BancoEstado concentra más de la mitad de las tarjetas de débito del país y lidera en ahorro y cobertura territorial, con presencia en todas las comunas de Chile. Pero el gigante estatal financiero enfrenta a sus competidores privados en una batalla judicial que cobra fuerza en los últimos meses.

El banco estatal demandó a Banco Falabella y Banco Consorcio por negarse a pagar tarifas por Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF), acusándolos de haber incurrido en “enriquecimiento ilícito”. Según BancoEstado, ambos competidores han utilizado durante años su red para enviar fondos a sus clientes sin retribuir por el servicio prestado.

La primera acción la presentó el 5 de septiembre de 2024 ante el 14º Juzgado Civil de Santiago. En más de 20 páginas, BancoEstado acusó a Banco Falabella de enviar más de 342 millones de transferencias entre 2019 y 2024 sin compensación alguna. Exige el pago de 1.416.131 UF —más de $55 mil millones— por esas operaciones, argumentando que la entidad privada es un usuario neto del sistema y ha generado una carga operacional no remunerada.

Pese a que la mayoría de los bancos ha adherido a un sistema tarifario instruido por la Corte Suprema o a una propuesta alternativa vigente desde abril de 2024, Falabella no sólo habría rechazado ambos esquemas, sino también las facturas emitidas. “Banco Falabella debería haber pagado a BancoEstado una suma promedio mensual de $2.218 millones”, señala el escrito.

La demanda afirma que esa conducta vulnera principios generales del derecho. La entidad afirma que las deudas de Banco Falabella han quedado “absolutamente impagas y no compensadas, provocando con ello un evidente y grave perjuicio a nuestra representada e incurriendo en la figura del enriquecimiento ilícito”.

Añade que “el equilibrio entre los dos patrimonios se ha roto injustamente”, lo que configura un “desplazamiento patrimonial contrario a los principios y normas que informan nuestro derecho”. BancoEstado pide la restitución íntegra del monto, más intereses y costas.

El segundo caso se presentó el 21 de marzo de 2025 ante el 29º Juzgado Civil de Santiago contra Banco Consorcio. El banco estatal lo acusa de beneficiarse del sistema sin pagar por el servicio, pese a haber enviado más de 14 millones de transferencias a clientes de BancoEstado, cifra muy superior a las operaciones recíprocas. El perjuicio ascendería a 96.242 UF —más de $3.737 millones—.

“Han quedado absolutamente impagas y no compensadas, provocando con ello un evidente y grave perjuicio a nuestra representada e incurriendo en la figura del enriquecimiento ilícito”, sostiene la demanda. BancoEstado asegura que sólo Banco Consorcio y Banco Falabella se han negado a pagar, a diferencia del resto de las instituciones financieras que sí lo hacen conforme a las tarifas establecidas. Exige también en este caso la restitución de los montos con intereses y costas.

Descargos

Banco Falabella y Banco Consorcio rechazaron las demandas presentadas por BancoEstado. Ambos calificaron la acción judicial como “oportunista y carente de fundamento”, ya que durante años —afirman— existió una relación basada en prestaciones recíprocas sin cobros entre ellos por transferencias electrónicas. En su defensa, alegan que nunca se pactó una tarifa y que, por lo tanto, no existe obligación de pago.

Falabella acusó que la demanda se basa en una “tesis falaz” y sostuvo que BancoEstado busca “un provecho económico indebido” al intentar aplicar tarifas de forma retroactiva. “No se puede pretender exigir el pago de una tarifa que jamás ha sido convenida”, señaló. Afirmó que la relación entre ambos bancos funcionó por años sin un acuerdo escrito, bajo el entendido de que los servicios prestados eran recíprocos.

Banco Consorcio fue más allá y acusó a BancoEstado de tener una conducta históricamente abusiva con el resto del mercado. Recordó que la propia Corte Suprema calificó como “abusiva” la posición de BancoEstado al fijar tarifas interbancarias sin sustento. “BancoEstado ha evitado participar en procesos de autorregulación tarifaria, prefiriendo imponer unilateralmente sus condiciones”, planteó.

Ambos bancos coincidieron en que las tarifas interbancarias en Chile no están reguladas por ley y sólo pueden exigirse si fueron pactadas entre las partes. Por eso, argumentaron que no procede la figura de enriquecimiento sin causa, pues hay una relación contractual vigente y ningún empobrecimiento que justifique la demanda.