La columna de Ricardo Ruiz de Viñaspre: “Ideas proempleo, formalidad y participación”

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas ratifican aspectos que ya son una constante en nuestro mercado del trabajo. Por una parte, la participación laboral femenina (52,8%) está muy alejada de la masculina (72,5%). Adicionalmente, la informalidad laboral no ha disminuido y se encuentra en un preocupante 28,1%. Por último, la generación de empleo aún no logra alcanzar la tasa de ocupación que tuvimos prepandemia.

En función de lo anterior, como país, debemos priorizar cuanto antes políticas proparticipación, sobre todo para las mujeres, y proempleo, en especial para jóvenes, mujeres y personas con largas lagunas. Dentro de las políticas pro-participación, se encuentra el proyecto de sala cuna que hoy se debate en el Congreso. Su aprobación permitiría eliminar una restricción que afecta al empleo de la mujer, pues las empresas, dado el artículo 203 del código del trabajo, tienen el incentivo a contratar un hombre en desmedro de una mujer.

En relación con las políticas pro-empleo, nuestro país tiene dos interesantes subsidios, al empleo joven y mujer, pero que necesitan de mejoras legales las cuales comento a continuación.

Los montos pagados a empresas son bajos y van disminuyendo en el tiempo. A modo de ejemplo, cuando inicio el subsidio al empleo joven los montos que recibían las empresas, por un trabajador con salario mínimo, era igual al 10% de dicha renta, pero hoy ese monto alcanza a sólo el 3,3%, el incentivo ha caído a un tercio producto que los salarios susceptibles del subsidio solo se actualizan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Es clave poder actualizar las rentas susceptibles del subsidio y los montos que reciben las empresas, para que sean mujeres y jóvenes quienes tomen este próximo empleo

La actual legislación no permite que se puedan incorporar nuevos grupos objetivos como personas con extensas lagunas, sin la necesidad de que sean jóvenes o mujeres. Una modificación en esta línea permitiría bajar la informalidad laboral y por ende mejorar la seguridad social de los trabajadores.

No existe un mecanismo contracíclico que permita dinamizar el mercado del trabajo en tiempos de contracción. En efecto, la actual normativa no permite que los montos pagados por los subsidios crezcan cuando el desempleo crece o la tasa de ocupación cae. En esta materia, se torna relevante estudiar lo que sucede con el Banco Central, la Tasa de Política Monetaria (TPM) y la inflación, donde el instituto emisor si puede modificar la TPM en función del alza en los precios de la canasta básica. En esta línea, un consejo experto en material laboral que recomiende mejoras en los montos y grupos objetivos ayudaría a maximizar el componente técnico en las decisiones.

Si logramos dar estos pasos en los próximos meses, podremos ayudar, en algo, a mejorar nuestros indicadores de empleo, sobre todo en los grupos más afectados como son las mujeres, los jóvenes y las personas que trabajan de manera informal.

*El autor de la columna es director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finis Terrae y exdirector de Sence