Fue una de las pocas normas, dentro de la megarreforma que impulsa el gobierno, que no contó con el apoyo total de su propio sector en la Cámara de Diputados. Los parlamentarios de RN se desmarcaron de sus aliados de la UDI y del Partido Republicano, y se unieron con la oposición para rechazar la idea que tenía en mente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de eliminar la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Citando diversos informes, Quiroz defendió su idea principalmente por el costo fiscal de US$300 millones y su escasa efectividad en capacitar a los trabajadores.

Uno de esos estudios es de 2011. Se trata del informe final de la Comisión Revisora del Sistema de Capacitación e Intermediación Laboral conocida como Comisión Larrañaga. De acuerdo a él se evidenció un patrón regresivo y una distribución cuestionable del gasto público destinado a capacitación, a la vez que manifestó dudas sobre la efectividad tanto de los programas de capacitación dirigidos a población vulnerable como de los programas financiados vía franquicia tributaria.

Otro de los informes citados fue el que realizó la Comisión de Productividad. Este reforzaría el diagnóstico del documento anterior, complementando que la política de capacitación se encuentra desarticulada y es poco pertinente, debido a la poca conexión entre la oferta de capacitación y las demandas del mundo productivo.

Y un último trabajo citado fue el de LyD, de 2024: “El sistema de capacitación vigente carece de una focalización apropiada para llegar a los segmentos de la población que requieren mayor capacitación”, establece este.

En cifras, en 2024 un total de 999.732 trabajadores se capacitaron haciendo uso de esta franquicia, de 9.276 empresas. De ellas, el 53% correspondió a grandes empresas, 23,7% a medianas empresas, 16,6% a pequeñas empresas y 3,1% a microempresas. Por sector económico, lideró actividades no específicas, con casi la mitad de la utilización, le siguió comercio, con 10,85%, y actividades inmobiliarias, con 7,07%.

Pese a estos diversos argumentos que entregó el gobierno tanto en las comisiones de Hacienda y Trabajo, como en la sala de la Cámara, no logró convencer a los legisladores. A ello se sumó que las diversas exposiciones técnicas que hubo en esta primera parte de la tramitación apuntaron más a reformular el sistema, antes que a eliminar la franquicia.

Por lo mismo, el jefe de la billetera fiscal se abrió a reformular la propuesta, de modo de conseguir los votos necesarios ya en el Senado.

Para ello, mencionó que se tomarán en cuenta las propuestas de las diputadas Ximena Ossandón (RN) y Gael Yeomans (Frente Amplio). “Vamos a considerar las propuestas y vamos a volver sobre el tema. Creo que la discusión Sence ha permitido abrir las ventanas, que entre un poco de aire fresco, mirar cómo se están gastando los recursos. Hubo absoluto consenso”, afirmó el miércoles Quiroz.

La franquicia tributaria del Sence es un incentivo impositivo que se otorga a las empresas contribuyentes de Primera Categoría. Consiste en la posibilidad de descontar del impuesto a la renta que se paga anualmente, hasta el 1% de la planilla anual de remuneraciones de trabajadores, extrabajadores y potenciales trabajadores, por gastos incurridos en acciones de capacitación autorizadas por el Sence.

Pueden acceder las firmas que tengan una planilla anual de remuneraciones imponibles superior a 35 UTM y que tengan las cotizaciones previsionales pagadas.

Los planteamientos de Yeomans y Ossandón

En la propuesta de Gael Yeomans se plantea la creación de un Consejo Nacional de Capacitación, el que debiera tener injerencia en la definición de las políticas públicas de capacitación, considerando la participación de gremios empresariales y de trabajadores.

“Para ello, se establece que las políticas y acciones del sistema deberán fijarse anualmente por el Servicio Nacional de Capacitación, previo acuerdo del Consejo Nacional de Capacitación, considerando los antecedentes elaborados por los Consejos Regionales de Capacitación y las instancias sectoriales vinculadas al sistema”, dice la proposición.

La idea es que se fortalezca el carácter permanente y estratégico del Consejo Nacional de Capacitación, ampliando sus funciones hacia la construcción conjunta de la política nacional de capacitación, la formulación de lineamientos regionales y sectoriales, el apoyo a empresas de menor tamaño y la evaluación de pertinencia y calidad de los cursos financiados por el sistema.

Y busca la creación de un Fondo de Capacitación y Productividad con foco en las mipymes y que sea descentralizado. Esto, considerando la subutilización de la franquicia versus la necesidad de avanzar en más y mejor capacitación, así como la necesidad de romper las barreras de acceso de las mipymes.

Por su parte, el diseño que impulsa Ximena Ossandón considera que ese consejo de expertos tenga como función fijar una vez al año el listado de cursos de capacitación que podrían ser financiados por la franquicia tributaria.

También en la propuesta de la legisladora de RN se pone como marco que las firmas que ocupen la franquicia para la capacitación, deben atender las necesidades de sus trabajadores al respecto, en aquellas áreas que sean pertinentes a su desarrollo productivo.

Y además, baja el porcentaje que las empresas puedan descontar como gasto en capacitación, desde el 1% al 0,75%.

Ambas ideas están siendo analizadas por el gobierno, de cara a la discusión que comenzará la primera semana de junio en el Senado.

Visión de los expertos

Los expertos consultados por Pulso coinciden en que se debe modificar y no eliminar la franquicia tributaria. Ana Velásquez, socia de Eguiguren Abogados, menciona que “actualmente el foco de críticas al Sence está orientado a problemas de fiscalización y de medición de resultados. Por esto, me parece fundamental terminar con los cursos que no responden a una necesidad real de capacitación y que solo buscan aprovechar la franquicia tributaria".

El exasesor del Ministerio del Trabajo del gobierno de Boric y economista del estudio jurídico La Firma, Fidel Bennett, argumenta que “los problemas de fondo se centran en dos aspectos: los cursos de capacitación son poco pertinentes para lo que realmente requieren las empresas y no todos los actores pueden participar efectivamente de este beneficio tributario, entre ellos las empresas de menor tamaño y las regiones”.

Fernanda Villagra Latorre, directora de derecho laboral y nuevas tecnologías de Mendoza Luksic & Valencia Abogados, plantea que “la reforma debe abandonar la lógica de financiar cursos ‘comodín’ o de baja complejidad, y transformarse en una plataforma estratégica de reconversión laboral y capital humano tecnológico. Hoy enfrentamos una profunda paradoja: Chile destaca en conectividad digital, pero no cuenta con habilidades digitales laborales”.