“Desde el primer día hemos sostenido exactamente lo mismo: nuestro objetivo no es que Chile sea sancionado. Nuestro objetivo es que Chile pueda demostrar, con hechos, que produce respetando los derechos fundamentales de las personas. Si las reformas se implementan oportunamente, las medidas comerciales dejan de ser necesarias. Esa siempre ha sido nuestra posición”, enfatiza Carolina Rudnick, presidenta y cofundadora de Fundación Libera contra la Trata de Personas y la Esclavitud en Todas sus Formas, una de las denunciantes que pusieron en el banquillo de Washington a los exportadores chilenos de salmón y fruta.

Abogada de la U. de Concepción y máster de la London School of Economics, Rudnick también lideró el diseño del primer plan de acción nacional contra la trata de personas del Estado de Chile (2013 y 2014) y en julio de 2025, en medio de las negociaciones entre Chile y Estados Unidos por el arancel de 10% impuesto por la administración Trump a los productos chilenos, solicitó de manera oficial a la USTR y a la cancillería chilena que incluyeran medidas para abordar el trabajo forzoso.

El proceso en la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) comenzó el 12 de marzo pasado con la apertura de investigaciones contra 60 economías. El 2 de junio, el organismo determinó que Chile y otros 53 países más incumplían los estándares laborales mínimos y propuso un arancel del 12,5% a las importaciones chilenas. Las audiencias públicas en Washington se realizaron el 7 de julio y entre agosto y octubre de este año, se conocerá la decisión final: si EE.UU aplica, reduce, condiciona o desestima este arancel, que encarecería los productos chilenos.

Consultada por las razones que llevaron a Libera a escalar desde los tribunales nacionales hasta una instancia de revisión arancelaria en Washington, Rudnick explica que “más que escalar un conflicto, lo que hicimos fue utilizar un mecanismo institucional existente, transparente y público, para dar a conocer situaciones gravísimas de vulneración de derechos laborales que sindicatos, agrupaciones de trabajadores y la sociedad civil chilena lleva décadas denunciando, sin avances significativos”.

Y agrega que desde 2019, Libera ha denunciado sistemáticamente ante autoridades chilenas la existencia de prácticas equivalentes a trabajo forzado en la agricultura, la acuicultura, la minería y la construcción. En 2022 lo hicieron ante la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Trata de Personas. En 2023 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el Parlamento Europeo. Y el 2024 en el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Respecto del argumento central de la denuncia, Rudnick reitera que el sistema estatal y de justicia chileno “invisibiliza, minimiza, tolera y/o derechamente fomenta estas prácticas laborales ilícitas en la economía privada, al mismo tiempo que carece de instrumentos, competencias e institucionalidad sólida y adecuada para abordar un problema tan profundo y arraigado como es la explotación económica del trabajador a través de la coacción, del abuso de poder y de su vulnerabilidad”.

No obstante, destaca que a inicios de este año con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte lograron importante avances, ya que la Corte de Apelaciones de Santiago y el Tribunal Oral establecieron precedentes acerca del concepto de trabajo forzado y los estándares de investigación y prueba del delito. “Esto es un ejemplo de cómo la colaboración estado-sociedad civil puede fortalecer la protección de derechos”, puntualiza.

Ley de buceo

En la documentación presentada ante el USTR, la organización apuntó hacia la agricultura y salmonicultura, documentando la muerte de 11 buzos durante el primer semestre de 2026. Sobre las causas de esta letalidad, la presidenta de Libera acusa una combinación de fiscalización estatal débil, vacíos normativos y, fundamentalmente, el modelo de subcontratación.

Aunque el año pasado se promulgó la Ley 21.789, conocida como “Ley de Buceo”, Rudnick aclara que el reglamento que debe dictar el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Defensa aún está pendiente. “La evolución de estándares vinculados a los derechos humanos a estándares comerciales no es nueva. Esto es muy similar a lo que ocurre con el lavado de activos. Más allá de las motivaciones morales detrás de los aranceles, la existencia de vulneraciones a los derechos de los trabajadores en las cadenas de valor es un riesgo actual en la evaluación comercial, porque ahora se exige –aún de manera incompleta, y con todavía varios baches– que los derechos humanos sean parte del negocio”, argumenta.

Medidas “estructurales”

Consultada por el eventual daño que un alza de aranceles podría provocar a industrias que son el motor económico de regiones enteras del país, la abogada sostiene que “proteger a los trabajadores no es el costo de mantener estas industrias; es la condición para que sigan existiendo” y reitera que Libera no está pidiendo aranceles al USTR. “Estamos pidiendo que se reemplace esa imposición por la implementación gradual de un conjunto de medidas estructurales que permiten salvar las brechas existentes, que son muy concretas y que descansan en facultades del Ejecutivo, quien tiene pleno control para implementarlas” y apunta a la mayoría parlamentaria que hoy tiene el gobierno.

Agrega que la propias cifras de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) demuestran que aunque el año pasado los aranceles subieron de 0% a 10%, el valor y del volumen de las exportaciones de salmones de 2025 crecieron, por lo que de aplicarse el arancel anunciado, “esto implicaría un aumento del 2,5%, una cifra muy inferior a la que se impuso el año pasado, y que no causó, de acuerdo a los propios datos oficiales, que los gremios exportadores sufrieran golpes económicos o pérdidas de competitividad, todo lo contrario”, explicita.

Clima político

Sobre el clima político para implementar reformas laborales, Rudnick ve una ventana de oportunidad real en la mayoría que el gobierno tiene en las Cámaras. “No hay obstáculo para sacar adelante los proyectos de reforma que se necesitan, que son obligatorios por los compromisos internacionales que ha adoptado Chile respecto de su ordenamiento jurídico interno, y que, adicionalmente, corresponden a exigencias comerciales internacionales”, detalla.

En cuanto al proyecto de reforma de la Ley de Migración -que contempla la criminalización de la migración irregular-, Rudnick alerta sobre sus consecuencias directas para las cadenas de exportación frutícola: “El proyecto de ley no contempla ninguna salvaguardia para proteger a las víctimas de trata con fines de trabajo forzado de ser consideradas infractoras en lugar de ser reconocidas como personas sometidas a explotación”, sostiene.

Respecto del financiamiento de Libera, su presidenta detalla que la fundación no recibe fondos estatales ni aportes de empresas. En el registro de colaboradores del Estado figura con un patrimonio de $ 500 mil. “Nos hemos financiado en el pasado a través de la postulación a fondos internacionales de investigación e incidencia, pero principalmente nos sostenemos por el trabajo pro bono de las profesionales de Libera, de sus profesionales voluntarias, de estudiantes en práctica de pre y postgrado de universidades chilenas y extranjeras, y de redes nacionales e internacionales de colaboración”, explica.