El proyecto de mercado de capitales IV entrega una señal positiva para la minería chilena: reconoce que la exploración temprana requiere instrumentos específicos. La exploración greenfield busca descubrir los yacimientos del futuro, pero supone alto riesgo, largos plazos y desembolsos significativos antes de generar ingresos. Por ello, rara vez accede al crédito tradicional y depende de capital dispuesto a asumir esa incertidumbre.

La propuesta crea un régimen para empresas de exploración minera que ingresen a un segmento junior de bolsa; permite que los inversionistas aprovechen gastos de exploración a los que renuncie la empresa, accedan a un crédito contra el impuesto global complementario por determinadas inversiones y obtengan un tratamiento favorable para el mayor valor de la venta de acciones. La lógica es transformar atributos tributarios que una exploradora sin ingresos probablemente no utilizaría en incentivos para quienes la financian.

El diseño puede reducir el costo del capital, ampliar la base de inversionistas y promover un mercado especializado en empresas junior.

Sin embargo, el avance es parcial. Si Chile aspira a convertirse en una plataforma competitiva para financiar proyectos mineros, no basta con mejorar el acceso a capital accionario; también debe avanzar en el tratamiento de mecanismos de financiamiento alternativos, especialmente los contratos de streaming y royalty.

Mediante un royalty, el financiador aporta recursos a cambio del derecho a recibir un porcentaje de la producción futura, de los ingresos o de otra variable vinculada al proyecto. En un streaming, entrega financiamiento anticipado y obtiene el derecho a comprar parte de la producción futura a un precio convenido. Ambos combinan financiamiento y participación económica, aunque distribuyen sus riesgos de manera diferente.

Estas fórmulas movilizan capital sin depender exclusivamente de deuda bancaria ni emitir necesariamente nuevas acciones. Son útiles cuando un proyecto tiene potencial geológico, pero aún carece de reservas, garantías o flujos para obtener crédito competitivo. Además, atraen inversionistas especializados, capaces de evaluar riesgos mineros y aceptar plazos prolongados de recuperación.

Pese a la relevancia mundial de su industria, Chile todavía no ofrece suficiente certeza para estructurar estos contratos. Su naturaleza híbrida plantea preguntas tributarias: si el aporte constituye deuda, anticipo por ventas, precio por un derecho o inversión; cuándo se reconoce el ingreso; cómo se tratan los pagos o entregas futuras; si existe retención respecto del financiador extranjero, etc. La falta de criterios claros eleva los costos de transacción y puede desplazar estas estructuras hacia otras jurisdicciones.

El éxito de un mercado minero no depende de un único incentivo, sino de reglas coherentes para cada etapa. El régimen greenfield aborda la captación de capital para la exploración mediante acciones de primera emisión. Los proyectos que avanzan hacia evaluación, desarrollo y producción requieren otras fuentes adaptadas a sus riesgos.

Por ello, el proyecto debiera iniciar una agenda más amplia. Junto con aprobar y reglamentar los incentivos para emisores junior, Chile debería otorgar certeza tributaria y regulatoria a los contratos de streaming y royalty, definiendo su caracterización y tratamiento sin forzarlos dentro de categorías tradicionales.

Promover la exploración es indispensable para renovar la cartera de proyectos y sostener el liderazgo minero del país. Pero descubrir yacimientos no basta. Se necesita un ecosistema capaz de financiar su tránsito desde una hipótesis geológica hasta una operación productiva. Mercado de capitales IV abre una puerta valiosa. El siguiente paso es incorporar las herramientas modernas de financiamiento minero.

*La autora de la columna es abogada y socia PwC