El fiscal Juan Pablo Araya Paredes de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, ingresó una solicitud ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago para fijar una audiencia de procedimiento abreviado en el denominado caso Factop.

A través de un documento al que accedió Pulso, el persecutor propuso el próximo 27 de julio a las 09:00 horas como fecha para “discutir la continuación del procedimiento conforme a las normas del procedimiento abreviado (...) respecto del imputado Álvaro Jalaff Sanz”, exsocio de Grupo Patio.

Frente a esta petición, el juez Nicolás Flores dictó una resolución donde ordena disponer de la Sala D-101 del Centro de Justicia para debatir la solicitud en el día y horario planteados por el Ministerio Público.

Este nuevo hito en el denominado caso Factop ocurre luego que uno de los mayores acreedores del factoring fundado por los hermanos Daniel y Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg, el fondo inglés Global SME Growth se desistiera de sus dos querellas en contra del empresario Alvaro Jalaff.

En abril de 2024, el 7° Juzgado Civil de Santiago declaró la quiebra de Factop, detallando pasivos por $59.304 millones. Ante el tribunal el factoring reconoció que adeudaba $ 5.548 millones al fondo inglés.

El 13 de enero de 2025, el Ministerio Público formalizó a 19 imputados, entre ellos: Álvaro y Antonio Jalaff Sanz. Al primero imputó la comisión delitos tributarios por la emisión de facturas falsas, estafa y lavado de activos y al segundo: delitos tributarios, infracción a la Ley de Mercado de Valores, estafa, administración desleal y cohecho. Este último fue desestimado, luego que la Fiscalía en una audienica comunicara su decisión de no perseverar.

Los penalistas Hugo Rivera, Álvaro Morales y Juan Esteban Montero forman parte del equipo legal de abogados que asesora a Alvaro Jalaff.

Arremetida

En enero de 2026, el exsocio de Grupo Patio, Álvaro Jalaff, decidió cambiar su estrategia judicial. Pese a mantener su calidad de imputado, pasó a la ofensiva y presentó una querella contra los fundadores de Factop: Daniel y Ariel Sauer, junto a Rodrigo Topelberg, a quienes acusa de estafa y fraude informático.

El argumento de Jalaff es directo: asegura que los dueños del factoring usaron el nombre y el RUT de sus sociedades de inversión a sus espaldas. Según la querella, Factop emitió más de 500 facturas ideológicamente falsas vinculadas a sus empresas sin su conocimiento ni autorización, utilizándolo solo como un puente para justificar sus flujos de dinero.

El documento detalló que solo durante el año 2023, Factop y sus sociedades relacionadas (como Asesorías e Inversiones Art SpA, Comercial Textil Ziko Limitada, Inversiones Das e Inversiones Guayasamín) emitieron 503 facturas ideológicamente falsas. Estas fueron dirigidas a las sociedades de inversión de Jalaff específicamente a Empresas Proulx Chile, acumulando un monto superior a los $4.984 millones.

Uno de los ejes centrales y más graves descritos en el libelo es la utilización de un sistema bautizado como “triple check”. Jalaff acusó que los controladores de Factop accedieron sin autorización a las claves tributarias de sus sociedades en el Servicio de Impuestos Internos (SII).