Hacienda presentará fórmula para calcular ingresos estructurales del litio a fines de abril

Entre 2015 y 2022 el precio del litio se multiplicó por cuatro y los volúmenes exportados por Chile más que se duplicaron. Como resultado de ello, las exportaciones de carbonato de litio según cifras del Banco Central pasaron de aproximadamente US$250 millones anuales a mediados de la década pasada (0,1% del PIB), a US$7.763 millones en 2022 (2,5% del PIB).

El año pasado, de acuerdo a datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), se observó un fuerte incremento del precio del litio de 259% anual, mientras que los volúmenes de exportación registrados por el Servicio Nacional de Aduanas (Aduana) chileno mostraron un incremento de 47% anual.

Además, de acuerdo a estimaciones preliminares, los ingresos fiscales totales por litio en 2022 alcanzaron en torno a US$5.000 millones, cifra que corresponde a 1,6% del PIB y a 6,4% de los ingresos fiscales totales.

Todas las anteriores, incluidas sus propias estimaciones, fueron parte de las razones que entregó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para recomendar al Ministerio de Hacienda definir una metodología simple para que, en 2023, la regla fiscal considere un ajuste por ingresos transitorios por litio. Asimismo, propuso que para la Ley de Presupuestos de 2024 se estudie una metodología más precisa de ajuste cíclico de los ingresos fiscales por litio y así ver qué es estructural y qué cíclico.

Además, planteó que el uso de los recursos fiscales por litio se dé en el marco de la regla fiscal y que se vele por la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y como quinta recomendación, señaló que en el futuro ojalá todos los ingresos fiscales por litio ingresen preferentemente a la Ley de Presupuestos.

Con estos antecedentes, en Hacienda están analizando la mejor fórmula para calcular los ingresos del litio y determinar qué es estructural y qué es cíclico. El objetivo del gobierno es presentarla junto con el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre, el cual se entrega hacia fines de abril. Luego de eso, debe pasar por un proceso de consulta pública para recibir opiniones de expertos sobre la metodología expuesta, como lo establecen las reglas del Balance Cíclicamente Ajustado y la opinión del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Pero además, la idea en Teatinos 120 es incluirla ya en la elaboración del Presupuesto 2024.

Desde Hacienda explican que “la contabilidad no cambia, los ingresos correspondientes a los contratos de explotación de litio seguirán siendo parte de las rentas de la propiedad. Lo que se modificaría es la metodología para calcular los ingresos estructurales por este concepto. El detalle metodológico sobre la propuesta a implementar se presentará en el IFP del primer trimestre de 2023″.

Los ingresos fiscales por litio en Chile provienen de dos vías: (i) rentas de arrendamiento a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo); e (ii) ingresos tributarios, tanto por impuesto a la renta como por impuesto específico a la minería. En el caso de las rentas de arrendamiento a Corfo, estas se generan de los contratos que sostiene esta entidad estatal con dos empresas privadas: la Sociedad Química y Minera (SQM) y Albemarle. Por su parte, dichas empresas pagan impuesto a la renta por sus utilidades, así como también el impuesto específico a la minería.

Algunos expertos plantean que se debe formar una comisión similar a la que calcula el precio del cobre de largo plazo. Para este caso, Hacienda convoca a un grupo de 21 técnicos que entregan sus proyecciones. Pero el problema para imitar ese modelo, es que en Chile no son muchos los expertos en litio aún.

Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining e integrante del Comité Consultivo del Precio de Referencia del Cobre, sostiene que “en el caso del litio debería ser algo similar al caso del molibdeno, que también tuvo que contar con un mecanismo excepcional por sus períodos de bonanza intensos pero cortos, aunque el litio probablemente requiera algo con un desarrollo algo mayor que el molibdeno. Tal vez un equipo acotado de expertos de carácter transitorio a cargo de monitorear el desarrollo del mercado del litio y de cuantificar las expectativas de recaudación para dar más predictibilidad, pero de manera ad-hoc”.

Macarena García, economista de Libertad y Desarrollo (LyD), y también integrante del comité del cobre, indica que “hay mucha incertidumbre respecto de la evolución que tendrá el mercado internacional del litio, especialmente su precio”. Sin embargo, puntualiza que “ahora que el Estado chileno impulsará una estrategia nacional del litio, donde intervendrán privados, es muy probable que el litio pase a ser importante en los ingresos fiscales en forma permanente, al igual que el ingreso del cobre, por lo que habría que pensar en un tratamiento similar al cobre o al molibdeno, tal como se hizo entre 2005 y 2015″. Así, agrega, “en caso de ser necesario aplicar ajustes a estos ingresos, para determinar el precio de largo plazo debiera citarse a una comisión de expertos, similar a la del cobre, de forma de independizar los resultados del gobierno de turno”.

Una de las complejidades que tiene realizar este cálculo es cómo se proyecta el precio. Esto, porque el precio de largo plazo es una incógnita, aunque todo indica que estará más arriba de los US$ 10 mil fijados como parámetro en 2018. Un reciente reporte de la consultora internacional Fastmarkets estima para 2023 un precio -para carbonato de litio, en China, Japón y Corea, los mayores consumidores del mundo- de US$ 61 mil la tonelada y sobre US$ 55 mil para 2024 y 2025. Pero el precio comenzaría a bajar en los años siguientes, hasta US$ 20 mil en 2030, según un reporte citado por Albemarle. Para Álvaro Merino, gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), y otro integrante del comité del cobre, “sería ideal que el Presupuesto de 2024 considere los ingresos del litio, para lo cual se debe contar con una metodología expedita que considere el ajuste cíclico de los recursos fiscales generados por el litio. Eso sí, este procedimiento no debe ocasionar una dificultad en la estructura de la regla fiscal”.