El CEO de Blumar, Gerardo Balbontín, participó del SalmonChile Summit realizado en Frutillar y desde ahí conversó con Pulso sobre los puntos esenciales de la industria pesquera y acuícola, cuando enfrentan una ofensiva judicial contra el Estado a causa de la Ley de Fraccionamiento Pesquero. Legislación que fue aprobada el año pasado por la administración anterior y que entregó cuotas pesqueras desde los industriales a los artesanales.

¿Qué visión tiene de la megarreforma de la administración de José Antonio Kast, en particular con la relocalización?

- Hay tres iniciativas que son bien relevantes. Quizás van a promover la mayor producción, pero también van a eficientar los procesos. Pero yo creo que más que esas tres iniciativas legales que vienen en ese proyecto, lo más importante, lo más potente, son las señales que está dando el gobierno respecto a que necesitan que esta industria -que es un pilar fundamental para la economía de esta región- se ponga las pilas.

¿Las medidas van en la dirección correcta?

- Sin duda, tanto las que están en el proyecto como todas las señales, es importante aquí también las señales y la voluntad política que hoy día se ve en la autoridad para poder, en el fondo, ayudar a que este sector tan importante crezca.

El gobierno se ha pronunciado sobre el fraccionamiento pesquero señalando que lo implementará. ¿Cómo ve esa señal que está dando?

- Fue fuerte y clara. El proyecto se promulgó en junio del 2025, donde se cambiaron las condiciones que ya estaban en el fondo pactadas y teníamos en el fondo este contrato-ley ya con el gobierno hasta el año 2032, y eso ya dimos vuelta a la hoja y es un hecho.

Lo que era importante también era respecto de todo lo que quedaba en el proyecto de ley, y lo que hizo el gobierno, con muy buena señal, retiró el proyecto de ley que venía tramitándose de cambiar toda la ley de pesca. Siendo que no cambiaba absolutamente nada, ya era más de lo mismo, pero era poder seguir generando incertidumbre en la pesca industrial a través de las licitaciones, introducía mayor incertidumbre, mayor incerteza jurídica.

(...) Por el lado de la pesca, vemos bastante más tranquilo el tema regulatorio y yo diría que tenemos que lidiar con ese cambio de fraccionamiento.

Razón por la que tomaron acciones legales...

- Por supuesto que la compañía, como se sabe, tiene una demanda puesta al Estado por un compromiso y obligación fiduciaria que tenemos nosotros con nuestros accionistas, donde se nos cambiaron las reglas del juego.

Sabemos que el gobierno las puede cambiar, tiene la potestad para cambiar las reglas del juego, pero tiene que indemnizar en el caso de que las reglas del juego se hayan cambiado respecto a un derecho que estaba otorgado.

Entonces, lo que estamos reclamando, básicamente, es el proceso indemnizatorio que debieron hecho por haber cambiado el fraccionamiento y habernos adelantado, o más que adelantado, cambiado en el fondo siete años antes, un fraccionamiento que se debió haber discutido el 2032 y no el 2025.

¿Les gustaría que el gobierno tomara cartas en el asunto por esto?

- No, ya se zanjó. Hoy día es meterse en un tema político, que ni el gobierno lo va a hacer, ni nosotros tenemos la intención tampoco. Ya es una ley, sería empezar a escarbar de nuevo... pero nosotros estamos yendo a la parte judicial porque creemos que algo justo. El gobierno tiene la potestad para poder cambiarla, pero si va en perjuicio de una persona o una compañía, tiene que indemnizar, eso es lógico y la ley así lo establece ahí.

En la demanda se habla de este contrato-ley. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) defendió que una ley no es un contrato entre una empresa y el Estado. ¿Cómo lo ven ustedes?

- No estamos discutiendo la jurisprudencia o la constitucionalidad que tiene el Estado para poder cambiar leyes como esta. En el fondo, creemos que lo puede cambiar. El tema es el efecto que produce eso, cuando eso produce un efecto de desmedro hacia una empresa, hacia una institución, hacia una persona, la misma ley establece que eso debe ser compensado y eso es lo que nosotros estamos reclamando,

No estamos reclamando si el Estado tiene o no derecho a cambiar, pero cuando lo cambia tiene que ver cuáles son las consecuencias, y si esas consecuencias son desfavorables para un ente, va a tener que compensar y va a tener que indemnizar, eso es lo que estamos nosotros reclamando.

¿Valorarían que el gobierno ingrese modificaciones a la Ley General de Pesca?

- En este momento preferiríamos que no se haga nada, el fraccionamiento ya ocurrió. En el fondo nos interesa en lo particular como empresa que hay muchísimo más trabajo que hacer hoy día en salmonicultura y que es el enfoque que le está dando por lo menos este gobierno, donde hay muchísimo más que hacer y donde estaba tremendamente postergado.

Si hoy día tenemos una ley de pesca y acuicultura donde hace mucho tiempo lo único que estamos es parchando la ley a través de reglamentos y reglamentos... tenemos que entrar a ver si es que la ley que tenemos es la ley más adecuada o no.

¿No le harían cambios?

- La de fraccionamiento la dejaríamos tal como está.

¿Y la general de pesca?

- También, para dar certeza, lo primero que pasa cada discusión es más bien... sobre todo el tema pesquero es un tema bastante sensible desde el punto de vista político.

Cuando salió el tema de los fraccionamientos sabíamos que estábamos perdidos, si en el fondo era una discusión que políticamente era muy difícil poder en el fondo no aprobar: oye, la atribución a los industriales contra los artesanales. Todo un antagonismo que se genera y que no tiene ningún sentido, no tenemos nada que ganar ahí.