Tenía urgencia inmediata. La idea del gobierno era poder al menos tener aprobado desde la Cámara de Diputados antes de las elecciones el proyecto de ley que posterga el reavalúo fiscal en un año, reformula el Fondo Común Municipal (FCM) y entrega beneficios a los adultos mayores.

Pero nada de eso será posible. Esto porque existen dudas entre los legisladores, especialmente de la oposición, sobre la reestructuración del Fondo Común Municipal. Así, un primer cambio apunta a que Lo Barnechea pasará a aportar el 65% sumándose a las comunas de Vitacura, Providencia y Santiago, ya que el resto aporta el 60% al Fondo.

Las Condes también sufre un cambio importante, puesto que pasa de aportar el 65% al 80% de lo recaudado por impuesto territorial. Además, los aportes por patentes comerciales subirán a 65% y 70%, respectivamente. Estas modificaciones permitirán una distribución más equitativa de los recursos entre las comunas.

El FCM se creó con el propósito de buscar una mayor equidad territorial, puesto que, si bien cada municipio tiene sus propios ingresos, las desigualdades territoriales que existentes requieren de un mecanismo de redistribución. Esta función la cumple, en parte, el Fondo Común Municipal, que fue creado en 1979.

El FCM redistribuye recursos netos solo desde 52 comunas; en otras palabras, 293 municipalidades del país reciben una mayor cantidad de recursos que lo que aportan a él.

Para los legisladores esta nueva distribución podría afectar el funcionamiento de esas comunas, por ello pidieron más tiempo para poder analizar la propuesta y recibir nuevos invitados.

Desde Hacienda explicaron en la Comisión que “los cambios anteriores se irían implementando a razón de un incremento de cinco puntos porcentuales por año, hasta llegar a los porcentajes establecidos en el proyecto de ley. Lo anterior implica que el mayor aporte en régimen sería al tercer año en el caso de Las Condes, y en el año décimo tercero para Lo Barnechea”.

Sobre el beneficio a los adultos mayores, desde el gobierno explicaron que actualmente existen 1.540.827 personas mayores propietarias de una vivienda, de las cuales 1.144.354 están exentas del pago del impuesto territorial (74% del total). El 26% restante (396.473 personas) posee propiedades afectas a este tributo, y 189.644 de ellas acceden a una rebaja especial. Sin embargo, la norma actual no considera los casos en que se pierde este beneficio por el alza del avalúo del inmueble.

Así, el proyecto corrige esta situación estableciendo que, cuando una persona mayor esté en el tramo exento de ingresos (hasta 13,5 UTA o $11.120.814 anuales), pero su vivienda supere el límite de avalúo legal, el monto de su contribución no podrá exceder el 5% de sus ingresos.