Reajuste del sector público: funcionarios piden adelantar negociación, pero Hacienda fija fecha para el 22 de noviembre

La semana pasada, las 16 asociaciones de funcionarios del sector público entregaron su petitorio para iniciar el proceso de negociación del reajuste salarial que regirá desde fines de este año. Y ayer tuvieron una primera reunión para entregarle de manera presencial sus solicitudes al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

En la cita, los trabajadores le pidieron adelantar la discusión del reajuste al sector público y resolver asuntos pendientes para el retorno al trabajo presencial, como el presupuesto para cuidados infantiles, entre otros aspectos.

El propósito era evitar lo sucedido el año pasado, cuando la discusión se extendió hasta fines de diciembre, dejando con sabor amargo a los dirigentes, quienes alegaron que lo ofrecido no alcanzaba a mantener el poder adquisitivo, pero lo aceptaron dado el contexto de pandemia. Sin embargo, ahora con la propuesta de un reajuste de 7,5% nominal quieren recuperar lo perdido en la negociación de 2020.

En términos reales, es decir, descontando la inflación proyectada por el Banco Central para este año de 5,7%, el reajuste solicitado sería de 1,8%.

En 2020 el reajuste entregado fue de 2,7% nominal para rentas de hasta $2 millones y de 0,8% nominal para quienes reciban ingresos por sobre ese monto. Cuando se negoció el reajuste, la inflación anual era de 2,7%, por lo que el alza real fue de 0% para quienes tuvieran ingresos hasta $2 millones, y negativa para las rentas sobre $2 millones.

En la reunión ante la idea de adelantar la discusión la respuesta por parte de Hacienda no se dejó esperar: la fecha de inicio de la negociación es el próximo 22 de noviembre, estableció la autoridad.

El pliego de peticiones de la Mesa del Sector Público menciona además un bono de $65 mil para todos aquellos funcionarios que tengan una remuneración mensual bruta inferior a $750.000 y que se desempeñen en jornada completa. Para los de jornada parcial se plantea un monto proporcional a su jornada.

Además, el texto aboga por mayor estabilidad laboral para el conjunto de trabajadoras y trabajadores públicos, independientemente de los instrumentos y regímenes que regulen las relaciones contractuales en cada servicio centralizado o descentralizado. Rechaza, también, la dinámica de despidos arbitrarios que, según manifiesta, se repite cada año.

La primera comisión legislativa que tiene que analizar el proyecto, cuando ingrese al Congreso, es la de Hacienda de la Cámara de Diputados.

El presidente de esa instancia, Pablo Lorenzini (independiente, exDC), sostuvo que se tiene que analizar la inflación como eje central de la discusión. “Siempre en las discusiones hemos establecido como parámetro la inflación de entre 1 a 2 puntos para que se mantenga al menos el poder adquisitivo”. El diputado acotó que todavía no se “ha conversado con el Ejecutivo”.

Marcelo Díaz, diputado independiente del Frente Amplio, subrayó que comparten “las aspiraciones de los funcionarios del sector público, porque es una cifra que se hace cargo del encarecimiento del costo de la vida y de una razonable expectativa de mejoría de los ingresos. Espero que podamos tener una conversación serena y sensata entre el gobierno, sector público y el Congreso”.