Privados lideran en la propiedad de las 20 principales minas de cobre en el mundo, mientras en Chile avanza proceso de nacionalización

Este sábado la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional aprobó por 13 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, una iniciativa de estatuto minero que en su artículo sexto transitorio establece que, una vez promulgada la Constitución, el Estado tendrá un plazo de un año para nacionalizar las empresas que trabajen con minerales metálicos, no metálicos y con hidrocarburos, entre otros, según lo determine el Presidente de la República.

La norma no es clara sobre si las empresas recibirán una indemnización, porque en un párrafo afirma que no se las indemnizará (“no habrá lugar a indemnización alguna por los derechos sobre sustancias minerales y de hidrocarburos”, dice), luego plantea que la Contraloría determinará el monto a indemnizar e inmediatamente después dice que la indemnización será según el valor contable de la empresa.

Esta aprobación de inmediato comenzó a generar debate entre los distintos actores de la industria, aunque todavía falta que lo vote el pleno de la Convención.

La producción minera mundial de cobre en 2020 alcanzó a 20,6 millones de toneladas. El mayor productor de cobre extraído fue Chile, con 5,7 millones de toneladas, igual al 27,6% de la producción mundial. Las 20 minas de cobre más grandes del mundo por capacidad de producción totalizan 9,3 millones de toneladas métricas de cobre, lo que representa alrededor del 45% de la producción del 2020.

De acuerdo a un informe de Jorge Hermann, de Hermann Consultores, en las 20 minas de cobre más grandes del mundo predomina la propiedad privada con 11 yacimientos, le siguen propiedades mixtas entre privados y compañías estatales, con cinco proyectos, y las minas con sólo propiedad estatal que corresponden a cuatro (ver tabla).

El documento destaca que las propiedades mixtas de las minas ubicadas en el Congo y Zambia presentan una mayor participación del sector privado y el Estado se asocia con éstos como una forma de incorporar la experiencia privada en el proceso productivo por medio de la privatización de una parte de la propiedad, con el objeto de obtener recursos para utilizar para otros fines sociales.

Se observa, además, los casos peruano y panameño, en que empresas estatales foráneas invierten en el sector minero por parte de los gobiernos chino y coreano, como una forma estratégica de tener acceso a este insumo productivo.

Por último, el caso atípico es el chileno, donde el gobierno es el dueño de la propiedad total de las minas de cobre por medio de Codelco, cuya producción total representa el 8,3% de la producción mundial en el 2020. No obstante, eso no impide que exista la minería privada. De hecho dentro de las 20 más grandes se ubican Escondida de BHP Billiton; Collahuasi de propiedad de Anglo American, Los Pelambres de Antofagasta Plc, Los Bronces de Anglo American.

Dentro de el ranking también hay varios yacimientos de Codelco: El Teniente, Chuquicamata, y Radomiro Tomic.

Tras la aprobación en la Comisión, se establece la nacionalización de los bienes naturales de carácter estratégico entre los que se fijan el cobre, litio, el oro, la plata y el uranio, entre otros. También, se busca que la exploración se realice en estricto cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y naciones preexistentes. Por lo que, las concesiones mineras cesarán de forma inmediata una vez vigente la nacionalización.

De acuerdo a Hermann, “esto implica retroceder 50 años en el tiempo y no estar a la altura de una economía internacional cada vez más globalizada y competitiva que ha llevado, a que la propiedad de la gran minería del cobre sea principalmente privada por los altos montos y experiencia necesaria para realizar grandes inversiones en proyectos mineros”.

Para el economista, “lo que se podría debatir es una revisión del actual marco legal minero en lo que respecta a la forma de otorgar las concesiones mineras entre un proceso judicial versus administrativo, en que la duración de la concesión minera debe ser flexible dadas las particularidades de los yacimientos mineros en lo que respecta a los montos invertidos y el ambiente geológico sobre agotamiento, calidad del material extraído y ubicación, entre otros aspectos”.

Así, para Hermann, como “es muy difícil saber con anticipación cuándo se va a agotar un yacimiento minero, porque depende de cambios tecnológicos tanto en exploración como en explotación, es importante que las concesiones sean indefinidas (como es hoy) o si se les quiere fijar un plazo, que éste sea extenso y con mecanismos transparentes y objetivos para su renovación. De lo contrario, se generan incentivos, en años previos al vencimiento de la concesión, a explotar la mina aceleradamente y sin nuevas inversiones, con la consiguiente ineficiencia productiva”.

Por ello pone énfasis en que la discusión constitucional tiene que tomar en cuenta que las características que definen al negocio minero: “La duración productiva, geográficamente estático, prolongados períodos de preinversión y construcción, intensivo y de alto riesgo en capital, requiere personal altamente calificado, productividad decreciente en el tiempo por disminución de ley del mineral y el precio es volátil porque depende del ciclo económico”.