La escasez de recursos y, a partir de ella, la existencia de costos de oportunidad, define nuestra disciplina, es decir, por eso existe la economía como ciencia social. Reconocer que si se gasta en una cosa, siempre se deja de hacer otra, para los economistas es una base desde la que se inicia el análisis, pero para el resto de la población es algo que molesta, que debería eliminarse, como al mensajero de malas noticias. Así, los economistas somos intrínsecamente muy poco queribles, porque a nadie le gusta que le señalen que lo que desea lograr no es posible, y menos todo al mismo tiempo y rápido. Desde ese punto de vista es necesario analizar el reciente anuncio del llamado “bono marzo”.

Sobre ello, se ha planteado como crítica principal su falta de focalización como programa de una política social respecto a quiénes deberían recibir el apoyo del Estado. En mi opinión, ésa no es una crítica totalmente correcta, porque es perfectamente posible que el sistema político desee extender los beneficios a otros grupos de la población. Esto tiene que ver con la cobertura más amplia de este bono, en comparación con otros anteriores, al incorporar a sectores considerados de ingresos medios. Lo importante, sin embargo, es la consistencia con lo que se ha planteado; si esa cobertura se ampliaría a otros programas; y si se ha estimado el gasto que significaría al fisco y las opciones que podrían tener esos recursos, que es su costo de oportunidad.

Un planteamiento necesario, como se dijo, se refiere al costo de esa medida. El gasto de US$200 millones en ese bono debe analizarse con herramientas de tipo económico, desde el punto de vista del costo de oportunidad. Es decir, cuáles podrían haber sido los otros destinos de esos dineros; entre ellos, podemos mencionar sólo como ejemplos: jardines infantiles, hogares para ancianos, obras públicas, mejoras en el sector de la educación técnico-profesional, etcétera. También era una opción aumentar los ahorros de Chile en el exterior, puesto que enfrentamos un exceso de gasto interno, que es potencialmente un problema grave para el futuro cercano.

Por otra parte, mirando sus consecuencias sobre la política económica, este bono se ha institucionalizado, ya que será casi imposible no otorgarlo en los próximos marzos. Perdió su sentido de política frente a una situación negativa, de alto desempleo o catástrofe natural.

No tiene sentido que los economistas pretendamos decidir sobre los objetivos últimos, bajo el argumento que “es lo mejor técnicamente”. Estamos preparados para advertir inconsistencias entre metas o políticas, y para analizar las consecuencias posibles de las decisiones, pero el ámbito para decidir lo que se hará es político, y el territorio es de los políticos, los que en su análisis debieran considerar las variables económicas

Lo que suele suceder es que el sistema político es complejo y sus resultados suelen estar basados en objetivos que muchas veces no se explicitan. Los procesos de toma de decisiones tienden a ser poco transparentes para las personas; y también ocurre que se definen iniciativas contradictorias entre sí, o se debate sobre lo adjetivo y no sobre lo sustantivo. Si aquello es visto como lo habitual del funcionamiento del sistema, a los políticos los querrán aún menos que a los economistas.

*El autor es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián.