En una sesión extraordinaria que realizó el consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el mes pasado, y que duró casi 40 minutos, la nueva presidenta del organismo, Catherine Tornel, informó a los comisionados su decisión de remover a tres altos directivos.

Daniel García dejó sus funciones como director general de supervisión de conducta de mercado, Nancy Silva fue removida de su cargo como directora general de estudios y José Antonio Gaspar ya no sigue como director general jurídico.

Quien preside la CMF, en su calidad de jefe de servicio, tiene la facultad de remoción o designación de funcionarios. Pero al pertenecer los directores generales desvinculados al segundo nivel jerárquico de la institución, la presidenta tuvo que informar y pedir la opinión previa del consejo, quienes tienen voz, pero no voto en la desvinculación.

Por eso es que Tornel convocó “en carácter de urgente” a una sesión extraordinaria aquel 19 de marzo, y por eso también quedaron en acta los fundamentos de su decisión, al igual que los argumentos que dieron los comisionados Bernardita Piedrabuena y Beltrán de Ramón para estar en desacuerdo con tal definición.

Por su parte, el otro comisionado que estuvo en la ocasión, Augusto Iglesias, pidió no incluir su opinión en el acta. En todo caso, según adelantó Pulso hace algunas semanas, los tres estuvieron en contra de las remociones.

El acta muestra que Tornel fundamentó su decisión “en que, habiendo ejercido por más de dos años el rol de comisionada y, por ende, conociendo adecuadamente el funcionamiento de la CMF, dispone de los elementos necesarios para contar con una opinión fundamentada respecto de la gestión de las distintas áreas de la institución”.

Por eso, manifestó haber estimado “necesario implementar un cambio de liderazgo y enfoque en la gestión de las referidas direcciones generales, en base a las competencias y características que estos cargos específicos requieren para enfrentar los desafíos institucionales”, detalla el acta.

Luego le dio la palabra a Augusto Iglesias, “quien, luego de reconocer que la presidenta puede tomar estas decisiones en el ejercicio de sus facultades, le da a conocer su opinión detallada respecto a cada una de ellas. En consideración al hecho que la destinataria de estas opiniones es, precisamente, la presidenta del consejo, a quien se las dio a conocer en esta oportunidad, el comisionado Iglesias decide no incluirlas en el acta”, afirma el documento.

Luego, el comisionado De Ramón dijo “no estar de acuerdo con la desvinculación de los directores generales, por cuanto estima han hecho una destacada labor asesorando al consejo de la Comisión y porque es precipitado hacer un ajuste de esa magnitud en este momento cuando acaba de ocurrir un cambio de signo político en el gobierno del país, por lo que esta decisión podría interpretarse como un daño a la autonomía técnica de la CMF”.

La decisión la tomó Tornel ocho días después de que asumiera la presidencia de la institución, luego de ser designada en el cargo por el gobierno de José Antonio Kast, tras el fin legal del mandato de la timonel anterior, Solange Berstein.

A continuación, la comisionada Piedrabuena primero reconoció que “la presidenta puede tomar estas decisiones en el ejercicio de sus facultades”, pero como se solicitó su opinión, expresó que no compartía las justificaciones de esta resolución.

“Las razones de aquello son, en primer lugar, que a su juicio los directores señalados cumplieron en forma sobresaliente las funciones y tareas encomendadas, mostrando un alto profesionalismo, una conducta ética acorde al cargo y un fuerte compromiso con la institución”, sostiene el acta.

En segundo lugar, Piedrabuena argumentó “que la salida de tres directores de primera línea, junto con el eventual nombramiento del director general de supervisión prudencial como comisionado (Osvaldo Adasme), si es que su nombre es ratificado por el Congreso, genera un ambiente de incertidumbre al interior de la institución que podría disminuir su efectividad”.

Por último, la comisionada afirmó que “el espíritu del cambio legal introducido por la Ley 21.000 fue contar con un regulador técnico cuyas decisiones fueran independientes y entregaran certidumbre al mercado, lo cual se logra, entre otros, con un cuerpo colegiado con las características que establece la Ley 21.000 y equipos técnicos profesionales que permanezcan en sus cargos mientras cumplan adecuadamente con las labores encomendadas por el consejo”.

La dirección superior de la CMF está a cargo de un cuerpo colegiado de cinco miembros, pero hoy solo hay cuatro integrantes. Existe un puesto vacante que el gobierno pretende llenar con Osvaldo Adasme, una vez que este obtenga el visto bueno del Senado.

Además del consejo, Gaspar era un asistente habitual a las sesiones que realizaban los comisionados. Ese 19 de marzo, por razones obvias, por primera vez en muchos años no asistió. Estuvo presente quien lo subroga actualmente, Claudia Soriano. La CMF ya abrió concurso público para buscar ese reemplazo: el director general jurídico será elegido a fines de abril, luego de una terna que defina el consejo, a partir de la cual Tornel deberá escoger al reemplazante de Gaspar.