En los últimos 15 años, la inversión de China en Chile acumula más de US$20 mil millones, de acuerdo a dos catastros estadounidenses de proyectos de inversión, uno realizado por The Dialogue-Leadership for the Americas y otro por el American Enterprise Institute.

El ya famoso proyecto de cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong le habría sumado otros US$500 millones. Pero las amenazas y represalias estadounidenses contra el anterior gobierno lo dejaron en veremos y al borde del naufragio. Aunque sería la nueva administración de José Antonio Kast la que podría ponerle la lápida, respondiendo a las preocupaciones de Washington por la seguridad regional ante la construcción de un enlace directo de telecomunicaciones con China, su némesis en la geoestrategia global.

Pero existen otras iniciativas chinas en camino en el país que también podrían levantar las cejas de los funcionarios del Departamento de Estado. Y su embajador, Brandon Judd, ha ido enviando pistas desde que tomó posesión de su cargo el 10 de noviembre de 2025, en relación a sectores considerados estratégicos por su país y donde la presencia china se observa como una amenaza para sus intereses.

Aunque se trataría de futuras inversiones. El foco norteamericano no estaría en lo ya invertido ni en los negocios ya realizados tanto por el Estado como por privados, creen expertos. A ojos de Washington, dicen, se vería como costo hundido en su estrategia de influencia regional.

El veloz avance chino: de CGE al cable

Aunque está por debajo de Estados Unidos, España y Canadá como fuentes históricas de inversión en Chile, países que acumulan un stock de inversión de más de US$30 mil millones cada uno, la relevancia del gigante asiático y hoy la segunda economía mundial ha ido en ascenso en las últimas décadas en el país. Y esto va más allá del comercio, donde China es sin duda el mayor socio, con un intercambio de US$65 mil millones en 2025, casi el doble de los US$33.900 millones con Estados Unidos.

La inversión china en Chile alcanzó su peak durante el segundo periodo presidencial de Sebastián Piñera (2018-2022), cuando acumuló más de US$16 mil millones. Gran parte de ellas fueron fruto de mega adquisiciones como la de la empresa estatal china State Grid, que tomó el control de dos de las mayores distribuidoras eléctricas del país (CGE y Chilquinta) y la del 24% de la minera de litio SQM por parte de la compañía privada Tianqi.

En ese momento se levantó una polémica política por esta ola de capitales chinos, que para la entonces oposición resultaba amenazante. Sin embargo, las autoridades de la época no levantaban preocupaciones e incluso las respaldaban: “Chile tiene una legislación e instituciones sumamente robustas, con reglas que rigen tanto para las empresas locales como para las foráneas. Este marco jurídico cautela el buen desarrollo de las distintas actividades económicas, las cuales están sujetas a nuestras regulaciones en defensa de los intereses de nuestro país”, decía el entonces ministro de Economía, Lucas Palacios.

Durante la gestión de Gabriel Boric, las cifras se redujeron pero no amainaron, sobre todo por el gran número de licitaciones públicas de infraestructura que se adjudicaron empresas chinas, especialmente la estatal China Railway Construction Corporation (CRCC). Esta se llevó, por ejemplo, las concesiones de los tramos Talca-Chillán y Chillán-Collipulli de la Ruta 5, las redes de nuevos hospitales en las regiones de O’higgins y el Maule, el tren Santiago-Batuco y el primer tramo de la Línea 7 del Metro de Santiago (contrato que terminó anticipadamente por una falla de su tuneladora que retrasó su avance).

Sin embargo, el anterior gobierno quería que China ampliara su inversión en otras áreas. Como dijo el propio expresidente Gabriel Boric en su visita a Pekín en mayo de 2025: “Es que nuestra relación se está expandiendo hacia áreas como las energías renovables, la electromovilidad, la innovación digital, que son sectores donde queremos dar un salto cualitativo a través de la cooperación que hoy día tenemos con China, pero sobre todo la que podemos tener”.

En aquella ocasión, Boric resaltó el hecho de que la empresa de tecnología y telecomunicaciones Huawei ya contara con tres data centers regionales en Chile, levantados entre 2019 y 2022, con inversiones cercanas a los US$100 millones cada uno.

