En medio de la investigación que lleva adelante la fiscalía por la arista política y SQM, las acciones en la arista PH Glass tampoco se detienen. En este contexto, los abogados del ex controlador de Vidriería La Argentina, Alejandro Peña y Giorgio Marino, apelaron a la decisión de no decretar prisión preventiva para el gerente general de Empresas Penta, Manuel Antonio Tocornal.

La acción se enmarca dentro de la querella presentada por el ex controlador de la firma, Jorge Charbin,  por estafa, asociación ilícita y apropiación indebida contra Délano, Lavin, Bravo y el encargado de Penta Capital de Riesgo (PCR), Horacio Peña -quien además mantiene el 30% de Penta Las Américas.-, y en contra de todos aquellos que resulten responsables, sea como autores, cómplices o encubridores.

En paralelo, los abogados Peña y Marino preparan la ampliación de la querella a los delitos de soborno y cohecho. A esto, se suma que hace dos semanas solicitaron una serie de diligencias a la fiscalía, entre ella recopilar la documentación tributaria, financiera y contable de todas las PCR con el fin de indagar si en las restantes empresas, se cumple el mismo modus operandi que utilizaron en Vidriería La Argentina, esto es dejar perdidas pero sólo en base a cuentas por cobrar a empresas relacionadas. Si bien la información fue proporcionada por Marcos Castro en septiembre pasado, recién ahora será puesta a disposición de los abogados para periciarlos.

La querella (presentada el 22 de enero pasado) señala que  “se pagaba un arriendo de oficinas para el gerente general y para la secretaría de cobranzas, en el edificio corporativo de Penta de Av. El Bosque por cerca de $10.000.000 todos los meses. El arrendador de estas oficinas era otra empresa del grupo Penta (Penta Inmobiliaria) en la que según se ha dicho, el querellado Horacio Peña tiene una participación, también significativa”, a lo que se suman pagos por asesorías financieras equivalente a $15 millones mensuales a otras empresas relacionadas a Penta.

“De las propias declaraciones del señor Bravo, es posible apreciar que el modus operandi que PCR llevó adelante en contra de mis representados, fue el mismo, que con los aparentes fines desplegó en contra de al menos otras dos sociedades, a saber, Plásticos Burgos y Arrimaq, sin perjuicio de la variante de la misma herramienta criminar (el pago de aumentos de capital para infringir gastos)”.

El argumento de Charbin es que tras el ingreso de PCR a la propiedad el mantuvo el 30% -que en su momento fue valorado en $390 millones-, pero tras sucesivos aumentos de capital  su propiedad se redujo a cerca de 1%. Ello, implicó además violar el pacto de accionistas, que no permitía la dilución, hecho que implicó en instancia arbitral  una multa de UF6.500 a Penta.

“Tan pronto se llevó a cabo el primer aumento de Capital, Penta se pagó con ese aumento, las cuentas con esos terceros relacionados, tal como quedó establecido en el fallo del tribunal arbitral, que fue confirmado por la Ilustrísima Corte de apelaciones de Santiago”, dice la querella. Por ello, señala que “es fundamental aclarar que estas cuentas por cobrar de las empresas relacionadas al grupo Penta, no fueron capitalizadas en los aumentos de capital acordados, sino que el aumento de capital se enteró en dinero por otras sociedades del grupo Penta, de manera tal que producido el aumento de capital, dichos recursos se destinaron casi en su integridad a pagar las cuentas por cobrar que se adeudaban a las empresas relacionadas por los servicios inexistentes”.

Rebaja tributaria y facturas

En su presentación en la audiencia de formalización, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, señaló que Penta INF -continuadora de Penta Capital de Riesgo-, “entre los años comerciales 2009 a 2012, ambos inclusive, registró como gasto en su contabilidad 58 facturas no afectas o exentas de IVA falsas, otorgadas por las sociedades Inversiones Meli y Compañía; Inversiones y Asesorías Miquel Vial y Compañía; Inmobiliaria e Inversiones Noviembre; Administración e Inversiones Santa Sarella,  con el propósito de ocultar, a través de tales documentos tributarios, el pago de bonos o remuneraciones por los servicios prestados por los diversos ejecutivos de las empresas que componen las empresas del grupo Penta, a raíz de lo cual la sociedad INF S.A. efectuó declaraciones maliciosamente falsas en los Formularios N° 22, sobre Declaración Anual de Impuesto a la Renta, correspondientes a los Años Tributarios 2010 a 2013”.

En su declaración del 30 de enero, Hugo Bravo señala que en todas las PCR se perdieron $80 mil millones y que “a fines del año 2013 las empresas PCR se regularizan en cuanto a los dineros que se habían transferido como préstamos en cuenta corriente. Se capitalizó primero Penta INF y luego cada una de las PCR. Luego empresas Penta vendió Penta INF, que tenía pérdidas en las empresas productivas de más de $55 mil millones a una relacionada que creó que es Penta III. Esta pérdida se valorizó en unos $20 mil millones. Esto significó una pérdida para Empresas Penta por ese momento que fue aprovechado tributariamente. La decisión de vender Penta INF es de Manuel Antonio Tocornal y de Buzeta”, dice Bravo.

Con todo, la orden que dio Charbin a los abogados es conseguir que Penta le pague cerca de $2.000 millones que le adeudan, o bien  ejercer la opción que en algún momento tenían de comprarle el 30% de ph glass en uf50.000, o perseguirlos hasta las últimas consecuencias.