Fonasa sufrió en junio un duro revés tras conocerse que se declaró desierta la licitación que lanzó para crear su nueva Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), pues no llegó ninguna oferta de las compañías de seguros de vida.

Por eso, en octubre debió publicar nuevas bases de licitación, con cambios relevantes, siendo uno de los principales el que se incorpora un stop loss para las aseguradoras durante el primer año de cobertura de la MCC, por lo que en caso de que la siniestralidad sobrepase cierto nivel, el Fisco financiará una parte, en conjunto con las aseguradoras.

Los expertos valoraron los cambios que se hicieron en la subasta, pero advirtieron que implicarían mayor gasto fiscal, pese a que el Ejecutivo ha dicho que no tendrá que desembolsar recursos adicionales por la creación de esta nueva modalidad.

Este fue precisamente uno de los puntos que generó una fuerte disputa este lunes en la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos 2026 en la sala del Senado. En particular, cuando se discutió la partida de Salud, los senadores Sergio Gahona (UDI), Javier Macaya (UDI) y Gustavo Sanhueza (UDI) ingresaron una indicación para votar por separado la asignación donde se proponía un presupuesto de tan solo $10 mil para la MCC.

Finalmente el tema fue rechazado por las dos cámaras -Senado y de Diputados-, pero pese a ello, al ser esta una ley permanente, la línea de la MCC en el Presupuesto se mantendría en última instancia, aseguran desde el gobierno.

Los dardos de los senadores

Previo a la votación de dicha asignación el lunes en la Cámara Alta, el senador Gahona pidió aclaraciones sobre la MCC y sus implicancias en el gasto fiscal. “Yo tengo la impresión de que va a volver a fracasar (la subasta) y que después vamos a ir al trato directo, y me imagino que esto va a ser un trato directo que podrá quedar para el próximo gobierno, por lo tanto, me preocupa qué va a pasar con el gasto fiscal”, planteó.

Gahona proyectó que con el stop loss sí habrá gasto fiscal. Por eso, pidió al gobierno aclarar el asunto.

Luego, la senadora Ximena Rincón (Demócratas) afirmó que “en el informe de Hacienda consta expresamente que todos los informes financieros del Ejecutivo señalaron que la MCC no irrogaba gasto fiscal. Y el Informe Financiero N°236 fue directo, dijo que ´la MCC no tiene efecto fiscal directo´. No corresponde que nos empecemos a engañar con que tiene un efecto neutro y todo eso. No significaba gasto para el Estado”.

En ese sentido, agregó que “más aún: las propias bases de licitación dicen que el costo del administrador externo no debe ser considerado por Fonasa. Y aun así, Fonasa está convocando reuniones directas con potenciales oferentes, negociando funciones que no le corresponden y asumiendo costos que no tienen fuente de financiamiento aprobada. Además, la Contraloría ya tomó razón con alcances, advirtiendo problemas en la implementación”.

A continuación, Rincón hizo la siguiente pregunta: “¿Puede el Gobierno pedir una línea de $10 mil para financiar una operación que la ley dijo expresamente que no generaba gasto fiscal y que, además, no corresponde a Fonasa?“. Por último, dijo que el gobierno “está metiendo en el Presupuesto una línea, apertura una línea de $10 mil, ¿para qué?... Para poder después meter ahí los gastos".

La respuesta del gobierno

La directora de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, salió a responder las críticas. Sostuvo que “el gasto fiscal de la MCC es neutro”.

Argumentó que en el informe financiero de la ley corta de isapres que creó la MCC, se expusieron distintos escenarios de cotizantes de la MCC, y finalmente proyectaron que los ingresos que obtiene esta modalidad mediante las cotizaciones de los afiliados, alcanzan para financiar los gastos de la misma.

En ese sentido, manifestó, “se muestran los efectos fiscales por parte de los ingresos, y los efectos fiscales por parte de los gastos. Tal como hemos explicado en otra ocasión, dado que el gasto de MCC se financia con las cotizaciones de los nuevos beneficiarios de la nueva modalidad, el neto de eso tiene un efecto neutro. Pero efectivamente uno tiene que, de alguna manera, visibilizar los ingresos, que corresponderían al subtítulo de imposiciones previsionales. Y por el lado del gasto, tiene que ponerlos en una asignación propia en el subtitulo 24 de gasto”.

Martínez luego se refirió a las críticas de Rincón sobre el administrador externo que va a contratar Fonasa para hacer el back office. “La figura del administrador externo ha estado presente tanto en la primera como en la segunda licitación”, comentó.

Agregó que “en ambas instancias se toma el control de legalidad por parte de la Contraloría. No hemos tenido observaciones con respecto a esa parte, como si faltara un cuerpo normativo que lo habilitara. Pero además, también el costo asociado al servicio otorgado por el administrador externo se financia por la prima pagada (por los beneficiarios a las aseguradoras) y, por lo tanto, no tiene un costo extra para Fonasa, por lo que no se contradice con el informe financiero del proyecto de ley”.

Stop loss

Frente a ello, el senador Gahona retrucó: “No me aclaró el Ejecutivo quién se va a hacer cargo y cómo se va a hacer cargo de lo que exceda del stop loss de la MCC”.

Martínez contestó que “las bases de licitación tienen cláusulas asociadas. La primera, es que es solamente un año, este no es un stop loss que se repetiría en años siguientes, sino que solamente al primer año. Y que además, también tiene un límite económico la cobertura: las bases establecen que desde el 115 al 140 de siniestralidad, en la proporción 80% Fonasa y 20% la aseguradora. ¿Cómo se hace lo del 80% Fonasa? Con los ingresos propios que va generando el sistema, eso va en línea con lo que comentaba anteriormente".

El senador Macaya luego dijo que “no solamente están las dudas respecto a lo que venía en el informe financiero de la ley de la MCC, sino que también hay información, dictámenes dictados por la propia CGR (Contraloría) que hacen un cuestionamiento a la modalidad en que se está implementando esto. Acá lo que se está haciendo es pedir recursos extra para financiar una operación en que la ley dijo expresamente que no se generaba un gasto extra, y desde esa perspectiva, nosotros tenemos diferencias con lo que se ha planteado acá”.