La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa. reiteró que una eventual eliminación de la Unidad de Fomento (UF) tendría efectos negativos para los consumidores, lo que en el caso de los créditos hipotecarios afectaría en especial a las familias de ingresos medios y bajos.

Costa expuso este martes en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados que analiza el proyecto, iniciado en moción parlamentaria y aprobado en general por dicha instancia, que busca eliminar la UF como sistema de reajustabilidad en créditos hipotecarios, contratos de arriendo, planes de salud y el sistema educacional.

En la ocasión la presidenta del Banco Central sostuvo que la Unidad de Fomento ha sido una herramienta importante para el desarrollo financiero y económico de Chile, permitiendo la expansión del crédito de largo plazo, la profundización del mercado de capitales y la gestión del riesgo de inflación para los oferentes de crédito y servicios y que su eliminación o restricción tendría efectos negativos, particularmente en los contratos de largo plazo.

Por lo mismo, indicó que es recomendable analizar separadamente cada mercado desde el punto de vista técnico, evaluando sus costos y beneficios agregados.

Agregó que los desafíos del financiamiento hacen indispensable mantener instrumentos que permitan a los oferentes de crédito y servicios gestionar el riesgo inflacionario de manera eficiente y confiable, siendo ello más importante cuanto mayor sea el plazo considerado en los contratos.

Señaló que se deben considera también los impactos que esto tendría en los contratos vigentes, de modo de no afectar su certeza jurídica. De lo contrario, dijo esto requeriría de la modificación de un número elevado de contratos. Añadió que se deben considerar también los costos operativos que podría implicar esta medida, como el ajuste de sistemas contables y de plataformas de facturación, lo que afectaría tanto a privados como al sector público.

Costa enfatizó que además “una política como esta no tendría impacto alguno sobre el control de la inflación y, por lo tanto, no afectaría la evolución del costo de la vida. Lo que si afecta el costo de la vida es una inflación baja y estable, que el Banco Central controla a través de su política monetaria”.

Hipotecarios

En el caso específico del mercado hipotecario indicó que podría verse afectado de forma importante con la eliminación de la UF limitando el acceso al crédito para las personas. Señaló que actualmente, más del 90% de los créditos hipotecarios en Chile están denominados en UF, lo que ha permitido ofrecer financiamiento a plazos de hasta 30 años, con tasas reales más bajas y cuotas estables en términos de poder adquisitivo.

Precisó que estos plazos son más comunes en economías avanzadas que en economías emergentes como la chilena.

Por tanto, dijo que eliminar la UF implicaría que los oferentes de crédito trasladen el riesgo inflacionario a primas por riesgo incluidas en las tasas fijas en pesos o al uso de tasas variables.

Los créditos expresados en UF, en cambio, no incorporan una prima por riesgo inflacionario. Así, la tasa en pesos implícita en estos contratos será en promedio menor que la de aquellos denominados directamente en pesos. De esta forma, aunque un crédito denominado en pesos podría reducir el riesgo inflacionario al que están expuestos los hogares durante su vigencia, aumentaría el costo de acceder a este, añadió.

Además, indicó que dado que los riesgos de inflación y de tasa real aumentan con la duración del crédito, es probable que los contratos en pesos tengan plazos más cortos, lo que a su vez, limitaría el acceso al crédito y la inclusión financiera ya que menores plazos exigen cuotas o dividendos más elevados.

A modo de ejemplo, dijo que si se consideran las condiciones de financiamiento promedio del año 2024, un crédito hipotecario en UF presentó una tasa interés real anual de 4,8% a un plazo de 25 años. Bajo estas condiciones, el dividendo mensual para la compra de una vivienda de 3000 UF es de $665 mil. En contraste, un crédito hipotecario en pesos tuvo una tasa de interés nominal anual de 8,2%, con plazo cercano a 15 años. Para un monto de 3000 UF, el dividendo mensual se acerca al $1.100.000.

