El Comité de Ministros del gobierno de José Antonio Kast revisa actualmente cinco Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que se encuentran dentro del plazo legal de 60 días hábiles para ser analizados por dicha instancia. Esto implica que a la fecha ya no existen proyectos en espera que estén fuera de los tiempos normativos. El conjunto de estas cinco iniciativas suma una inversión de US$ 10.111,3 millones.

El detalle incluye a Convento Viejo 2 (US$ 50,3 millones), admitido el 19 de mayo en virtud del artículo 25 quinquies; Aguas Marítimas (US$ 5.000 millones), con dos reclamaciones declaradas admisibles el 10 de julio; y la Habilitación Extensión Metro Valparaíso Quillota - La Calera (US$ 811 millones), con dos recursos admitidos el 29 de julio. Estos tres proyectos integran la tabla de la sesión programada para el próximo 31 de agosto. La nómina pendiente se completa con el Puerto Exterior San Antonio (US$ 4.000 millones), que registra 24 reclamaciones admitidas el 12 de agosto, y el Parque Eólico Los Portones (US$ 250 millones), con un recurso declarado admisible el 13 de agosto.

Desde el 11 de marzo, el Comité de Ministros ha efectuado nueve sesiones y ha analizado 23 proyectos. Del total, 21 expedientes corresponden a reclamaciones administrativas y dos a recursos de invalidación o revisión. De las reclamaciones, 20 finalizaron con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, sumando inversiones por US$ 11.935 millones.

El sector de la energía ha sido el gran protagonista. Está el proyecto Volta, que contempla una inversión de US$ 2.500 millones para el desarrollo de hidrógeno y amoníaco verde, acompañado en esa misma línea sustentable por el proyecto de Hidrógeno Verde en Bahía de Quintero, de US$ 30 millones. Para que toda esta energía limpia fluya, se aprobaron hitos clave de transmisión eléctrica: línea HVDC Kimal - Lo Aguirre por US$ 1.480 millones, y la subestación seccionadora junto a la línea Nueva Lagunas - Kimal por US$ 195 millones. El mapa energético se completa con un fuerte contingente renovable repartido entre viento y sol: los parques eólicos Los Coihues (US$ 470 millones) y Rinconada (US$ 365 millones), junto al despliegue fotovoltaico del Parque Tamarico Fase II (US$ 250 millones) y el proyecto ERNC Tarapacá (US$ 200 millones).

El megaproyecto Desarrollo Futuro DMH encabeza la lista del sector con unos US$ 2.800 millones, asignados a su continuidad y expansión. A este se suman el proyecto minero Ciclón Exploradora, con un respaldo de US$ 125 millones, y la Planta de Producción de Sales de Potasio SLM NX Uno de Peine, que aporta US$ 43,20 millones más a este despliegue de capital.

Arturo Farías, director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), señaló que “iniciamos nuestra administración con el mandato del Presidente de la República y de la ministra Toledo de cumplir los plazos que señala la ley, al momento de evaluar proyectos o actividades en el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), agilizar su tramitación y hacer más eficiente la gestión del servicio, pero todo ello, manteniendo el más alto estándar técnico”.

“En ese contexto, podemos dar cuenta de que en cinco meses de gestión, todos los proyectos con reclamaciones, tanto del Comité de Ministros como de la Dirección Ejecutiva se encuentran dentro de plazo. Esto lo hemos logrado resolviendo cerca de 70 reclamaciones, tanto de Estudios como de Declaraciones de Impacto Ambiental”, explicó.

“Actualmente, tenemos cinco EIA de proyectos para revisión del Comité de Ministros, todos dentro del plazo legal. Del total, tres de ellos serán vistos en la sesión del 31 de agosto, mientras que los últimos dos, están dentro de la etapa de análisis dentro de los 60 días hábiles establecidos en la ley”.

En otras administraciones

En el área inmobiliaria y de infraestructura, las resoluciones favorables incluyen el Desarrollo Urbano Habitacional Maratué de Puchuncaví por US$ 2.000 millones y el Terminal de Cerros de Valparaíso TCVAL por US$ 500 millones. También se aprobaron la iniciativa Copiaport-E por US$ 450 millones y el proyecto inmobiliario Urbanya Etapa 1 por US$ 203 millones, al cual le seguía a Copiaport-E en orden de antigüedad dentro de la nómina de revisión. A ellos se suman el Nuevo Establecimiento de Salud Instituto Nacional del Cáncer (US$ 184 millones), las Obras para Control Aluvional en la Quebrada de Ramón (US$ 76,49 millones), las Obras Fluviales Río Copiapó Sector Rural Comuna de Tierra Amarilla (US$ 30 millones), la Modificación Línea 7 de Metro Acceso Estación Baquedano (US$ 18 millones) y la continuidad operacional del proyecto Relleno Sanitario Los Ángeles (US$ 15,50 millones).

El único proyecto que retuvo su calificación desfavorable fue Punta Puertecillo, correspondiente al sector inmobiliario, por US$ 20 millones. Paralelamente, los dos recursos excepcionales evaluados fueron una revisión por el artículo 25 quinquies para el Sistema de Disposición de Relaves a Largo Plazo Proyecto Embalse Ovejería (US$ 170 millones) y una solicitud de invalidación sobre el Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue- S/E Hualqui (US$ 324,02 millones).

Al revisar el mismo periodo (entre el 11 de marzo y el 14 de agosto) en administraciones anteriores, los registros indican distintos niveles de tramitación. En 2022, la administración de Gabriel Boric concretó dos sesiones ordinarias en las que revisó tres proyectos. En la sesión del 6 de junio se rechazaron el Centro de Manejo Ambiental Ñuble Sustentable (US$ 5 millones) y Andes LNG (US$ 650 millones), mientras que el 3 de agosto se aprobó la Construcción del Nuevo Puente Ferroviario Biobío (US$ 220 millones).

En 2018, bajo la administración de Sebastián Piñera, se efectuaron dos sesiones ordinarias que concluyeron con la aprobación de cuatro iniciativas que sumaron un total de US$ 329 millones. En detalle, el 14 de junio se aprobaron el Ramal de Distribución al Observatorio ALMA (US$ 4 millones) y el Sistema de Disposición de Relaves Embalse Ovejería (US$ 170 millones). Posteriormente, el 6 de agosto, se visaron el Proyecto Hidroeléctrico de Pasada Agua Viva (US$ 70 millones) y los Estanques de Reserva de Agua para Consumo Humano en la Región Metropolitana (US$ 85 millones).