Gobierno define los cambios metodológicos que tendrá la Casen 2024
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia entregó las modificaciones que tendrá la Encuesta Casen 2024. Los resultados estarán en enero de 2026.
En julio de este año, la Comisión Asesora para la Actualización de la Medición de la Pobreza entregó sus recomendaciones para actualizar la metodología y con ello, hacer más exigente los estándares con los que se mide. Estas se aplicarán por primera vez en la Encuesta Casen 2024, cuyos resultados se darán a conocer en enero de 2026.
De todos modos, si bien el Ministerio de Desarrollo Social y Familia acogió gran parte de las medidas propuestas para la medición de la pobreza por ingreso, esto será con matices. Así, en términos generales, la nueva metodología elimina el uso del alquiler imputado dentro del cálculo de ingresos y aplica líneas diferenciadas para hogares arrendatarios y no arrendatarios. Esto es acorde con el análisis que hizo la comisión.
De acuerdo a lo anterior, habrá una distinción entre quien es propietario de una vivienda y quien es arrendatario, modificando el concepto actual de alquiler imputado. En la metodología vigente dicho concepto se aplica a los hogares propietarios de su vivienda, quienes, al no pagar un arriendo, disponen de esos recursos adicionales para cubrir otras necesidades.
Otra de las recomendaciones recogida es la incorporación de una canasta básica saludable, que reduce en un 50% la presencia de alimentos ultraprocesados y donde se ajusta a la norma calórica de 2.000 calorías diarias.
Dónde hubo una diferencia es en la Encuesta de Presupuesto Familiar que se ocupará para calcular la canasta básica de alimentos. La Comisión propuso calcular la Canasta Básica de Alimentos a partir de la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), realizada entre 2016 y 2017, y recomendó no considerar la encuesta de 2021-2022, que es la última, ya que esa podría reflejar patrones de gasto influenciados por ingresos transitorios asociados a la pandemia, como los retiros de fondos previsionales y las ayudas estatales, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Sin embargo, el Ejecutivo decidió utilizar la encuesta 2021-2022.
Para la medición de la pobreza multidimensional, el gobierno informó que se mantienen las cinco dimensiones de análisis, se eleva el número de indicadores de quince a veinte, con ponderaciones iguales para cada uno, y se establece un umbral de pobreza estrictamente superior al 20% de carencias, que es consistente con el propuesto por la Comisión.
También se aceptó, “con escasas modificaciones”, la incorporación de los nuevos indicadores y la mayoría de los ajustes propuestos a los indicadores existentes. Entre los principales cambios destacan la redefinición del indicador de dependencia funcional, que pasa a denominarse “Apoyo en cuidado de personas con dependencia funcional”; la separación del déficit habitacional en dos componentes, cuantitativo y cualitativo; y la decisión de no incorporar la carencia de asequibilidad en vivienda, indicador que, si bien no se incorporará al índice de pobreza multidimensional, seguirá siendo estimado y publicado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Nueva estimación
Cuando la Comisión presentó el informe, realizó una estimación de cuánto hubiese sido la pobreza en las mediciones anteriores, si es que hubiera estado en vigencia esta nueva metodología.
Así, la Comisión hizo este ejercicio para la Casen 2017. Ese año la pobreza fue de 8,7%, pero con esta nueva metodología habría sido de 24,2%; en 2020 fue de 10,8%, pero ahora subiría a 32,2%, y en la más reciente, de 2022, en lugar de registrar el mínimo de 6,5%, hubiese sido de 22,3%.
Una de las integrantes de esa comisión fue Paulina Henoch, investigadora de LyD, quien plantea que “en la metodología por ingreso persisten varias diferencias respecto de lo propuesto por la Comisión, y me habría gustado contar con cifras que permitieran dimensionar el impacto de estos cambios. Algunas de las modificaciones recogen discusiones previamente iniciadas y buscan avanzar hacia una mejor identificación de la población en situación de pobreza”.
La Comisión está compuesta por un grupo transversal de 10 expertos y expertas en materia de pobreza, estratificación social y políticas públicas. La presidencia se encuentra a cargo del economista Osvaldo Larrañaga. Junto a él participan Alejandra Abufhele, Emmanuelle Barozet, Gonzalo Durán, Sylvia Eyzaguirre, Paulina Henoch, Andrés Hernando, Juan Cristóbal Romero, Amanda Telias y Rodrigo Yáñez.
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