Los asesores de confianza tienen que dejar el gobierno el 11 de marzo de 2026. Esa ha sido la frase que los ministros de Hacienda, Nicolás Grau, y del Trabajo, Giorgio Boccardo, han repetido para descartar de plano que la norma que se incluirá en el proyecto de ley de reajuste del sector público, que busca restringir los despidos de trabajadores a contrata, se relacione con los funcionarios de confianza del Ejecutivo.

Esta propuesta abrió un debate sobre lo que se entiende por asesores de confianza. De partida, no hay un número exacto. No está regulado. Y, por lo mismo, varios especialistas plantean que normarlo es algo que no se puede seguir dilatando.

El sistema de empleo público en Chile está regulado por el Estatuto Administrativo, de 1989. Esta legislación, que tenía como objetivo dar estabilidad laboral y fortalecer la carrera funcionaria, diferencia entre trabajadores de planta, a contrata y a honorarios.

En paralelo a ello, establece distintos criterios para la función de los asesores de confianza, que constituyen una categoría aparte y menos normada.

Una aproximación inicial respecto de ella es que existen dos universos: los asesores de “exclusiva confianza” y los asesores “de confianza”.

En el caso del primero, la ley establece que los tres niveles jerárquicos más altos de los órganos o servicios públicos del Estado tienen la calidad de cargos de la exclusiva confianza del Presidente de la República o de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento. Esto implica que ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis, embajadores, directores, subdirectores, directores regionales y jefes de división o jefaturas de niveles jerárquicos equivalentes son designados por el primer mandatario, además de toda la planta de personal de la Presidencia de la República.

Esta calidad de funcionario “de exclusiva confianza” permite que los cargos estén sujetos a la libre remoción del Presidente de la República o de la autoridad facultada para disponer el nombramiento.

El segundo universo, que corresponde a “los asesores de confianza”, da cuenta de las personas que no son parte de la estructura permanente del Estado y que llegan al gobierno por ser de confianza de las autoridades políticas.

Definido ese marco, José Antonio Valenzuela, director de Incidencia de Pivotes, estima que los “funcionarios de exclusiva confianza” son aproximadamente 2.500, mientras que los “asesores de confianza”, pueden ir entre 5.000 y 8.000.

Es en este segundo grupo donde no existe claridad de cuántos son los permitidos por la ley, puesto que los especialistas señalan que no hay una definición clara al respecto, y que el número de personas designadas como tales, dependerá del criterio de cada uno de los gobiernos de turno.

Ignacio Irarrázaval, director del Centro Políticas Públicas de la Universidad Católica, plantea que “lo primero que se debe hacer es definir cuáles son los cargos de exclusiva confianza política, pudiendo establecerse como una cuota del total del empleo público. Esta podría ser como máximo el 1% y por ningún motivo podría concentrarse en un solo servicio o ministerio”.

Agrega que “estos cargos deberían estar asociados a la permanencia del gobierno que los designó o incluso a la permanencia de la autoridad que los nombró, ya sea ministro o jefe/a de servicio. Además, estos funcionarios deberían quedar sujetos al impedimento de no poder postular a cargos de carrera funcionaria mientras estén desempeñándose como asesores de confianza”. Más aún, enfatiza que “sería necesario establecer un período de carencia de algunos meses (6 meses) posteriores al término de su nombramiento como funcionario de confianza”.

En línea con ese planteamiento, el exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, menciona que “en el gobierno de Piñera, propusimos crear la figura de Asesores de Gobierno como un grupo acotado de cargos de exclusiva confianza, cuyo ingreso y salida dependen directamente de la permanencia del jefe superior del servicio. No ingresan por concurso y su número no podía superar el 1% de la dotación máxima autorizada”.

Explica que la idea era que “sus cupos y financiamiento se fijaran anualmente en la Ley de Presupuestos. Excluía a la Alta Dirección Pública y las jefaturas permanentes. Su vínculo expiraba automáticamente, sin indemnización, cuando cese la autoridad que los designó”. Sin embargo, esa idea no prosperó.

Tarea de la próxima administración

El martes último, un grupo de diputados del futuro oficialismo, hoy oposición, se reunió con el principal asesor económico de José Antonio Kast, Jorge Quiroz.

Uno de ellos fue el diputado de Renovación Nacional (RN) Frank Sauerbaum, quien cuenta que en ese encuentro se le comentó a Quiroz que en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, se hizo una reforma constitucional para establecer en la Constitución un artículo 38 bis, el que crea una comisión para fijar las remuneraciones de altas autoridades, entre ellas, Presidente, parlamentarios, ministros, subsecretarios, gobernadores, incluyendo cargos de confianza, y busca asegurar su independencia y retribución adecuada, pero es solo para los asesores de las altas autoridades y no de todo el universo de asesores de confianza.

No obstante, el legislador afirma que “falta una definición sobre quiénes son efectivamente las personas de confianza de altas autoridades y que debieran estarlo, por ejemplo, en quiénes son los directores, los jefes de gabinete, los secretarios personales, los asesores, los jefes de oficina. Por lo tanto, debiéramos tener una puntualización de quiénes son de confianza efectivamente, y como su nombre lo indica, al ser de confianza, esas personas debieran saber que cuando se termina el periodo o simplemente la autoridad deja su cargo, también debieran dejarlo”.

Otro de los presentes en ese encuentro sostiene que es poco probable que José Antonio Kast “se vaya a llenar de asesores de confianza”, puesto que en su campaña ofreció precisamente lo contrario, que es reducir el número de asesores políticos. Por ello, indica que lo que el equipo económico del presidente electo ha transmitido, es que se ocupará a los profesionales que ya están en el gobierno y que son de carrera.

Los expertos enfatizan que el próximo gobierno deberá regular el tema. En este aspecto, Valenzuela asegura que “es fundamental contar con una gerencia pública profesional, independiente de los gobiernos de turno y que sea estable en el tiempo. Para ello hay que limitar el número de cargos que pueden ser removidos por motivos de falta de confianza. Junto con eso se debe normar y transparentar la figura de los asesores”.

Ingrid Jones, economista de LyD, puntualiza que “es necesario crear una categoría de asesores de autoridad y separarla del resto de los funcionarios de carrera, a quienes se les debe modificar la forma de ingreso al sector público”. Asimismo, señala que “los asesores de confianza deberían no representar más que un porcentaje definido de la dotación, debiesen tener contratos temporales y ser desvinculados automáticamente cuando salga la autoridad política que los nombró”.