Apenas el asesor de la Segpres, Gabriel Osorio, explicó ayer ante la comisión de Constitución de la Cámara los alcances de la indicación ingresada por La Moneda para eliminar la prohibición de órdenes de partidos a parlamentarios, diputados de la DC y la UDI presentaron reparos a la iniciativa que, de todas formas, fue aprobada por la instancia.

Pero por poco. En votación dividida por seis votos a favor, cinco en contra y la abstención del RN, Cristián Monckeberg, se acordó establecer en la modificación de la Ley de Partidos Políticos que “podrán regular órdenes de partido” y, por votación un poco más holgada, que “estas órdenes sólo podrán ser emitidas por el órgano ejecutivo u órgano intermedio colegiado a sus afiliados que sean diputados o senadores”.

Durante toda la discusión de este punto -que en lo formal es una modificación al artículo 32 de la ley 18603- hubo posturas encontradas, tanto de la oposición con el Ejecutivo, e incluso al interior de la Nueva Mayoría.

Entre los argumentos en contra, estuvo en que las órdenes de partido podrían “contravenir” la voluntad de los electores al elegir sus representantes, e incluso se recordó desde la DC la expulsión de sus filas del entonces senador Adolfo Zaldívar en 2007 tras rechazar financiamiento para el Transantiago.

Fue en esta materia que el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, salió al paso, afirmando que un partido “no es sólo una suma de parlamentarios” y, respecto al rol de ellos, que “en principio son deberes y derechos juntos. Si yo tuve el derecho a que me postularan, me dieran el nombre, me dieran un cupo, también tengo un cierto deber de seguir la línea programática”.

Aprobada la redacción inicial, hubo matices respecto a quiénes afectarán las órdenes de partido, y el alcance de la nueva potestad que tendrán las colectividades.

Si bien fue aprobada por siete votos contra cinco y una abstención que diputados y senadores se sometan a este régimen, si encendió las alarmas una indicación de parlamentarios que buscaba expandir esta opción a concejales y consejeros regionales.

“Esto es intervenir en la autonomía local de forma brutal”, reclamó el diputado UDI Juan Antonio Coloma, y finalmente dicha indicación fue rechazada.

Eso sí, más tarde se ingresaría una nueva redacción que permitiría órdenes de partido para ambas autoridades, pero sólo acotadas al ámbito de la política de alianzas.

¿Sobre qué tópicos se podrán dar órdenes de partido y sobre cuáles no? eso también fue motivo de una votación estrecha quecasi hace caer la redacción emanada desde el Ejecutivo.

Por siete votos a favor y seis en contra, se visó que fueran referidas “a asuntos en que se encuentren directamente comprometidos los principios o el programa definido o aprobado por sus órganos internos”. Asimismo, se extendió esta competencia a la discusión de política de alianzas de una colectividad.

La prohibición se fijó  “sobre aquellas materias en que la Constitución establezca que los parlamentarios sean jurado”, y si bien la redacción original del Ejecutivo plasmaba la atribución de los parlamentarios de recurrir al Tribunal Supremo del partido y mecanismos para estructurar dichas órdenes de partido, este punto se rechazó habilitando a los estatutos mismos por norma general a regular todo lo que no contenga la ley.

“Si vamos a establecer por ley las ordenes de partidos, que sean los partidos específicos, y los que aspiran a serlo en un futuro, los que fijen a través de sus estatutos y tomen la decisión y la fórmula en que van a desplegar sus ordenes de partidos”, profundizó sobre este punto el diputado y timonel RN, Cristián Monckeberg.