Como una iniciativa legal "bien orientada", aunque no exenta de riesgo para la agenda tecnológica que impulsa la administración Piñera, califica el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) el proyecto de ley que introduce modificaciones a la legislación tributaria en materia de factura electrónica.

La iniciativa, calificada con suma urgencia y que por estos días está en su segundo trámite constitucional en la comisión de Hacienda del Senado- luego de las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados- apunta a la modernización del sistema tributario que el Gobierno viene impulsado para rebajar costos a los contribuyentes y luchar contra la evasión, además de reducir el impuesto de timbres y estampillas.

Según LyD,  hoy la factura electrónica es uno de los pilares de la simplificación, por lo que la tecnología y regulación de la firma digital "son elementos claves", para el intercambio de documentos electrónicos, tanto en la confianza de la identidad de los emisores, como de la integridad de los datos contenidos.

No obstante ello, puntualiza que es necesario analizar y reevaluar parte de la normativa, ya que existen "desafíos y riesgos" que deben ser considerados. Uno de ellos, justamente, tiene que ver con el tiempo para implementar la nueva normativa por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII).

FACTOR TIEMPO

Según el proyecto de ley ingresado en abril de este año,  antes que la medida opere en régimen, se establece un periodo de transición de dos años. 

Durante dicho periodo se espera que, con el programa diseñado por SII- que incluye la aplicación gradual de la obligación legal- en el mediano plazo la totalidad de los contribuyentes estén operando con documentos tributarios electrónicos, lo cual "traerá aparejado importantes beneficios para los contribuyentes y, asimismo, permitirá un mayor control sobre la evasión tributaria", explica el proyecto.

Al respecto, LyD precisa que "debe re-evaluarse la suficiencia de los plazos establecidos para la implementación gradual de la factura electrónica obligatoria para las empresas".

Es que el tema de los plazos no es menor, ya que en los dos años que se postula la implementación total de la iniciativa son varios los factores a medir.

El centro de estudios  indica que en línea con el tiempo para la instauración de lanormativa "sería recomendable aclarar que la facturación electrónica, en caso alguno, puede implicar que el SII esté facultado para imponer a los contribuyentes la adopción de determinadas tecnologías de información, software, hardware, así como tampoco imponer la contratación de determinados servicios o con ciertas empresas, pues esto excede el ámbito de sus atribuciones".

Por ello, apunta, sería recomendable evaluar la incorporación de programas de capacitación en la materia, a los pequeños empresarios, por parte de la autoridad tributaria.

LyD asegura que si bien existe consenso entre los expertos en que -en el largo plazo- tanto el Estado como los privados se beneficiarían del uso de factura electrónica, los primeros por la mejora en materia de fiscalización y los segundos por el menor costo por factura, reducción de trámites y los ocho días más al mes para pagar el IVA, "esto sugiere que existiría escaso interés, desinformación o prohibitivos costos de implementación del uso del medio digital, cuestión que el legislador no debe dejar de considerar al imponer esta exigencia a las empresas y, especialmente, a las Pymes".

El tema de los plazos también hizo eco en los trabajadores del SII.

En agosto pasado la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile (Aneiich) criticó en la comisión de Hacienda del Senado los plazos para la funcionalidad del instrumento.

Según el presidente de la entidad, Carlos Insunza,  la obligatoriedad de la norma se aleja de la realidad, ya que en un plazo de dos años el SII debe pasar de procesar 150 millones de facturas electrónicas a 225 millones y de 100 mil a 680 mil libros mensuales contables, "lo que es un plazo muy breve para consolidar los sistemas y plataformas informáticas", dijo.

En dicha instancia añadió que  es una exigencia "que nuestra institución no está en condición de absorber, ya un problema de capacidad institucional".

Con todo, LyD apuesta a que el Ejecutivo y el SII debieran informar en la tramitación del proyecto las eventuales dificultades del mecanismo previsto, a fin de solucionar via normativa, los eventuales inconvenientes.