Costa indicó que como alternativa a una tasa fija en pesos, los oferentes de crédito podrían optar por ofrecer contratos con tasa nominal variable, como ocurre en otros países que no cuentan con mecanismos similares a los créditos en UF. En estos casos, los hogares terminan asumiendo una mayor exposición al riesgo, ya que no solo deben enfrentar el riesgo inflacionario, sino que también el asociado a fluctuaciones en las tasas reales.

“No es difícil pensar que los impactos serían especialmente significativos para las familias de ingresos medios y bajos, que dependen de condiciones de financiamiento favorables para acceder a la vivienda propia”, afirmó.

Servicios

En cuanto a los servicios sostuvo que similarmente, limitar el uso de la UF en servicios como la educación, la salud o los arriendos podría traducirse en un aumento de los precios promedio y en una reducción de la duración de los contratos.

Por ello dijo que e importante que el análisis se haga cargo de los efectos particulares de cada mercado y en algunos casos específicos de la regulación que ya existe y de su coherencia con las referencias introducidas en el proyecto.

Así indicó que el costo de proveer un servicio por un período determinado, por ejemplo, un año, se ve afectado por la inflación a través del costo del crédito, los insumos y la mano de obra. Este costo se traspasa al usuario final, de la misma forma que cualquier otro costo de producción y en los contratos expresados en UF, los mayores costos derivados de la inflación se trasladan directamente al consumidor.

En cambio, dijo un contrato en pesos deja inicialmente este costo en el oferente, quien, al igual que en el caso de los créditos hipotecarios, lo traspasará al usuario final mediante distintos mecanismos o combinación de ellos.

En consecuencia, afirmó, la eliminación de la UF podría traducirse en precios promedio más altos para los servicios, así como en contratos de menor duración, lo que incrementaría los costos de transacción en la economía. Además, podrían surgir mecanismos de reajuste alternativos, como la indexación al IPC, o efectos adversos sobre la oferta de servicios. La magnitud de estos impactos dependerá en gran medida de las características de cada mercado y de los plazos involucrados.

Cobrar todo en UF

En la sesión el diputado socialista, Daniel Manouchehri, quien es uno de los autores de la moción que originó el proyecto, sostuvo que los mayores reparos apuntan a la conveniencia de usar la UF en contratos de corto plazo, y citó, a modo de ejemplo, el caso de la educación donde la mayoría de los contratos son pesos y son una excepción los indexados a la UF. Por tanto, le consultó a Costa cual sería la conveniencia o no de tener una economía altamente indexada, es decir, cual es el efecto para la economía si todo se cobrara en UF.

Al respecto Costa respondió “qué pasa en una economía indexada, la verdad es que el verdadero problema que hay detrás, tanto de la UF o de la necesidad de protegerse. como el problema que hay detrás de la indexación propiamente tal en las economías, es que son economías que no tienen una inflación baja y estable, si la inflación es baja y estable el riesgo inflacionario es bastante menor, porque en promedio la inflación se mantiene en un nivel de 3% por lo tanto ese riesgo inflacionario en periodos largos se va acotando y eso es relevante”.

Entonces añadió que “cuando surge esta discusión de la Unidad de Fomento el verdadero problema que hay detrás, lo que de verdad está generando un costo detrás de esto es la inflación, ese es realmente el elemento que está detrás y lo que hay detrás de tener o no tener la UF es reconocer que hay un costo en la producción que crece con un proceso inflacionario, que crece con la dificultad de proyectar la inflación y que es un costo más como lo son los insumos, como lo es el costo de contratar personas de comprar máquinas etc”.

En este sentido señaló que hay dos formas de traspasar ese costo: o se hace directamente, a través de un precio indexado, o se hace indirectamente por la vía de subir el precio que inicialmente se afecta para compensar por el riesgo que se va a asumir después y por la inflación que viene después, o si se trata de un contrato de mediano o largo plazo acortando los plazos contractuales debiendo renovar más seguido el contrato de manera de ir ajustando los riesgos involucrados o eventualmente restringiendo la oferta.

Así afirmó que cada mercado tiene su particularidad y que el oferente que está detrás tiene su particularidad, y que por lo tanto hay que hacerse cargo de las realidades de cada uno de los involucrados.