El ministro de Economía, Daniel Mas, analiza los principales temas que incluye el megaproyecto que desde esta semana se comenzará a tramitar en el Congreso. En este contexto, el titular de la cartera explica por qué habrá una norma para que el Estado compense el gasto que una empresa realizó al obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), si luego esta se revoca.

“Si se ha otorgado una RCA, por las mismas razones que se aprobó, no se puede revertir esa RCA. La primera aprobación es la que en nuestro sistema jurídico debería ser la definitiva, a menos que tenga causales judiciales de otro tipo, que son totalmente entendibles”, subrayó.

¿Qué tiene para la clase media este proyecto?

-El proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social tiene un componente de clase media bien relevante. Cuando pensamos en los incentivos de contratación formal, por ejemplo, ese incentivo va directo a la pyme, beneficiando a 150.000 pequeñas empresas con una cobertura de unos 4 millones de empleos que están directamente alineados con la clase media.

¿Esa es la medida para la clase media?

-Sin duda el crédito tributario al empleo es una de las políticas propuestas que beneficia muy fuerte a la clase media, pero si a esa medida se suman todas las propuestas que dan certeza regulatoria y tributaria, la contención del gasto y logramos hacer ese movimiento para que Chile pase de crecer 2% al 4%, es un paquete que en el todo va a favorecer a la clase media, sin duda.

Otro foco relevante es que se buscará dar certezas y agilizar los plazos de aprobación de proyectos. ¿Esos temas los liderará el Ministerio de Economía?

-En los 34 días que llevamos de gobierno, he tenido la oportunidad de juntarme con cientos de empresarios, compañías grandes, sindicatos, trabajadores, y todo el mundo lo que quiere es trabajo, un buen trabajo, porque hay un clamor porque haya condiciones claras de mediano y largo plazo, y que las cosas pasen a otra velocidad. Cuando miramos los permisos sectoriales, que se demoran entre 3 y 4 años, si pudiéramos acortarlos a un año o a un año y medio a través de la implementación de la Ley Marco de permisos sectoriales y si a aquello le podemos sumar estas modificaciones que estamos proponiendo desde la normativa medioambiental, la verdad es que empieza a ser muy potente el acortar plazos.

¿A qué apunta el reembolso de gastos incurridos en el desarrollo de un proyecto en el caso de anulación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA)?

-Esto va en la misma línea de las certezas. Los inversionistas necesitan certeza. Imagínese que, después de haber transitado todo un camino para que un proyecto de inversión mediano o grande logre tener una RCA, obtenida esa RCA, se judicializa por cualquier razón, y en esta instancia se determina que no puede continuar con el desarrollo del proyecto, claramente alguien se tiene que hacer responsable. Si el Estado dio la autorización de la RCA, es sumamente lógico que ese proyecto le pida al Estado que le reembolse todos los gastos a los que han llegado hasta ese momento.

¿Eso será para proyectos de todo monto?

-Sí, es para todos los proyectos que tengan una RCA aprobada y luego son paralizados por la justicia.

¿Le va a significar un gasto de recursos al Estado?

-Hoy en día ha habido 34 proyectos que, una vez otorgada la RCA, han sido judicializados. Sin duda que le va a costar al Estado. El Estado se tiene que hacer responsable de sus decisiones.

Pero en este caso hay dos órganos del Estado con decisiones distintas…

-La normativa ambiental es clara. Entonces, si se ha otorgado una RCA, por las mismas razones por las que se aprobó, no se puede revertir esa RCA. La primera aprobación es la que en nuestro sistema jurídico debería ser la definitiva, a menos que tenga causales judiciales de otro tipo, que son totalmente entendibles. Lo que estamos tratando es de dar certezas. Eso es lo que nos piden todos los inversionistas.

La oposición pidió que los ministros clarifiquen si hay conflicto de interés con las medidas que incluye este proyecto, ya que algunas, eventualmente, podrían beneficiar a integrantes del gabinete. ¿Lo cree pertinente?

-Todos los ministros y los que asumimos esta función pública hacemos una declaración de intereses. Esta es una reforma que apunta a poner de nuevo en movimiento a Chile. El 2% de crecimiento es un nivel de estancamiento y mediocridad que es inaceptable para las 850.000 personas que están sin empleo. Este es un proyecto para Chile. No entraría en esa discusión, es una cosa muy chica. Este es un proyecto que realmente mira en grande y mi invitación es a que todos tengamos esa mirada: el pensar en cambiarle la vida a los chilenos a través de un empleo digno.