El cable submarino Chile-China Express, impulsado desde 2017 por la en ese entonces filial del grupo Huawei, Huawei Marine Networks -que en 2021 fue vendida a la empresa Hengtong-, calzaba con la idea de estas inversiones en data centers, que se pensaban regionales para resguardar datos y para su eventual tránsito entre Sudamérica y China.

Pero al parecer este mismo cable, ahora impulsado por China Mobile, es un proyecto frustrado, si se siguen las palabras del embajador estadounidense, Brandon Judd, del pasado miércoles: “El cable chino ya acabó”. Judd explicó que la principal preocupación de su país está en el intercambio de inteligencia, por lo que sería fundamental contar con garantías de que los datos y la información compartida estuvieran debidamente resguardados. “Si Chile quiere ser socio de nosotros, y si nosotros queremos ser socios de Chile, tenemos que aprender lo que es mejor para ambos países”, agregó tras el cambio de mando.

Lo invertido, ya está

La estrategia económica de Chile durante los últimos 36 años ha estado basada en su apertura a la inversión en áreas tan disímiles como la minería, la agricultura o la industria.

“Chile es una jurisdicción que ha instalado una política de total apertura a la inversión extranjera en bienes y servicios, que es abierto al mundo, porque Chile es un país que requiere de inversión extranjera”, dice Mauricio Benítez, socio internacional de SW Consulting y profesor de la Usach.

Sin embargo, la guerra comercial y geoestratégica que llevan adelante tales potencias desde la primera administración de Donald Trump, y especialmente durante su actual gestión, han entrado a jugar otros intereses que podrían modificar esa historia. Y el cable chino no es el primer caso. Ya había ocurrido cuando en el gobierno de Sebastián Piñera se revirtió la licitación para la fabricación de cédulas de identidad y pasaportes, que había ganado la china Aisino, y finalmente fue adjudicada a la francesa Idemia.

Pero la preocupación geoestratégica de Estados Unidos no está sobre todas las inversiones chinas en América Latina, a la que sus propios funcionarios han llamado “su patio trasero”. Sino que se centraría en la que podría amenazar su seguridad o su influencia.

“La definición de Estados Unidos sobre estas inversiones chinas podría tener tres niveles: las que efectivamente podrían ver como una amenaza a su seguridad; las que podrían afectar la cadena de suministro de recursos críticos; y las que ven como competidores en su área de influencia”, comenta un asesor estratégico de empresas extranjeras.

Al hacer una evaluación rápida, hay dos áreas al menos que el propio embajador Judd ha dicho que son prioritarias en términos de amenaza a su seguridad: telecomunicaciones y puertos. De hecho, en una reunión ante el consejo de Sofofa de fines de enero, ratificó a los empresarios su interés estratégico en estos dos rubros, comentó un asistente.

Respecto a los recurso críticos, Estados Unidos ya dio una señal esta semana a Chile al suscribir una declaración para realizar consultas en aras de un acuerdo de seguridad de suministro, como lo hizo con Argentina, Perú y Ecuador, referido a minerales -como cobre, litio o cobalto- y tierras raras.

En esta línea, los expertos creen que si Chile tuviese un mecanismo de invest screening, es decir, un sistema de evaluación de inversiones extranjeras en áreas estratégicas para detectar eventuales riesgos a la seguridad, probablemente serían esos.

“Los sectores donde China podría invertir en Chile y que podrían ser sometidos a un invest screening, si este mecanismo existiese, serían minerales críticos, tecnología, cable submarino. Las preocupaciones de Estados Unidos dan luces y es lo que ha puesto en sus acuerdos internacionales”, cuenta Matías Pinto, socio de GeoGig Vonsulting y ex jefe del departamento económico de la Embajada de Chile en EE.UU.

Por eso, los rubros que podrían vincularse sólo a la influencia, donde la industria norteamericana podría ser fuerte y ve como competidora a la china, no debiera ser materia de dificultades. Por ejemplo, la alimenticia.

Ahora, más allá de las preocupaciones que pudiese manifestar Estados Unidos en algunos rubros, los especialistas creen que no habría posibilidad de revertir inversiones que ya están hechas, salvo que sus propios protagonistas renunciaran a ellas. Por ejemplo, el caso de Tianqi como accionista de SQM. O que les exigieran a empresas como Movistar, Wom y Claro a terminar los contratos de provisión de tecnología de telecomunicaciones que tienen con proveedores chinos: Movistar con la estatal ZTE y Wom y Claro, con Huawei.

