Tras las denuncias realizadas en contra de la diputada independiente Marta Isasi y otros diputados respecto del posible delito de cohecho que se habría registrado durante la discusión de ley de pesca, en el Congreso se reactivó esta semana nuevamente el debate respecto de las regulaciones y modificaciones que se deberían aplicar a la ley de financiamiento electoral para evitar este tipo de polémicas.

Sin embargo, y pese a que los partidos políticos existe plena conciencia de que este es un tema que debe ser nuevamente revisado, miembros de las colectividades reconocen de manera privada que lograr un consenso resulta casi imposible, debido a la gran cantidad de intereses involucrados en el debate.

El miércoles pasado, el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, ingresó en el Senado el proyecto de mejoramiento de los partidos políticos, el  que busca, esencialmente, sumar mayor transparencia a las gestiones internas de cada colectividad. Sin embargo, la iniciativa, tal como había sido adelantado, no se hace ni se hará cargo de la regulación del financiamiento.

Así, a sólo cinco meses de que se inicie de manera oficial el periodo de campañas parlamentarias y presidenciales para las elecciones de noviembre de este año, todo apunta que el sistema continuará funcionando en base a las modificaciones a la ley de financiamiento electoral realizadas hace ya 10 años, en 2003 durante el gobierno de Ricardo Lagos, la que regula, entre otros aspectos, los aportes económicos anónimos y reservados.

Es este capitulo particular de la ley 19.884 el que da margen para conflictos como el de la diputada Isasi, quien asegura que los $25 millones que recibió por Corpesca se enmarcarían en las donaciones anónimas permitidas por ley para financiar su campaña. (Ver nota relacionada).

De hecho, fue bajo esta normativa que durante las parlamentarias y presidenciales de 2009 y la segunda vuelta de 2010, el Servel determinó que el 57% de los dineros utilizados en las campañas provino de aportes privados. Cuatro años antes, durante las campañas de 2005 y 2006, el porcentaje de dineros de origen privado ya había alcanzado a 50,1%.

Una de las interrogantes que surge respecto de los financiamientos que tienen carácter secreto es el tipo de relación de largo plazo que se puede llegar a establecer entre el donante y el beneficiado, algo que de acuerdo a los propios partidos políticos, es imposible de determinar y dimensionar.

En mayo del año pasado, un grupo de diez diputados de oposición, liderados por Jorge Burgos (DC) y Carlos Montes (PS) presentaron una moción para transparentar el proceso electoral, utilizando como principal argumento que esta falta de transparencia lesionaría gravemente la confianza de la ciudadanía hacia la clase política. Sin embargo, el proyecto, al no contar con urgencia, se encuentra estancado en la comisión de Gobierno Interior.

En esta misma línea, el martes pasado el diputado independiente Miodrag Marinovic presentó una nueva moción para regular y transparentar los aportes. Esto en directa respuesta al episodio Isasi.

Lobby en los pasillos del Congreso. Pero la falta de una normativa más específica respecto a las donaciones no es el único cómplice de estas posibles malas prácticas. Y es que la realización de lobby por parte de privados durante las discusiones legislativas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, es parte del panorama diario en Valparaíso.

Bajo esta lógica, el gobierno de Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley que busca regular el cabildeo desde distintas aristas. La principal, de acuerdo a la prioridad manifestada por el propio Ejecutivo, es permitir que las agendas de los funcionarios públicos tengan el carácter de públicas, lo que permitiría tener registro de cada una de las reuniones que realizan autoridades como ministros y parlamentarios y determinar así los posibles contactos con lobistas.

Desde la oposición, sin embargo, pese a compartir esta iniciativa, aseguran que es necesario además ampliar la lista de autoridades que deberán transparentar sus agendas, sumando a asesores legislativos y jefes de gabinetes, entre otros, lo que contaría con el apoyo del gobierno.

Junto a esto, plantean la posibilidad de realizar un registro nacional de lobistas, que permita que tanto el mundo privado como público tenga identificado quienes ejercen esta función.

Así, como forma de avanzar en este debate y lograr una normativa cuanto antes, es que el gobierno agendó con los miembros de la comisión de Constitución de la Cámara Baja un encuentro con el ministro Larroulet, la que se realizará hoy en La Moneda.

Debe saber

¿Cuál es el conflicto?
La acusación de cohecho en contra de la diputada Marta Isasi reabrió el debate respecto a la regulación que se debe realizar en el financiamiento de las campañas parlamentarias y presidenciales.

¿Qué permite actualmente la legislación?
De acuerdo a la ley 19.884, los candidatos podrán recibir aportes de carácter anónimo y privado. En la campaña de 2009, el 57% de los fondos fue donado por privados.

¿Cómo se puede regular?
En mayo del año pasado un grupo de diputados de oposición presentó un proyecto de transparencia. A esto se suma la nueva iniciativa ingresada el martes por el independiente Miodrag Marinovic que apunta al mismo punto.

Pasos de transparencia

Corría el mes de  octubre del 2002 cuando se conocieron las denuncias de casos que vincularon el dinero con la política. En ese momento Insulza y Longueira trabajaron en un acuerdo para lograr un pacto y salir de la crisis .

Noviembre/2003
Se envió un proyecto de ley que regula las gestiones del lobby. Su debate fue largo y expusieron muchas organizaciones y especialistas. Finalmente fue vetado y terminó su tramitación en el Congreso. 

Octubre/2008
Durante el gobierno de Michelle Bachelet se envío un nuevo proyecto de ley. La idea era evitar la "captura" de la autoridad pública por los interés de los privados.

Julio/2009
El Senado aprueba la Ley del Lobby con algunos cambios. En su tramitación se modificó el proyecto de ley, básicamente, para hacerlo más coherente en su relato normativo. Se cambió la definición de lobby, sale el concepto de interés individual por el de interés particular y se rebaja el periodo de inhabilidad para los sujetos pasivos de lobby que han cesado en su cargo a un año, para una vez cumplido ese plazo poder ejercer como lobista.

Mayo/2012
El presidente Sebastián Piñera formula una indicación que reforma todo el proyecto de ley. Dentro de los cambios se elimina el "registro de lobistas", y propone un "registro público de agenda de las autoridades".

Mayo/2013
El caso de la parlamentaria Marta Isasi puso nuevamente el tema en la agenda. En medio de la crisis  se buscan fórmulas legales para regular de mejor forma la actual ley de lobby.