Las fuertes críticas que hicieron los expertos sobre la poca transparencia en la forma en que se calcula el impuesto territorial que determina el pago de las contribuciones sobre los bienes raíces en el país, fue uno de los argumentos que consideró el gobierno para decidir aplazar el reavalúo que corresponde aplicar en 2026, en un año.

En un primer intento, el Ministerio de Hacienda incluyó esta idea en un proyecto de ley tributario para pymes. Sin embargo, esa propuesta no avanzó y, por lo mismo, el Ejecutivo decidió separarlo e ingresar como iniciativa aparte esta modificación junto con una propuesta de reformulación del Fondo Común Municipal, lo que tampoco avanzó.

Finalmente y dado los acotados plazos, en la discusión de la Ley de Presupuestos 2026 la administración Boric se comprometió con los parlamentarios a incluir esta norma de postergación en el proyecto de ley de reajuste público, el cual debe comenzar su discusión el próximo lunes 5 de enero.

Pero mientras se concreta y se legisla, el Servicio de Impuestos Internos (SII), cumpliendo la ley vigente que dice que cada cuatro años se debe realizar un proceso de reavalúo -esta vez a contar del 1 de enero de 2026-, publicó una resolución con la actualización del valor fiscal de los bienes raíces no agrícolas del país.

Desde el SII explicaron a Pulso que, conforme a lo establecido en la Ley N°17.235, sobre Impuesto Territorial, cada cuatro años el servicio debe realizar un proceso masivo de actualización del valor fiscal de los bienes raíces no agrícolas del país, por lo que, en cumplimiento de ese mandato legal vigente, el SII publicó la Resolución N°209, con la metodología y factores incluidos en este proceso.

El subdirector de Avaluaciones del SII, Pablo Muñoz, sostuvo que el proyecto de ley que posterga este proceso no ha sido tramitado aún en el Congreso Nacional y, por ello, “como Servicio estamos obligados a cumplir con la legislación vigente, que nos mandata a publicar en diciembre la resolución que norma el reavalúo respectivo”. No obstante, enfatizó que el SII está “muy atento a los avances en la tramitación del proyecto, y en la eventualidad de que sea ley, emitir la resolución que deje sin efecto este proceso”.

Los cambios

En la resolución publicada por el SII, se menciona que en el marco del proceso de revisión de la metodología de determinación de los avalúos fiscales de los bienes raíces no agrícolas, “este Servicio realizó reuniones de trabajo con una serie de entidades externas públicas y privadas vinculadas con materias territoriales, urbanas, inmobiliarias, de construcción y de tasación”.

Eso es reforzado por Muñoz, quien afirma que “esta resolución recoge el trabajo técnico desarrollado por el Servicio de Impuestos Internos durante los últimos meses para incorporar mejoras al proceso de reavalúo, entre ellas, las observaciones y algunas de las sugerencias ya formuladas por la Comisión de Expertos convocada para para analizar y aportar antecedentes técnicos relevantes”.

Entre los principales ajustes, el SII señala que “con el objeto de simplificar y perfeccionar la metodología, se eliminó el coeficiente guía, dada su escasa aplicación; el coeficiente por relación entre línea oficial y fondo, atendido que tal condición se debe considerar en los estudios de valor de las respectivas áreas homogéneas; y, atributos de las guías técnicas para definir la calidad de las construcciones relacionados con la seguridad, sustentabilidad y con los materiales masificados de bajo costo”.

Se eliminó también el ajuste por altura que anteriormente se aplicaba al valor del terreno y se reemplazó por un nuevo factor que se aplica directamente a las construcciones tradicionales de siete o más pisos.

Asimismo, el SII indica que “se suprimió el factor comunal, dado que sus efectos ya se encuentran incorporados en el valor del terreno. En su lugar, se estableció un factor de seguridad de aplicación nacional, tanto para terrenos como para construcciones, cuyo objetivo es fijar los valores fiscales en un nivel promedio equivalente al 60% de los valores de mercado analizados durante el proceso”.

También se eliminaron los coeficientes comerciales de la comuna de Santiago y se modificó la aplicación del coeficiente de superficie, pasando a una aplicación de coeficiente de fórmula única que será aplicado al terreno de todo bien raíz que supere el rango máximo de su área homogénea.

Luis Felipe Ocampo, socio de Recabarren & Asociados considera que estas “adecuaciones metodológicas ayudan y se aplican criterios de realidad, no obstante, creo que el problema de este impuesto es que requiere una reformulación mucho más profunda”.

En cuanto a la postergación por un año que quiere hacer el gobierno, Ocampo indica que “en un año el asunto no podría ser estudiado con la profundidad que exigen los cuestionamientos a la situación de las contribuciones, más aún enfrentados al proyecto del futuro gobierno, de eliminar impuesto a la primera vivienda, que es una transformación en extremo gravitante”.P