La batalla entre Polla Beneficencia y los casinos online está al rojo. El pasado miércoles la estatal interpuso una querella por el presunto delito de lavado de activos en contra de los procesadores de pago que supuestamente se beneficiarían con las plataformas de apuestas en una nueva ofensiva para frenar su expansión en Chile.

En paralelo, dos accionistas minoritarias del Hipódromo Chile también lanzaron una ofensiva legal en contra de las casas de apuestas.

Se trata de las abogadas Soledad Ramírez, exsuperintendenta de Seguridad Social, y Silvana Pereira, propietaria de caballos fina sangre, quienes de manera individual interpusieron una denuncia y una querella por los presuntos delitos de lavado de activos y el delito de apuestas hípicas ilegales y administración desleal.

En la querella presentada por Pereira en su calidad de “víctima directa de los perjuicios patrimoniales causados a la sociedad” ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, indica “por el delito de administración desleal en contra de todos aquellos que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores de acuerdo con la investigación”, a lo que agrega solicitando que “se les apliquen las máximas penas”.

Se trata de ”hechos que revisten caracteres de delitos de explotación y facilitación de apuestas hípicas fuera del régimen legal". En ese punto, la abogada cita el artículo tercero de la Ley 4.566 que establece que “se aplicarán -las disposiciones del Código Penal- a todo aquel que explote las apuestas de caballos sin que tenga esta prescripción”. De igual forma, asegura que se trata de una “administración desleal”.

“En el caso del juego ilegal si existen delitos muy claros”, asegura Pereira. “Hay evidencia robusta y suficiente de que en el caso de hípica a través de estos contratos de ‘venta de señal’ casas de apuestas ilegales han profitado del juego que generan nuestras carreras perjudicando a todos los accionistas y a los propietarios y trabajadores de la hípica”, señala Pereira frente a la relevancia de esta investigación que lleva adelante la Fiscalía.

En línea con la querella de Pereira, la exsuperintendenta de Seguridad Social acusa “delito de lavado de activos” amparándose en “toda vez que la apropiación y explotación ilícita de la señal de carreras hípicas y la constitución de ‘pozos paralelos’ han disminuido los ingresos del totalizador chileno, afectando el Fondo de Premios, las asignaciones legales y el valor patrimonial de mi inversión como accionista, así como mis legítimos intereses como propietaria de caballos de carrera".

“La sociedad anónima Club Hípico de Santiago, registra desde hace varios años perdidas y saldos negativos”, acusa también Ramírez, algo que “se debe en parte importante producto del juego o apuestas ilegales de carreras de caballos disputadas en Chile”.

“Es una investigación que esperamos siga realizándose con toda la rigurosidad que requiere un tema tan grave como este”, dice la abogada del caso, Catherine Latrhop, de la firma Lathrop & Blanco, quien además acusa una operación dentro de un “vacío legal” por parte de las casas de apuestas o bookmakers: “Funcionan de facto; acciones que estimamos podrían ser constitutivas de lavado de activos, administración desleal y competencia desleal, que sin duda tienen un impacto en nuestros jóvenes y adicionalmente causan perjuicios incalculables a industrias formales y reguladas como los hipódromos o dictar un reglamento que las ampare, no obstante la ilegalidad en la que han funcionado".

También apuntan contra las autoridades sectoriales como el Consejo Superior de la Hípica y el Ministerio de Hacienda por no haber investigado seriamente el “acuerdo”, lo que podría consolidar una “apariencia de tolerancia frente a mecanismos de captación, y de intermediación de apuestas al margen del régimen legal vigente”.

Esto propósito de declaraciones públicas del abogado de cinco de las mayores casas de apuestas en línea, Carlos Baeza Guiñez, las cuales fueron formuladas en la Comisión de Hacienda del Senado y en presencia de la Subsecretaria de Hacienda.

“Hacienda tiene la obligación de supervigilar y/o fiscalizar a los hipódromos en la apuesta hípica”, dice Pereira apuntando además a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que “debe fiscalizar a las sociedades anónimas sobre todo si existen alertas sobre estos contratos que están probando daños a las utilidades de ellas y perjudicando a los accionistas relacionados con que en los hechos se están generando juego ilegal”.

Perjuicios a la Sociedad

Respecto a cómo afecta a la Sociedad, argumenta que dicho actuar afecta a los Fondos de Premios, el cual se calcula y financia sobre la base del “monto bruto” de las apuestas mutuas procesadas por el hipódromo bajo el régimen legal, situación que no ocurre cuando se realizan fuera del “régimen autorizado” ocurriendo “una fuga del volumen real de apuestas desde el sistema regulado hacia circuitos no sometidos al descuento legal”, lo que merma dicho Fondo.

De acuerdo con el documento, el actuar “ilegítimo” de las casas de apuestas online, provocan pérdidas sostenidas y deterioro; generan un riesgo sancionatorio y contingencias; reducen el valor económico de la compañía; y causan un daño reputacional y pérdida de mercado frente a competidores o canales informales del patrimonio social.

Respecto a la merma sufrida por la Sociedad Hipódromo Chile S.A., en términos monetarios, durante 2023 y 2024 registró pérdidas que suman US$3.035.015, mientras que en 2021 y 2022 no se registraban pérdidas, sino utilidades totales equivalentes a US$1.757 millones.

No solo a la Sociedad, sino que al Estado: “Acá hay perjuicio al fisco, hay uso de medios, y procesadores de pago que se utilizan para concretar estas operaciones ilegales. Insisto en el caso de la hípica hay dos delitos muy claros y esperamos que pronto podamos avanzar en formalizaciones. En eso no vamos a dejar de insistir y trabajar, ya que de esto depende el trabajo de mas de 40 mil personas en este país. Eso es la hípica, mucho trabajo”, dice Pereira.

Vínculo público con SIS

Sports Information Services (SIS), según se lee en la querella, “declara públicamente mantener un acuerdo de distribución global con Hipódromo Chile para proveer sus carreras a casas de apuestas”. Dicha plataforma hizo su debut en el mercado online chileno en 2023 mediante un acuerdo con Estelarbet, casa de apuesta con la cual suscribió para “entregar contenido de carreras”.

Este mecanismo operativo facilitaría el desvío de ingresos desde el sistema regulado hacia plataformas externas, lo que terminaría perjudicando el patrimonio de la sociedad y el Fondo de Premios, por lo que Pereira asegura que “estos antecedentes tornan indispensable que el Ministerio Público establezca el contenido, alcance y destinatarios efectivos de dichos acuerdos y su eventual convergencia operativa, particularmente para determinar si la señal y datos del Hipódromo Chile han sido utilizados como medio esencial para la explotación de apuestas sobre carreras hípicas fuera del circuito legal".