Se agudiza el conflicto en la familia Fernández, dueña de la histórica joyería Joyart, ubicada en Avenida Nueva Costanera, comuna de Vitacura. La familia atraviesa una profunda fractura entre hermanos tras el fallecimiento de sus padres, Rosa Cáceres Herrera y José Fernández Paiva, fundadores del negocio hace más de 65 años.

Con el paso del tiempo, la firma pasó a llamarse “Joyería José Fernández” y actualmente son sus hijos, quienes han continuado con el legado familiar, desarrollando —según describen en su sitio web— “un concepto único y de alto nivel en piezas exclusivas elaboradas en oro, platino y piedras preciosas”.

Sin embargo, el pasado 13 de junio, los hermanos Juan José Fernández Cáceres (joyero, 60), Roxana Fernández Cáceres (diseñadora, 64), Sybilla Fernández Cáceres (comerciante, 61) y Andrea Fernández Cáceres (enfermera, 63), presentaron una querella por el presunto delito de administración desleal contra su hermano menor, Boris Fernández Cáceres (ingeniero comercial, 58), por su gestión en la empresa familiar Joyería José Fernández Limitada, de la cual todos son socios.

En respuesta, la semana pasada, Boris Fernández —asesorado por el penalista Cristián Arias— interpuso dos querellas por hurto y apropiación indebida en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago contra su hermana mayor Sybila, profundizando así el conflicto familiar que ahora se dirime en tribunales.

En las querellas, Boris Férnandez denunció que tras un proceso de control de inventario de la joyería faltaban 181 piezas, “atribuibles a la señora Sybilla Fernández Cáceres, quien se desempeñaba como vendedora de la joyería desde hace más de 30 años”.

Se trata de piezas como anillos, aros, pulseras y colgantes que no se encontraban en la tienda, a pesar de no haberse registrado la venta de ninguna de ellas. “Estas piezas son únicas, por lo que son fácilmente reconocibles, y por sus características y valor difícilmente reducibles en el mercado informal”, sostuvo Boris Fernández.

“Los hechos descritos dan cuenta que la Sra. Sybilla Fernández, en el ejercicio de sus funciones como vendedora de Joyart Limitada, hurtó en forma reiterada diversas joyas de la tienda, lo que fue fácilmente ejecutable por ella, ya que la querellada tenía acceso a todas las llaves y códigos de la tienda”, acusó.

Millonario perjuicio

Fernández denunció que el perjuicio provocado a la joyería asciende a $1.238 millones.

“Solo a modo de ejemplo, una de las joyas hurtadas de mayor valor supera los 90 millones de pesos, lo que es una clara muestra de lo perjudicial que son estos hechos para Joyart Limitada”, consignó.

En su querella Boris Fernández explicó que antes de despedir a su hermana —“lo cual se debió a otras irregularidades que ya están siendo investigadas por la Fiscalía”—, en marzo de 2025 se hizo un inventario formal de las joyas. Este fue realizado por un notario, quien certificó que había 1.050 piezas, todas debidamente registradas en un acta.

Sin embargo, después de su salida se detectó la desaparición de 181 joyas. Esto “descarta cualquier error administrativo o contable y demuestra que hubo una sustracción real de especies, la cual se atribuye a la exfuncionaria, ya que tenía acceso directo, permanente y privilegiado a las bóvedas y llaves de seguridad de la joyería”, planteó la querella.

“En más de 30 años no había tenido una situación similar en la joyería, y los trabajadores que tengo a mi cargo llevan más de 15 años trabajando conmigo, por lo que tienen mi plena confianza, y por lo mismo están dispuestos a colaborar en el esclarecimiento de los hechos”, concluyó.

Defensa

En conversación con Pulso, la abogada de Sybilla Fernández, Trinidad Luengo, socia de Luengo Montt, afirmó que “las querellas tienen un fin instrumental y son una reacción a la querella por administración desleal que los socios minoritarios de Joyart presentaron contra Boris Fernández hace algunos meses”.

“En junio de este año, mi representada, junto a otros 3 socios minoritarios de Joyart, presentaron una querella criminal en contra del señor Boris Fernández Cáceres, luego de que tomaron conocimiento de numerosos antecedentes que dan cuenta que, a lo largo de los años, Boris, como administrador de la sociedad, no rindió cuenta de sus acciones, realizando una serie de actos que ocasionaron a la joyería un perjuicio económico que superaría los $2.000.000.000″.

“Desde fines del año 2017, la administración de Joyart ha estado en manos del señor Boris Fernández, quien nunca ha rendido cuenta de sus acciones a los restantes miembros de la sociedad”, señaló.

“De acuerdo a los antecedentes disponibles hasta ahora, se estima que los actos de administración desleal realizados por el querellado Boris Fernández en contra de Joyart superarían los $2.000.000.000, esto sin perjuicio del monto que en definitiva permita determinar la investigación del Ministerio Público”, añadió.

La defensa de Sybilla Fernández solicitó al 4° Juzgado de Garantía de Santiago declarar la inadmisibilidad de las querellas, luego que falleciera su hermana Roxana, y con ello se puso término a los poderes de administración de la sociedad que opera la joyería.