Desde el primer momento en que el gobierno explicitó el delicado panorama de estrechez fiscal del Presupuesto 2026 e incorporó en el texto un congelamiento nominal de las remuneraciones del sector público para el nuevo ciclo, las alertas transversales del mundo político y técnico se encendieron con fuerza.

¿La razón? El escenario electoral y la etapa final del gobierno generan el espacio propicio para un generoso reajuste en la negociación del sector público, el que se resolverá luego de la aprobación del Presupuesto a fines de noviembre próximo. Si bien en años anteriores las necesidades de financiamiento extra para un incremento de las remuneraciones estaban teóricamente respaldadas en un bolsón de recursos en el Tesoro Público, el diseño presupuestario 2026 no trae un “colchón” de recursos suficiente para hacer frente a una presión fiscal de este tonelaje, coinciden expertos y el mundo político.

Este bolsón de recursos disponible tradicionalmente en el Tesoro Público -este año dividido en las provisiones para Financiamientos Comprometidos y para Leyes Permanentes con Gasto Aleatorio- contempla unos US$ 2.200 millones para el próximo año, lo que significa una caída del 5%, según un estudio de Libertad y Desarrollo (LyD). Dichas provisiones son usadas por los gobiernos de turno para hacer frente a gastos que no están considerados en las partidas presupuestarias, así como recursos para financiar mayores gastos por leyes que se aprueben en el año y que implican un mayor gasto fiscal.

“Con sólo aprobar un reajuste al sector público con el costo fiscal que tuvo el del año pasado, esto es del orden de los US$ 2.000 millones, se acaban los recursos para enfrentar otros compromisos fijados por ley, es decir, no tendrán financiamiento”, alerta la economista y directora ejecutiva de LyD), Bettina Horst, quien menciona que las otras demandas financieras para esas provisiones están dadas por el mayor gasto en personal de la administración central por el aumento de la cotización de la reforma de pensiones (1% en 2026) y el mayor gasto en el Servicio Civil por la implementación de la nueva forma de nombramiento de notarios, entre otros desembolsos.

“Ello deja en pie forzado al próximo gobierno para hacer obligadamente un ajuste fiscal importante. Hoy hablar y hacer un ajuste fiscal ya no es algo voluntario, es algo obligatorio para las próximas autoridades. Aún se puede hacer sin afectar beneficios sociales, pero si seguimos con un déficit crónico como el de estos años, ello ya no será factible”, añade la economista de LyD.

El año anterior, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) negoció un reajuste del 4,9% nominal escalonado y para este año los gremios ya han puesto un piso para una negociación que debiera cerrarse a mediados de diciembre, en medio de la elección de la segunda presidencial. Si bien aún no afinan una cifra definitiva, los dirigentes apuntan a un alza que asegure al menos un alza nominal del 3,7% (inflación acumulada) como punto de partida, dijo a Pulso el presidente de la ANEF, José Pérez, hace dos semanas.

En privado, un economista cercano a la oposición es drástico. “Es evidente que el piso para el sector público en la negociación próxima va a ser incorporar la inflación y, en año electoral como este, quizás puedan conseguir un poco más. Los reajustes son siempre generosos en los últimos años de todos los gobiernos porque el oficialismo saliente busca no irse peleado con los gremios. Es por eso que lo que hizo la Dipres al dejar sin financiamiento un reajuste real (que incorpore la inflación) es tan irresponsable”, dice el mismo experto en materias fiscales, quien cifra en unos US$ 1.000 millones la falta de financiamiento en el erario 2026 para un reajuste real del sector público.

El propio Consejo Fiscal Autónomo (CFA) también alertó sobre este dilema de financiamiento, aunque con mayor sutileza. En su último informe de octubre, el organismo destacó la definición de mantener las remuneraciones del sector público en valores nominales respecto de 2025 en el Presupuesto 2026, ya que “constituiría un esfuerzo concreto por contener el crecimiento del gasto corriente” del gobierno central.

Sin embargo, añadió que “su cumplimiento efectivo será fundamental, debiendo, cualquier medida adicional que se adopte, enmarcarse en los límites del presupuesto aprobado, a fin de resguardar la meta de BE (Balance estructural) de 2026. Como contrapartida, en caso de que ese esfuerzo no se materialice, presionaría ostensiblemente el resto del presupuesto para dicho año y el cumplimiento de la respectiva meta fiscal”.

La Dirección de Presupuestos (Dipres) defiende su diseño presupuestario en materia de incremento de las remuneraciones del sector público y dice que reajustes del sector público de años anteriores no son directamente comparables, ya que varios de ellos se tramitaron en contextos de alta inflación, mientras que en el último período ésta ha mostrado una tendencia a la baja. Además, añade, desde 2024 algunos bonos pasaron a ser permanentes, por lo que ya no forman parte del proyecto de ley de reajuste.

