Esta semana, el caso Sartor vivirá un momento clave en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Antes de la esperada audiencia de formalización, que se realizará el 30 de julio, el fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Juan Pablo Araya, decidió ampliar los cargos contra los once imputados de la causa.

En un principio, el Ministerio Público contemplaba formalizarlos por los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa. Sin embargo, mediante un nuevo oficio enviado al tribunal, la Fiscalía sumó dos nuevas acusaciones: fraude a la omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) y lavado de activos.

El primer delito, indicó la petición de la Fiscalía al Tribunal, que incorporó las nuevas imputaciones, se cometió el 13 de diciembre de 2024 y corresponde a la compraventa del 90% de las cuotas del fondo Tactical Sport por parte de Michael Clak, entonces presidente de Azul Azul.

En tanto, el delito de lavado de activos, tiene fecha de inicio en octubre de 2022. Ambos delitos se imputarán en la calidad de autor, consumado, “con las precisiones que se realizarán en la audiencia respectiva”.

El grupo de formalizados estará liderado por Pedro Pablo Larraín Mery, ex controlador y ex presidente de Sartor, quien declaró, en más de una ocasión, ante el Ministerio Público, durante junio y julio. Larraín es defendido penalmente por el abogado Jaime Winter.

Entre los 11 formalizados estarían otros ex socios y ex directores de Sartor. Además de Pedro Pablo Larraín serán acusados su hermano Carlos Larraín Mery y los ex directores de la AGF Alfredo Harz, Michael Clark, Óscar Ebel, Juan Carlos Jorquera, Mauro Valdés, Miguel León Núñez y Rodrigo Bustamante. A ellos se suman los ex ejecutivos de Emprender Capital, Hugo Baranda y Sergio Yáñez.

La CMF cursó multas ya contra ocho de ellos, con sanciones que suman 367.500 UF, unos US$ 14 millones: las mayores sanciones correspondieron a Larraín (80 mil UF), Harz (75 mil UF) y Clark (65 mil UF).

Ante la inminente formalización, varios abogados de los querellantes anticiparon las medidas cautelares que solicitarán.

César Ramos, socio de Bofill y Ramos Abogados, dijo que aún no tienen claridad sobre las imputaciones que realizará la Fiscalía contra los involucrados y que grado de responsabilidad que le atribuirá a cada uno. “Si tú eres imputado de todos los delitos con un rol protagónico y principal, no tienes opción, pero si tienes a otra persona que solo tenía que ver con las firmas de los estados financieros, no le puedo atribuir la comisión de delitos más complejos”, argumentó el abogado.

Ramos, que junto a Jorge Bofill representan a 43 querellantes, dijo que se plegarán a la posición del Ministerio Público. “Nosotros queremos alinearnos a lo que haga la Fiscalía, que creo que no pedirá nada distinto que no sea prisión preventiva. Queremos pedir prisión preventiva en contra de cada uno de ellos, a menos que la Fiscalía, por su colaboración, haga una distinción”, concluyó.

Ramos explicó que dada la prognosis de pena es probale que el juez le conceda la cautelar de prisión preventiva. “El pronostico es de pena concreta de crimen, por lo que parece que sería lo esperable”, dijo.

Abogados consultados recuerdan que la nueva Ley de Delitos Económicos, promulgada en 2023, hace más posible que los imputados arriesguen pena de cárcel efectiva, dados los agravantes que estableció la legislación. “Hay algunos que concurren objetivamente, como por ejemplo la de la jerarquía”, dice Ramos.

“La medida cautelar más gravosa”

Susana Borzutzky abogada querellante de víctimas de ECapital, afirmó que “quien defrauda a numerosas víctimas, utiliza sus fondos para fines personales y pone en jaque la confianza en el mercado, debe enfrentar la medida cautelar más gravosa de nuestro ordenamiento jurídico: la prisión preventiva en contra de los señores Larraí, Baranda y Jorquera”. Borzutzky asegura que los imputados no “han mostrado el más mínimo arrepentimiento ni voluntad de reparar el daño”.

“Confiamos en que el Ministerio Público respaldará nuestra solicitud de prisión preventiva. La gravedad de los hechos y el daño causado a las víctimas de ECapital exigen una señal clara de la justicia: nadie puede lucrar con el patrimonio ajeno y permanecer en libertad”, agregó.

A inicios del año pasado, Borzutzky presentó una querella contra del fundador de Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín Mery, su hermano Carlos, Hugo Baranda y las empresas Emprender Capital Servicios Financieros SpA (Ecapital), Danke SF SpA y Sartor AGF. El perjuicio que su acción judicial cifra para su defendido, Gonzalo Echeverría, asciende a $ 600 millones.

Ameris

Ameris, gestora que fue designada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) como liquidadora de los Fondos de Inversión Sartor Táctico Perú y Sartor Facturas USD, también es querellante y su representante es el abogado Matías Balmaceda, quien dice que

“Estamos frente a una etapa en donde se podrá ver por primera vez con claridad la gravedad de los hechos investigados y el enorme perjuicio causado a los aportantes de los fondos”, indica el abogado.

“El escenario no es igual para todos los imputados, pero evidentemente, en el caso de los que estuvieron mas cercanos a la toma de las decisiones y han optado por no colaborar con la investigación la prisión preventiva, al estar frente a delitos económicos cuya nueva categoría que se estrenará en esta audiencia, es razonable y proporcional”, acotó.

Por Azul Azul

Alejandro Laura, abogado querellante que representa a cinco accionistas minoritarios de Azul Azul, destacó que “lo más relevante es que la Fiscalía, que es un órgano imparcial, concluyó tras una investigación muy exhaustiva, que Michael Clark cometió un delito al adquirir las acciones de Azul Azul. Esto valida lo que hemos sostenido los querellantes: él debió haberlas adquirido mediante una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA). Es algo que ya había señalado la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y que ahora ratifica el Ministerio Público tras una excelente investigación”.

“Nosotros nos adheriremos a las peticiones que formule el Ministerio Público. Lo fundamental para nosotros es que las medidas cautelares sean proporcionales a la cantidad y a la gravedad de los delitos que se le imputan a Michael Clark, considerando las penas asignadas a estos ilícitos”, dijo.

“El objetivo central de los accionistas minoritarios de Azul Azul es lograr un gobierno corporativo verdaderamente transparente. Y eso, ineludiblemente, pasa por la salida de Michael Clark y del grupo Sartor del control de las acciones del club”, concluyó.