La empresaria Lilian Tumani, exclienta de Enjoy Viña del Mar, presentó una demanda de indemnización de perjuicios ante el 3.º Juzgado de Policía Local de la ciudad. La acción judicial exige $4.670 millones, lo que la convierte en la mayor demanda interpuesta por un consumidor contra un casino concesionado en la historia del país.

La demanda se dirige de forma conjunta en contra de Casino del Mar S.A. (la sociedad operadora del recinto), Casinos de Chile SpA (su sociedad controladora) y la matriz Enjoy S.A., apuntando a todas ellas para asegurar la responsabilidad civil y evitar un eventual “vaciamiento patrimonial del negocio”.

Lo anterior, debido a que, según la demanda, en febrero de 2025 Casino del Mar S.A. solicitó la renuncia anticipada a su permiso de operación ante la Superintendencia de Casinos de Juego, logrando que este expire de forma definitiva el 13 de septiembre de 2028. Al extinguirse la concesión, que es el activo principal y la fuente de ingresos de la operadora, las sociedades controladoras (Casinos de Chile SpA y Enjoy S.A.) podrían disolver o vaciar el patrimonio de la sociedad para eludir el pago de la millonaria indemnización.

El conflicto se originó el 11 de noviembre de 2025 en el Salón Open del recinto. Tras apostar en la máquina tragamonedas N°25316, el sistema indicó que la jugadora había obtenido un premio mayor equivalente a $3.816 millones.

Si bien una supervisora del recinto la felicitó en un inicio, la administración se retractó de inmediato bajo la excusa de un supuesto error de software en la máquina, negándose a efectuar el pago. Posteriormente, “el 21 de noviembre de 2025, Casino del Mar respondió el reclamo lamentando lo ocurrido y señalando que no efectuarían el pago del premio obtenido por la Sra. Tumani, pues la información desplegada en la pantalla no correspondería con el premio máximo al que supuestamente se podría acceder”.

De acuerdo con el libelo, lejos de resguardar el sitio del suceso, “personal técnico del casino abrió, manipuló y extrajo componentes internos de la máquina frente a la afectada sin ningún protocolo de cadena de custodia, reemplazando piezas para hacer descender la cifra reflejada en pantalla a $1.888 millones”.

La demanda acusa una “grave falta a la buena fe procesal”. Esto luego de que según el escrito, durante la etapa prejudicial, el operador “ocultó deliberadamente registros audiovisuales clave y exhibió inicialmente un video recortado de apenas 54 segundos”, lo que motivó sanciones previas del tribunal por desacato.

La defensa sustenta el caso en la infracción a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, recordando que las leyendas impresas que anulan pagos por mal funcionamiento carecen de validez legal en Chile, fundándolos esta posición en el Compendio de Normas de la Superintendencia de Casinos de Juego y el artículo 16 de la normativa de consumo.

La demanda destacó que al tratarse de un proveedor experto, los riesgos técnicos y fallas de los sistemas se encuentran dentro de su esfera exclusiva de responsabilidad, por lo que la casa de apuestas no puede trasladar sus errores al consumidor. Adicionalmente, la acción advirtió sobre un inminente riesgo de vaciamiento patrimonial, dado que el operador solicitó una salida anticipada que extinguirá el permiso de operación del casino en septiembre de 2028.

La acción legal, liderada por los abogados Hugo Botto, Rodrigo Cruz y Pablo Gómez, apunta conjuntamente a la operadora Casino del Mar S.A., a su matriz Casinos de Chile SpA y a Enjoy S.A.

Millones

La indemnización total solicitada asciende a $4.670 millones. En primer lugar, se exige un daño patrimonial de $3.920 millones, que corresponde al valor nominal del premio original de $3.816 millones más los reajustes acumulados según la variación del IPC calculados hasta julio de 2026, equivalentes a un 2,72% y a más de $103,8 millones adicionales, a lo que se suman los intereses legales y futuros reajustes hasta el pago efectivo.

Al mismo tiempo, la demanda reclamó $750 millones por daño moral, estimado debido al “grave deterioro en la tranquilidad psíquica, el estrés severo y la profunda sensación de impotencia generada al ver frustrada una expectativa legítima frente a una gran compañía que decidió deshonrar sus compromisos”.

En la demanda, la empresaria también solicitó al Juzgado de Policía Local la aplicación del máximo legal contemplado en la ley de consumo, fijando una multa de 300 UTM en contra de las sociedades infractoras.

“Lo cierto es que la supuesta ocurrencia de un error en la máquina tragamonedas N°25316 es un riesgo que Casino del Mar conoce y asume –en su propio beneficio– al colocar la máquina a disposición del público. Resulta impresentable señalar que una máquina tragamonedas con errores o fallas se encuentra perfectamente operativo para recibir dinero, pero no para pagarlo cuando el jugador ha ganado un premio. En otras palabras, cuando la casa gana, el resultado vale, pero cuando la casa pierde, ocurre un error de la máquina. Burdo, por decir lo menos”, consignó la demanda.

Al cierre de este artículo no hubo respuesta de las demandadas.