“El reajuste de remuneraciones del sector público -que será negociado y tramitado con posterioridad a la aprobación del Presupuesto- contará con su respectivo informe financiero, en el cual se precisará su forma de financiamiento. En términos generales, este se cubrirá con los recursos contemplados en la Provisión para Financiamientos Comprometidos y con el ahorro derivado de no reemplazar la totalidad de los funcionarios que se acojan a retiro. En efecto, el artículo 10 del proyecto de Ley de Presupuestos 2026 dispone que solo uno de cada tres funcionarios que se retire podrá ser reemplazado (regla 3x1)”, explica la Dipres, que precisa que el mayor gasto del Servicio Civil que se debe financiar en 2026 corresponde sólo a $ 800 millones. “Es importante poner las cifras en perspectiva para no perder de vista los órdenes de magnitud de lo que se plantea como ‘otras demandas a financiar’”, afirmó el organismo consultado por Pulso.

Pero LyD pone en duda el rendimiento fiscal de la regla 3x1 y precisa que en los últimos 10 años el total de funcionarios que se han retirado acogiéndose a una bonificación oscila entre los 1.147 y los 5.385 por año. “Bajo el supuesto de que en 2026 se pudieran retirar 5.000 funcionarios, solo reemplazando 1 de cada tres, y asumiendo un ingreso mensual promedio en valores del 2026 de $ 3.664.000 (Ley de Presupuestos 2026), el ahorro para el año completo, asumiendo que se retiran el 1 de enero, sería del orden de los US$ 150 millones. En resumen, las cuentas no cuadran. Por ello, el gobierno debe explicar con qué recursos se financiarán los compromisos adquiridos y eventualmente por adquirir”, concluye el centro de pensamiento de oposición.

Los dardos políticos

La propuesta acogida por el gobierno de mantener las remuneraciones del sector público “en valores nominales 2025” fue emanada de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público y promete ser uno de los temas que marcarán la discusión política y técnica del Presupuesto 2026 enviado por el gobierno al Congreso.

La presidenta de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, Ximena Rincón, reconoce la falta de claridad en el financiamiento del reajuste de sector público y recuerda que ese incremento anual también incluye una serie de bonos y subsidios, como el de escolaridad y otros.

“Son más de US$ 1.000 millones que deben estar en este Presupuesto o deben sincerar de dónde van a sacar esos recursos si es que no los tienen. Vemos que este Presupuesto ya presenta un déficit de entre 5 y 6 billones de pesos, además de una serie de inconsistencias en su presentación, partiendo porque nos presentan los gastos sin ajustarlos por inflación. Por lo tanto, ahí ya hay un gran colchón de recursos y la próxima administración deberá hacer malabares para ver de dónde lo saca”, precisa la parlamentaria.

Pero la presidenta de Demócratas va más allá y cree que el gobierno debe sincerar las proyecciones de ingresos contenidas en el Presupuesto y, en la misma medida, ajustar los gastos. También reconoce la posibilidad de que la proyección de déficit estructural del 1,1% para el 2026 sea largamente superada. “Aquí el déficit fiscal no es un escenario, sino que es una realidad. No solamente porque el gobierno sistemáticamente ha ido empeorando las metas que ellos mismos se impusieron, sino porque intentan adecuar las cifras, mostrando ingresos equivocados y gastos maquillados, para mostrar que la situación no está tan mal. Es bueno que quede constancia de esto, ya que están obligando a la próxima administración a reajustar el gasto de manera drástica e, incluso, a endeudarse más allá de lo que se proyecta hoy para dar cumplimiento a los compromisos y las reformas que se hicieron en este gobierno”, remata la senadora Rincón.

Desde RN, el jefe de bancada, Frank Sauerbaum, coincide y dice que el gobierno debe sincerar las cifras y ajustar el gasto de forma más contundente. Reconoce, además, que lo más probable es que el gobierno entregue un reajuste que incluya el IPC, lo que significaría presionar aún más las cuentas fiscales para el próximo año. “No creo que el gobierno termine peleándose con la CUT y con la ANEF teniendo un reajuste menor a la inflación”, complementa.

“Entonces, si uno suma todo el reajuste, finalmente podríamos llegar fácilmente a los US$ 900 millones extra que no están considerandos en la Ley de Presupuestos. Hay un Presupuesto que es poco claro, por decirlo de una manera suave, considerando que de todas maneras va a venir un reajuste que va a ser muy complejo de poder financiar. Esto, además, considerando que el gobierno va a dejar holguras negativas, que no va a dejar tampoco una glosa republicana que se pueda utilizar…”, afirma el parlamentario RN.

El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, si bien reconoce que la recomendación de congelar el reajuste de los empleados públicos para 2026 es razonable dada la estrecha situación fiscal, afirma que la posibilidad de un alza que al menos considere la inflación ameritaba dejar recursos disponibles. “Técnicamente, hoy no hay plata para hacer un reajuste al sector público. Eso es una realidad. Es bueno que el gobierno se lo sincere y se lo diga a los trabajadores. Bajo este esquema, no existe esa plata”, afirma el parlamentario, quien cree que el próximo gobierno que asuma en marzo puede encontrarse con deudas de arrastre contraídas por este gobierno y que hoy nadie tiene en el radar.