Un barco sin ancla ni timón es un barco a la deriva. En el barco de la política fiscal, el ancla se llama regla fiscal. El problema es que paulatinamente hemos ido perdiendo ese anclaje. No solo porque llevamos años con sistemáticos déficits estructurales -que se han exacerbado en este gobierno-, sino porque las metas de déficit estructural fijadas no se cumplen, debilitando la credibilidad de nuestra regla. En la discusión presupuestaria que se inicia es clave volver a anclar la política fiscal.

La regla fiscal chilena -inaugurada en 2001 y fortalecida institucionalmente en el tiempo- fue una innovación admirada internacionalmente. Su principio es tan simple como potente: el gasto se fija en función de los ingresos cíclicamente ajustados o estructurales -no de ingresos corrientes volátiles- en consistencia con una meta de balance estructural.

La adhesión estricta a la regla no solo permite suavizar y dar predictibilidad al gasto público, sino también mantener las cuentas ordenadas y una deuda acotada. En tiempos de “vacas gordas”, con ingresos corrientes extraordinarios, se gasta en función de los ingresos estructurales y se ahorra el exceso. En tiempos de “vacas flacas”, se sigue gastando en base a los ingresos estructurales y se usan los ahorros. A lo largo del tiempo, esto implica que el endeudamiento neto (deuda bruta menos ahorros) tiende a cero.

Así ocurrió al principio. Pero desde la crisis subprime de 2008 acumulamos déficits estructurales sistemáticos que han derivado en aumento de la deuda para financiarlos. Incluso en años normales (sin crisis, pandemia o terremoto), hemos tenido déficit el 85% del tiempo. Y la cuantía también ha empeorado: si entre 2010 y 2019 el déficit estructural promedio anual fue del 1% del PIB, en el actual gobierno, sin mediar crisis, se habrá duplicado al 2% del PIB. Una diferencia que significa un mayor gasto acumulado por unos US$ 14.000 millones. Tanto o más preocupante es que en los últimos tres años se han sucedido desviaciones muy significativas de las metas fiscales autoimpuestas. Ello erosiona la credibilidad de la regla y el anclaje fiscal.

Algunos sostienen que podemos seguir endeudándonos. Es decir, seguir arrastrando déficits fiscales permanentes. Eso no es responsable. En quince años, nuestra deuda pública pasó del 9% del PIB al 43%, muy cerca del límite prudente del 45% señalado por el CFA. Como consecuencia, hoy destinamos cerca de US$ 4.500 millones anuales solo a intereses, lo que equivale a dos tercios del gasto en PGU o a más de 200 mil subsidios habitacionales DS1. Además, cruzar ese límite prudente y seguir aumentando la deuda comprometería nuestra clasificación crediticia y elevaría la prima de riesgo, encareciendo el financiamiento para toda la economía.

Recuperar la credibilidad de la regla y ordenar las finanzas públicas debe ser una prioridad país. La responsabilidad fiscal no es de izquierda ni de derecha: es simplemente responsabilidad. Y esta -no lo perdamos de vista- es lo que hace posible una política social sostenible. La responsabilidad fiscal es responsabilidad social.

Por eso, el eje central de la discusión presupuestaria debe ser velar por el cumplimiento de la meta de déficit estructural del 1,1% del PIB en 2026. No hay espacio para volver a fallar. Es cierto que el crecimiento real del presupuesto del 1,7% planteado por el gobierno es bajo en términos históricos, pero la pregunta relevante no es esa, sino cuál es el nivel de gasto compatible con la meta fiscal. En los últimos presupuestos el gasto tampoco creció desmedidamente, pero terminamos con sendos déficits estructurales. ¿La razón? Una sobreestimación de ingresos efectivos y estructurales. Cualquiera sea la tasa de crecimiento del presupuesto, el problema de fondo es comprometer gasto contra ingresos que nunca llegan.

En este contexto, es clave evitar que se repitan esas sobreestimaciones. Al respecto, el Ejecutivo proyecta US$ 3.100 millones extra respecto a lo estimado hace tres meses. Es cierto que han mejorado levemente los parámetros estructurales (PIB tendencial y cobre), sin embargo, el riesgo de sobreestimación de la base, y con ello, los ingresos, subsiste. De verificarse, el gasto debería crecer menos que 1,7%.

Para retomar el timón y volver a anclar nuestra política fiscal no hay alternativa: debemos adecuar el gasto a los ingresos estructurales que realmente tenemos, no a los que soñamos tener. Y es que parte fundamental del problema ha sido precisamente comprometer gasto contra ingresos ilusorios que después no se materializan y terminan siendo deuda.

Ante la estrechez fiscal y el déficit crónico, anclar la política fiscal hace indispensable también que la discusión presupuestaria abra un camino de ajuste fiscal que incorpore las recomendaciones de reducción y eficiencia del gasto propuestas por la Comisión Asesora de Gasto Público y centros de estudio. Es también una ocasión para que los candidatos presidenciales, a través de sus parlamentarios, planteen sus propuestas de ajuste.

Si las tuvieren.