Una sesión clave para el futuro del proyecto de fraccionamiento pesquero se vivirá la tarde de este martes, cuando la comisión mixta que lo tramita se reúna nuevamente para zanjar los puntos pendientes de la iniciativa.

Los diez integrantes de la instancia están citados desde las 15.00 y hasta las 16.00 horas en la sala 11 del Senado, para discutir la falta de financiamiento fiscal que significó el rechazo de la comisión al mecanismo de licitación planteado por el Ejecutivo, que buscaba generar un sistema de subastas para la cuota adicional de jurel de 25% que extraordinariamente entregó la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (ORP-PS) para Chile este año.

El revés que vivió el Ejecutivo en materia fiscal genera preocupación, en medio del escenario de estrechez presupuestaria.

“Es una situación que nos preocupa porque justamente lo que hemos estado planteando de manera más amplia es que en la medida que hay estrechez en las finanzas públicas, tenemos que aprovechar los procesos legislativos para ir avanzando en generar algo más de espacio fiscal”, dijo este lunes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recordando que el mecanismo de licitación generaba “del orden de US$26 millones de ingresos”, cifra que, planteó, “es un vacío que es importante llenar”.

Desde el Ejecutivo aseguran tener “varios planes” para presentar a la comisión. Entre ellos, se evalúa la propuesta realizada por el diputado Leonidas Romero (Partido Nacional Libertario), que busca gravar las cuotas de jurel que son cedidas por otros países, en favor de empresas chilenas.

Sin embargo, dicha medida no sería suficiente para compensar la menor recaudación fiscal que genera el proyecto, ya que generaría ingresos por cerca de US$15 millones anuales.

Polémica de la merluza

Otro de los puntos que marcará la sesión será la posible reapertura del debate en torno a la distribución de la cuota de merluza, punto que suscitó una ardua polémica para el gobierno tras el reconocimiento de que hubo datos incorrectos en el debate y votación que dictaminaron los parlamentarios de la comisión mixta, entregando un 52% de la cuota al sector artesanal y un 48% al industrial.

Pese a que el subsecretario de Pesca, Julio Salas, estaba citado este lunes para participar en la comisión del ramo de la Cámara de Diputados -en el marco del proyecto pesquero original-, el titular de la subsecretaría no asistió, excusándose en “compromisos programados con antelación”. En su reemplazo asistieron Javier Rivera, en su calidad de subsecretario de Pesca (S), y Rocío Parra, jefa de la división jurídica de la entidad.

Rivera fue, así, el encargado de reconocer en público el error en las cifras comentadas hace una semana por la comisión mixta. En esa línea, reiteró que la cifra de consumo de la cuota industrial presentada por Salas en la ocasión fue un dato desactualizado y falso.

“Se presentó un dato, en una tabla, que estaba desactualizado, que correspondía a septiembre del año 2024, dando a entender que era un dato correspondiente a diciembre del 2024”, indicó, enfatizando que “corresponde asumir la responsabilidad del equipo técnico del gabinete de la subsecretaría, y esto, también quiero dejar claridad. que es una responsabilidad del equipo técnico del gabinete del subsecretario y no corresponde a un dato de los equipos técnicos de la subsecretaría en su conjunto”.

Más allá del dato puntual, Rivera también buscó dar una perspectiva mayor del desempeño de captura del jurel por parte del sector industrial. Al respecto, el profesional hizo un repaso histórico del promedio de desembarques de ambos sectores para dicha pesquería. “Particularmente, si uno toma en consideración desde el año 2011 hasta el 2023, el porcentaje promedio de desembarque del sector artesanal corresponde a un 75% y del sector industrial a un 93%”, indicó.

La entrega de información de la entidad se da en medio de los requerimientos públicos a reabrir la discusión para el fraccionamiento de la merluza. Desde Pacific Blu, firma pesquera de Talcahuano ligada a Blumar y que anunció el cierre de sus operaciones a partir de enero de 2026 debido a la reducción de la cuota industrial, han hecho un explícito llamado en esa línea. Una idea que además comparte el Ejecutivo, pero que requiere de la unanimidad de la comisión mixta.