MOP saca a Carlos Peña de arbitraje con autopistas por desestimar reclamación contra concesionarias

Foto: Mario Tellez/La Tercera




Un quiebre hubo entre el MOP y uno de los nombres que la propia autoridad propuso para integrar ‘las comisiones arbitrales de las autopistas urbanas Vespucio Norte y Sur, en la disputa que esa secretaría de Estado tiene con algunas concesionarias por discrepancias tarifarias. El pasado 29 de octubre, el ministerio dirigido por Alfredo Moreno sacó de la mesa al abogado Carlos Peña, quien junto al también abogado Juan Carlos Dörr, integraban la comisión conciliadora de Vespucio Norte. Peña además compartía mesa con el académico de la Universidad Católica, Rodrigo Díaz de Valdés, en Vespucio Sur. “Efectivamente, el MOP me comunicó su decisión de removerme en las concesiones Vespucio Norte y Sur, donde actuaba como árbitro por años, designado por el propio MOP”, corrobora Peña.

La decisión golpeó al sector, dado que la figura de Peña daba confianza respecto a su nivel de independencia. Sin embargo, fue esa misma independencia la que generó el quiebre, ya que el abogado y rector de la Universidad Diego Portales emitió un fallo donde su argumentación era contraria a la tesis que el MOP quería hacer prevalecer en el proceso.

Al ser consultados, en el ministerio indicaron que el MOP sustituyó cinco árbitros de su designación en los contratos de Intermodal La Cisterna, Estaciones de Transbordo del Transantiago, Ruta 5 Puerto Montt-Pargua, Vespucio Sur y Vespucio Norte. “En el caso puntual del abogado Carlos Peña, quien había sido designado por el Ministerio de Obras Públicas en la comisión arbitral de este último contrato, se estableció que fuera reemplazado por el abogado Max Letelier”. Agregaron que Peña sigue siendo árbitro designado por el MOP en la Concesión Ruta 5 Tramo Talca-Chillán, en la que actualmente existen dos arbitrajes.

Además, la cartera informó que el tercer miembro, que corresponde al presidente de la comisión, es nombrado en conjunto por las partes, es decir, la autoridad y la concesionaria. Y, en el caso de la comisión arbitral de Vespucio Norte, el MOP y la concesionaria acordaron hace algunas semanas designar al economista Vittorio Corbo como presidente.

La decisión del MOP preocupa al jurista por las consecuencias que puede generar para la figura del arbitraje, sobre todo en lo relacionado con la designación de los árbitros y la independencia que deben tener para resolver los conflictos entre la autoridad y los privados. “Lo que es grave en este asunto es que si ese punto de vista se extiende (el del MOP de remover a un árbitro que no comparte su opinión), la imparcialidad de este tipo de tribunales en los casos de concesión se verá dañada”, recalca Peña.

Recurso de queja

El conflicto con el abogado se gatilló con el recurso de queja que el propio ministerio -a través del Consejo de Defensa del Estado- presentó el pasado 12 de agosto ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de los jueces arbitrales Carlos Peña y Juan Carlos Dörr Zegers. El recurso nace ante la resolución que los abogados emitieron en el mes de julio, en la fase conciliatoria del proceso de arbitraje contra la autopista Vespucio Sur, donde Peña y Dörr acogieron de plano la falta de legislación activa y pusieron fin a la reclamación del MOP, declarándola, en definitiva, inadmisible. En la argumentación, los abogados indican que “la reclamación carece de sentido desde que lo que en ella se alega pudo establecerse directamente, sin perjuicio de las reclamaciones posteriores que pudiere interponer la afectada”.

La acción fue calificada por Obras Públicas como falta o abuso grave, lo que motivó la acción legal. Para la cartera, el fallo emitido por Peña y Dörr “se basa en un presupuesto erróneo, generando consecuencias perniciosas no solo en esa causa y en la causa iniciada con la reclamación presentada por la concesionaria ante la misma comisión conciliadora, el 15 de mayo de 2020, también en relación al sistema tarifario, sino también en el sistema de resolución de conflictos creado por el legislador para los contratos de concesiones de obras públicas en su integridad, por cuanto priva a una de las partes de un contrato de la posibilidad de acudir al órgano imparcial designado para la resolución de los conflictos que surjan en relación al contrato”. Esto, porque los expertos “asumen erradamente que todos los derechos e intereses que el contrato genera para el MOP podrían ser solucionados exclusivamente en sede administrativa de forma unilateral”, indica el CDE en la reclamación.

El martes último, Alfredo Moreno se refirió al avance de las comisiones arbitrales e indicó que, debido al coronavirus, el trabajo ha sido “un poco más difícil”. Sin embargo, añadió que “están funcionando y esperamos tener resultados en cada una de ellas”.

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