha venido trabajando en enmiendas para que puedan ser aprobadas, primero, en la comisión y luego, en la sala de la corporación.

En total, son siete ideas generales que serán transformadas en indicaciones formales que se ingresarán a la reforma, las que plasmaron en un resumen que accedió este medio.

La primera de ellas busca equiparar el crimen organizado con el terrorismo, con el objetivo de que ambas sean consideradas contrarias a los derechos humanos.

En esa línea, buscan que las inhabilidades de dichas condutas terroristas sean aplicables al crimen organizado.

La idea fuerza que trabajan ambos senadores es la eliminación del quinto estado de excepción constitucional, además de incluir una nueva hipótesis de amenazas de grave alteración del orden público o amenaza de grave daño a la seguridad de la nación en Estado de Emergencia.

Otra idea central que vienen trabajando es la eliminación de la intercepciones comunicacionales, que contempla la propuesta original del Ejecutivo en el marco del nuevo estado de excepción.

Sobre esto, otro de los puntos que más ruido ha causado sobre la reforma es el plazo de 120 días -prorrogables por otros 120 sin pasar por el control del Congreso-.

Al respecto, los senadores oficialistas buscan que los plazos de prórrogas sean similares a los que hoy día existen en la Constitución, con la diferencia de que la que no pase por el Congreso sea solo la primera, pudiendo ser dejada sin efecto por el Parlamento en cualquier momento. Vencidos estos 30 pasa por el Congreso.

Como un gesto a la oposición, y particularmente a otra integrante de la misma comisión, los parlamentarios recogen una propuesta de la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, que habilita los regímenes especiales de seguridad penitenciara.

La concurrencia de la oposición a esta reforma es clave para el Ejecutivo, puesto que para aprobar la idea de legislar y evitar que se archive durante un año, necesita 29 votos; es decir, cuatro senadores que no son de sus filas.

Con el senador Araya comprometido a aprobar la agenda de seguridad, La Moneda requiere de otros tres senadores opositores. Por lo mismo, recoger iniciativas de parlamentarios del PS resulta clave para viabilizar la reforma constitucional.

En último término, Longton y Squella quieren dejar para la discusión en la ley la conformación, determinación y efectos de determinación judicial de existencia y elaboración de nómina de bandas criminales.

Consultado por el trabajo prelegislativo que han estado haciendo, Squella aseguró que “consiste en dar con una redacción que se haga cargo de las aprensiones que han presentado algunos parlamentarios, recogiendo íntegramente el propósito buscado por el ministerio de seguridad con la reforma constitucional”.

“Creo que con el texto que propondremos se logra íntegramente el objetivo”, añadió el presidente del Partido Republicano.

El senador Longton, por su parte, comentó que “junto a Arturo construimos un consenso que revela que el ánimo de que las herramientas que tenga el Estado para combatir el crimen organizado generen amplio apoyo, considerando que la aspiración es que las reformas constitucionales tengan estabilidad en el tiempo”.

Y añadió: “El gobierno ha mostrado apertura para que el texto, cumpliendo con el objetivo deseado, sea modificado, por lo que estimamos que ese propósito se cumple a cabalidad; sin perjuicio de la mirada de los demás integrantes de la comisión, que es muy relevante para poder avanzar en un texto definitivo”.