“Solicitamos la presencia de todos, es de suma urgencia contar con ustedes”.

Así comienza un mensaje de WhatsApp que empezó a circular durante esta semana entre una serie de médicos de Clínica Las Condes (CLC), compañía controlada por la empresaria Cecilia Karlezi y cuya presidencia del directorio es encabezada por su pareja, Alejandro Gil Gómez, quien ha sostenido una serie de desencuentros con los trabajadores desde su arribo al cargo el 10 de diciembre de 2019.

En el texto, la Asociación Médica Las Condes informó el desvinculamiento de CLC del presidente de la agrupación, Luis Medina, el viernes 10 de junio. Su salida se produjo a través de una carta certificada y según el mensaje no hubo una “explicación formal” por parte de la gerencia de la clínica, autoridad que firma dicha carta, del motivo del despido.

A continuación, el día lunes 13 de junio, la agrupación recibió una carta por parte de la gerencia general de CLC, solicitándole abandonar las dependencias del “Estar Médico Fundadores”, fundamentando que dispondrán del lugar para crear un espacio para todos los médicos que prestan servicios a la clínica.

“Han dispuesto entregarnos en comodato una oficina en Avda. Las Condes 10.373, piso 7, hasta fines del 2022, que pasaría a arriendo a partir del año 2023. Por estos dos motivos, necesitamos realizar una asamblea extraordinaria con todos nuestros socios presentes, para definir el futuro de la Asociación Médica Las Condes. Citamos para el próximo jueves 23 de junio a las 20:00 hrs online por zoom. Se enviará el link el mismo día jueves en la mañana”, concluyó el mensaje.

Se trata de un nuevo conflicto, luego de una serie de desavenencias de la administración de CLC con parte de sus trabajadores. En efecto, desde el arribo de Alejandro Gil a la presidencia del recinto médico, la compañía ha ejercido acciones legales en contra de dos de los últimos gerentes generales, Fredy Jacial y Jaime Hagel. Ambas querellas fueron desestimadas por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

Posteriormente, el directorio de CLC acordó solicitar la renuncia del gerente general, Jerónimo García. Este último era muy cercano a Alejandro Gil, tanto así que en más de una ocasión lo acompañó a sus vacaciones en Miami, Estados Unidos, junto a otro de los miembros del “círculo de hierro” del presidente de Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones, director médico de la institución.

Según cuenta un exmédico del recinto ubicado en Estoril 150, a la fecha se han ido más de 200 facultativos a raíz de divergencias con la administración, y uno de los casos más recordado al interior de CLC es la salida del exjefe de la Unidad de Paciente Crítico, el médico intensivista Tomás Regueira.

Dos voces conocedoras del proceso dan visiones sobre qué hubo tras la decisión de la administración de la CLC. Según el primero de ellos, la tensión se habría originado a inicios de la semana pasada, cuando Regueira empezó a rearmar la unidad Covid de la clínica. Ello significaba retomar los equipos con turnos de 24 horas y dejar camas disponibles. Sin embargo, ello no estaba autorizado por la dirección aún. La definición, además, se cruza con el déficit que para la CLC significó la reconversión al Covid durante este año. La administración lo habría “llamado al orden”, pero el doctor no habría echado pie atrás.

Nueva demanda

En paralelo al conflicto con la asociación, el pasado 18 de mayo, ante el 21º Juzgado Civil de Santiago, el médico Rodrigo Díaz presentó una demanda en contra de Clínica Las Condes en el marco de un juicio declarativo de cuentas. El médico anestesiólogo se desempeñó en la clínica desde el mes de marzo de 2001 hasta el 15 de noviembre de 2021, específicamente como médico anestesiólogo cardiovascular.

Según la demanda, el vínculo contractual entre la clínica y los profesionales médicos que ejercen en sus dependencias consta en un “Contrato Marco” entre Clínica Las Condes S.A. y el médico respectivo, en el cual se pacta una renta de arrendamiento por consultas médicas, la reserva de bloques de horas, el acceso al “Sistema CLC” y los valores de las prestaciones médicas, entre otras materias.

El caso es que el demandante firmó el respectivo Contrato Marco con la clínica el mes de octubre del año 2020, documento que contenía idénticas condiciones que los firmados por los demás médicos anestesistas que a la fecha trabajaban en el recinto médico.

Sin embargo, a principios del año 2021, sin mediar ningún tipo de autorización del mandante, la administración de la clínica decidió unilateralmente cambiar la forma de pago, y con ello la forma en que cumplía con el encargo. Hasta ese momento los honorarios médicos eran pagados en un plazo de hasta 120 días, sin depender de la provisión de los fondos de parte de los entes pagadores.

A partir de enero de 2021 la clínica empezó a pagar al demandante en la medida que se fueran percibiendo efectivamente los montos desde los distintos entes pagadores. De esta forma, todas las prestaciones de anestesia realizadas por el demandante a contar del mes de enero de 2021 se comenzaron a pagar a medida que la clínica recibía los pagos provenientes desde las Isapres o Fonasa, luego de los seguros complementarios, y por último, el copago de los pacientes.

Esto significó un desfase de varios meses entre la fecha en que se realizó la prestación y el pago de los honorarios médicos al doctor Díaz, existiendo a la fecha montos adeudados desde agosto del 2020 al 15 de noviembre de 2021, por casi 200 millones de pesos.

Por lo mismo, exigió en su demanda la rendición de cuentas de CLC.

Contestación

Frente a la demanda, CLC sostuvo en su contestación que el médico realizó una serie de omisiones en su relato. El 26 de noviembre del año 2020, el Comité Ejecutivo del Cuerpo Médico de CLC con la clínica arribaron a un “Acuerdo de Término de Negociación”, el que dio por superada una controversia existente a esa época acerca del desahucio que CLC había hecho de los contratos consensuales de arrendamiento de infraestructura.

Sin perjuicio de lo anterior, CLC explicó que “innumerables médicos firmaron el contrato marco como persona natural, luego, en la ejecución y práctica contractual, decidieron de mutuo propio cobrar sus honorarios a la clínica mediante sus sociedades emitiendo los documentos tributarios correspondientes (facturas)”.

“En el caso concreto y mientras estuvo vigente el contrato marco entre las partes, el cobro de honorarios se concretó a través de sociedades que emitieron facturas para dicho efecto”, concluyó.