“Forzar una salida de inversiones ya establecidas sería jurídica, política y económicamente muy costoso para Chile y, probablemente contraproducente. Sería un error profundo y no creo que ese sea el camino que debiera ni va a seguir el nuevo gobierno. La razón más obvia es que China es nuestro principal socio comercial. Las represalias ante una política así la pagarían nuestros exportadores, no los inversionistas chinos”, cree Pinto.

Tampoco serían incómodas para EE.UU. aquellas inversiones en energía eléctrica o en concesiones, puesto que están alojadas en Chile y no tienen repercusión internacional. “Se trata de casos donde se compromete su seguridad. Energía, por ejemplo, no”, comenta Benítez.

Lo que viene, sí

El interés de Estados Unidos, entonces, está en las inversiones que vienen en los rubros que ese país considera o amenazante o estratégico.

China no cuenta con grandes operaciones mineras en Chile, como ocurre, por ejemplo, en Perú, donde participa de minas como Las Bambas, Toromocho o Marcona, según un catastro de GEM Minería conocido esta semana. Y tampoco se ven proyectos en el corto plazo.

Sin embargo, ha habido inversionistas chinos que han tramitado pertenencias mineras y que desde hace 20 años vienen anunciando proyectos importantes.

El último fue China Kingstone Mining, que el año pasado anunció un proyecto de oro en la Región de los Ríos. Sin embargo, el metal dorado no está considerado como mineral crítico por Estados Unidos. Tampoco se considera el hierro. Y el único proyecto de cobre chino se anunció en 2008 y no avanzó (ver infografía).

Hubo dos anuncios de inversión china que podrían haber generado cierta inquietud en Washington, pero que los propios asiáticos congelaron: una planta de cátodos de litio para baterías de almacenamiento de energía de la china BYD, la principal rival de Tesla en la carrera de la electromovilidad, y una fábrica de baterías de litio de Tsingshan Holding.

Otra inversión que está en veremos es la probable toma de control de la empresa de transmisión eléctrica Transelec por parte de la estatal asiática Southern Power Grid, acompañada por el gestor de inversiones brasileño Patria Investments y el fondo soberano GIC de Singapur. Dado que también es una empresa eléctrica que solo atañe a Chile, y que además cuenta hoy con accionistas canadienses y, de concretarse la adquisición, por firmas de países cercanos, no debiese preocupar a Washington, según quienes saben de geoestrategia.

Donde el Departamento de Estado sí tiene puestos sus ojos es en la próxima licitación del proyecto de puerto exterior de San Antonio, pues los terminales marítimos sí son de preocupación máxima para la Casa Blanca. Y entre los participantes, hay dos chinos muy potentes: China Harbour Engineering Company Ltd. y China Railway Construction. Esta última es la empresa que se ha venido ganando todas las licitaciones de infraestructura en que ha participado pues sus ofertas son las más atractivas. Probablemente, la del puerto no sea la excepción.

“Especialmente sensible son los puertos y la logística estratégica. Ya se ha visto en el debate en torno al puerto de Chancay en Perú y en el Canal de Panamá. En estos casos ya no se trata solo de comercio, sino también del control de nodos logísticos críticos y de la proyección geopolítica que eso implica”, dice Pinto.

La estatal Empresa Portuaria San Antonio postergó hasta julio la recepción de las ofertas económicas, que originalmente estaba programada para el 6 de marzo. Ocurrió sólo cinco días después que se desatara la crisis diplomática por la aprobación y posterior anulación de un decreto que le permitía avanzar al proyecto de cable submarino y que provocó que Estados Unidos le revocara las visas a tres funcionarios chilenos, entre ellos el saliente ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. Ahora su sucesor, Louis de Grange, deberá resolver si los chinos participan o qué hacer si presentan la mejor oferta.

Y el otro ámbito observado es el astronómico, por los usos eventualmente militares que se le pudiesen dar a las instalaciones satelitales. Por ello, en noviembre de 2025 el gobierno chileno anunció la cancelación de un proyecto llamado Centro de Datos Astronómicos China-Chile en Santiago, producto de una colaboración entre la Academia de Ciencias de China, Huawei y la Universidad Técnica Federico Santa María, asociado al telescopio Alma, que se presentaba como de búsqueda de asteroides, pero que contaba con una tecnología de detección de satélites donde trabajaría un científico militar.